El Gobierno acaba de introducir al sistema público de pensiones en un terreno pantanoso del que su viabilidad futura puede salir mal parada. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados ha derogado, con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP, el artículo de la ley que impedía a las Comunidades Autónomas complementar las pensiones no contributivas, que fue introducido en 2003 por el Gobierno de José María Aznar para atajar las pretensiones en este sentido de Cataluña y Andalucía. A partir de ahora, los Ejecutivos regionales vuelven a tener capacidad plena para actuar a sus anchas en esta cuestión, incluso con fines políticos, como fue el caso de Andalucía para tratar de desgastar al Gabinete del Partido Popular.
Toda sociedad tiene la obligación moral de ayudar a los más desfavorecidos. Este es uno de los pilares sobre los que se sustenta la cohesión social y forma parte importante del acervo cultural de Europa. Pero una cosa es el principio y otra muy distinta los medios para llevarlo a cabo. Desde esta óptica, es un grave error que el Gobierno de Zapatero haya aceptado respaldar la propuesta de Convergencia i Uniò para que las Autonomías puedan diseñar sus propias políticas en este campo porque, de entrada, abre las puertas a la repetición nuevamente de los episodios de utilización de las pensiones como arma arrojadiza en la contienda política entre partidos, como ocurrió con Andalucía, cuando las pensiones es un tema tan delicado que debe quedar al margen de esta cuestión. Los partidos firmantes del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones así lo entendieron; ese mismo espíritu debería trasladarse a la cuestión de las prestaciones no contributivas para convertirlo en un asunto de Estado, que esté por encima de las vicisitudes de la vida política. Por desgracia, hoy parece que esto no es posible.
Actualmente, el sistema público de pensiones es viable porque las medidas adoptadas para su reforma bajo el paraguas del Pacto de Toledo han introducido dosis de racionalidad en el mismo, pero, sobre todo, porque la política económica desplegada en los ocho años del Partido Popular en el poder dio como resultado la creación de más de cinco millones de nuevos ocupados, como trabajadores o como empresarios, durante el periodo 1996-2004. Sus cotizaciones a la Seguridad Social constituyen el elemento que explica el paso de una situación de déficit crónico y creciente a un superávit que aleja en el tiempo el momento de la quiebra financiera del modelo. Sin embargo, estas perspectivas favorables pueden quebrar si las Comunidades Autónomas se embarcan en una carrera para ser el campeón de las pensiones más altas que lleve a los ciudadanos a pedir al Estado que haga lo mismo. Cuando el presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, se embarcó en esta estrategia de subida de las pensiones mínimas en 1999 buscaba eso precisamente: forzar al Gobierno central a hacer lo mismo o, en caso contrario, dejarlo en evidencia para tratar de esta manera de ganar votos para su partido en las elecciones generales del 2000. Hoy, el Ejecutivo de Zapatero ha rearmado a sus correligionarios autonómicos y a los nacionalistas con los mismos instrumentos que, utilizados de manera equivocada, pueden crear nuevos problemas para la sostenibilidad del sistema público de pensiones cuando, de hecho, su reforma no ha concluido todavía, como recuerda lo establecido en el Pacto de Toledo y como advierten una y otra vez la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Suponer responsabilidad a los políticos en el ejercicio del poder es algo que, en casos como Andalucía y puede que la Cataluña del tripartito, se antoja cuando menos como un ejercicio de enorme generosidad. Chaves embarcó a la Autonomía que preside en una política alocada de gasto en pensiones no contributivas precisamente cuando su Comunidad Autónoma es de las más endeudas y de las que tiene problemas financieros más serios. Con la Cataluña de Maragall y Carod Rovira no sólo ocurre lo mismo, sino que el deterioro de sus cuentas públicas ha llegado a tales niveles que han sido ellos los que han tenido que pedir al Gobierno de Zapatero una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva los problemas que se han creado las propias Comunidades Autónomas. Embarcarse ahora en una estrategia de subida de las pensiones no contributivas es echar más leña a un fuego que hay que apagar en vez de avivar.
Por otra parte, si las Autonomías se lanzan a partir de ahora a aprobar sus propias políticas de pensiones no contributivas pueden dar lugar a movimientos de gente en busca de las mejores prestaciones, creando un problema social, pero también a la salida de empresas si esas políticas sociales se financian con impuestos que supongan costes añadidos para las compañías. Esta subida de la presión fiscal que soportan podría constituir una nueva invitación a la salida de las empresas hacia otras regiones con una fiscalidad más benigna o, directamente, a otros países donde los costes laborales son sensiblemente inferiores. Esto es algo que no debe olvidar ningún Ejecutivo autonómico y una posibilidad a la que el Gobierno de Zapatero jamás debería haber abierto la puerta en unos momentos en los que la deslocalización de empresas está a la orden del día.
