Los próximos meses estarán signados por el proceso de renegociación de la deuda argentina, con el FMI y otros organismos internacionales. El 9 de septiembre el gobierno argentino tiene que pagar 2.700 millones de dólares al Fondo, cosa imposible si no se llega a un acuerdo para, precisamente, no pagar. El 23 de Septiembre, el gobierno argentino tiene previsto presentar su propuesta de reestructuración de la deuda a los acreedores privados, tenedores de bonos en muchos países del mundo.
¿Podemos esperar alguna consecuencia positiva de este proceso? La historia la conocemos: sucesivos gobiernos tuvieron en común su incapacidad para contener el gasto público, acudieron al endeudamiento hasta que se agotó, igual que la capacidad de pago, y caímos en la suspensión de pago, aquí llamada default.
¿Generará el actual proceso de reestructuración de la deuda un escenario renovado? La verdad es que no parece probable. Por el lado del gobierno, si bien existe en su mensaje una cierta mención a la solidez de las instituciones y se han tomado ciertas medidas para renovar a algunos de sus componentes, no se piensa en reformar la institución que más urgentemente necesita ser reformado en la Argentina: el mismo Estado.
Se cambia a uno u otro miembro de ciertos organismos como la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, y otras, pero en ninguno de estos casos se piensa en una "reestructuración del organismo" para hacerlo más eficiente o incluso cerrarlo. Es decir, la tan hablada pero nunca realizada "reforma del estado", que sucesivos gobiernos han prometido nunca se ha hecho.
Por otro lado, en la negociación con el FMI, las cosas no andan mejor. En un reciente informe del FMI si bien se menciona la importancia de reformas legales e institucionales y se señala correctamente que las medidas tomadas en los últimos dos años han generado una grave inestabilidad jurídica e incertidumbre legal (recordemos la devaluación pese a la convertibilidad, el corralito y el corralón pese a la intangibilidad de los depósitos, la pesificación asimétrica pese a tratarse de contratos entre particulares; el congelamiento de las tarifas de servicios públicos pese a los contratos de concesiones en vigencia; las investigaciones bajo la ley de subversión económica), los objetivos que se asignan a su mejora distan de ser apropiados.
Se dice que "trabajar cerca de la comunidad internacional, incluso a través de la implementación de un programa económico acordado, proporcionará a la Argentina el capital necesario, mientras se allana el terreno para un rápido retorno a los mercados de crédito privado". Pero una cosa es la inversión extranjera que genera trabajo y producción y otra muy distinta es regenerar la capacidad del gobierno para volver a endeudarse. Con todos los sufrimientos que ha significado para los argentinos el default, una ventaja al menos es que nadie más quiera prestarnos y, por lo tanto, los políticos argentinos no puedan volver a endeudarse.
Por otro lado el Fondo mantiene que "un ajuste fiscal y una reestructuración de la deuda pública son necesarios para ubicar a las finanzas argentinas en un sendero sustentable", pero recomienda hacer una reforma impositiva "para elevar la relación ingresos/PIB, que es muy baja en relación con los estándares internacionales. El gasto público ya está muy comprimido y probablemente no se pueda sostener en los niveles actuales".
Luego de tantas visitas a Argentina, ¿no han visitado los burócratas del FMI la Imprenta del Congreso?, ¿no han leído acerca de los cientos de delegados gremiales que cobran y no trabajan en la obra social de los jubilados?, ¿no se han enterado que entre octubre del 2001 y octubre del 2002, cuando el desempleo en el sector privado se disparó, el empleo en el sector público aumentó 5,7%? ¿No realiza el Fondo ninguna comparación de estándares internacionales en relación a la calidad del gasto que estamos pagando? La relación ingresos fiscales/PIB puede ser un poco más baja que en otros países, pero los contribuyentes argentinos reciben poco o nada a cambio: la seguridad no funciona, las escuelas no funcionan, los hospitales no funcionan. Si sumamos todos los servicios que los argentinos tienen que pagar dos veces, una vía impuestos y otra en el sector privado, entonces resulta que la presión es una de las más altas del mundo. El Fondo, sin embargo, no mira eso.
Martín Krause es profesor de Economía y corresponsal de la agencia © AIPE
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