El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que existen motivos para juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller, y tres de sus colaboradores, entre ellos uno de sus hijos, por defraudar presuntamente 72 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.
Así consta en un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, decisión equivalente al procesamiento, y da un plazo de veinte días a la Fiscalía y el resto de partes personadas en el proceso para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.
Precisamente el Grupo Damm es el segundo mayor accionista de Pescanova, con un 6,2% de su capital, y ha propuesto un nuevo presidente para suceder al imputado Manuel Fernández Sousa en la pesquera.
Además de Demetrio Carceller Coll, al que se atribuye desde los años noventa "una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España", el juez dirige la acción penal contra su hijo,Demetrio Carceller Arce; el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen; y su "hombre de confianza",José Luis Serrano Flórez.
Ruz señala que, a pesar de que su domicilio estaba en Madrid y Galapagar, el empresario llevó a cabo maniobras para "ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española" mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales y la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también controlaba, informa Europa Press.
En concreto, el juez detalla que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.
Excluyendo los ejercicios en los que el delito fiscal habría prescrito, el auto señala que se habrían defraudado las cuotas de IRPF entre los años 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006. En todo caso, estas cuantías superarían el límite de 120.000 euros a partir del cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.
El magistrado también detalla que el abogado Pretus Labayen se encargó de "articular todas las sociedades" utilizadas por el entramado societario y planificar la simulación de su residencia en Portugal y Reino Unido; Serrano Flórez le aportó la "información y documentación necesaria" para este fin; y Carceller Arce participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones que tiene en Arizona (Estados Unidos).
Entre las actividades de ocultación que habría realizado Carceller se encuentran la de la titularidad de "importantes paquetes accionariales" de la empresa Atlántica Petrogas y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa. Además, la Agencia Tributaria denunció que su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico se colocó detrás de una estructura societario con entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).
Finalmente, los inspectores de Hacienda trasladaron al juez que Carceller creó "un entramado societario extranjero" a través del cual se ocultó la titularidad real de Carceller de paquetes accionariales en siete sociedades agrarias del sur de España.