Uno de los objetivos que mantiene la Fiscalía de Andorra en sus pesquisas sobre Banca Privada de Andorra (BPA) es Petróleos de Venezuela y el empresario Diego Salazar, sospechoso de blanqueo de capitales millonarios a través de la entidad andorrana.
Según publica este lunes el diario ABC, precisamente BPA contrató a Baltasar Garzón a finales de 2012 para tratar de desbloquear las cuentas de Salazar -intervenidas para investigarlas por blanqueo-. Este magnate venezolano se hizo millonario gracias a los negocios que abrigó la nacionalizada Petróleos de Venezuela, empresa que dirigió su primo hermano Rafael Ramírez Carreño, hoy embajador venezolano en la ONU. A primeros de 2012 Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por las escuchas ilegales en el caso Gürtel.
Las grabaciones autorizadas por la Audiencia Nacional de diciembre de 2012 hablan de "cientos de millones de euros" que el magnate venezolano habría lavado. En estas conversaciones grabadas aparece en varias ocasiones el nombre del magistrado español Baltasar Garzón. En una de ellas, el gestor de BPA, Pablo Laplana, le dice a Luis Mariano, encargado de las cuentas de Salazar en BPA, que han "contratado a Garzón para que ataque". Se refieren a la intención de que el magistrado se oponga a la decisión de las autoridades judiciales de bloquear las cuentas de Salazar.
En otro momento de las conversaciones, a las que ha tenido acceso ABC, dicen que deben usar a Garzón para hablar sobre cómo "utilizar influencias favorables a los intereses de Diego Salazar". También hablan del magistrado español en otro momento en el que corroboran que el recurso de Salazar lo lleva "el Juez Garzón".
En la última de las grabaciones en las que se escucha el nombre de Garzón es en la que se habla del posible sobreseimiento del caso. En ese momento se destaca que el abogado de Salazar, según los datos de la investigación, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, había enviado un borrador de escrito a Garzón para que éste lo estudiara, sobre la posibilidad de emprender acciones penales por abuso de poder contra las autoridades andorranas.
Todas las maniobras legales obtuvieron su resultado diez meses después, cuando el Tribunal del Corts del Principado, en contra del criterio de la Fiscalía, al Unidad de Delitos Financieros de EEUU y del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), autorizaba a Salazar y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de los casi 200 millones de dólares bloqueados en una de sus cuentas.