El ministro de Industria, José Montilla, acaba de afirmar que España no puede renunciar a la energía nuclear porque, sin ella, nuestro país es incapaz de garantizar el suministro eléctrico. Lo dicho por Montilla constituye, sin lugar a dudas, una de las cosas más sensatas expresadas por el Gobierno del PSOE en lo que llevamos de legislatura, aunque sea a costa de contradecir la promesa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de acabar con la energía nuclear en 20 años. Lo malo es que la continuación de las palabras del titular de Industria no se encuentra a la misma altura.
La energía nuclear tiene bastante mala fama entre la población, entre otras razones por toda la demagogia al respecto realizada por la izquierda desde que se reinstauró la democracia, aunque también hay que decir que plantea un problema real: el de qué hacer con los residuos radiactivos. No obstante, España tiene que asumir varias realidades al respecto. La primera de ellas es que si el rechazo al átomo viene motivado por el temor a lo que podría suceder en caso de que una central fallase, se debe tener siempre presente que la mayor parte de las centrales nucleares francesas se encuentran muy próximas a la frontera española, con lo cual, y de darse esta circunstancia en nuestro vecino del otro lado de los Pirineos, nosotros también sufriríamos las consecuencias aunque hubiésemos echado el cerrojo a todas nuestras centrales.
La segunda realidad es que España, como toda Europa, hoy por hoy no es autosuficiente en materia de energía, sino que depende, y mucho más que los demás países de la Unión Europea, de las importaciones de petróleo y gas natural para garantizar el suministro eléctrico. La energía hidroeléctrica no es una opción viable porque en nuestro país no hay agua suficiente como para abastecer de electricidad a toda la población y a todas las industrias y, además, cubrir las demás necesidades relacionadas con el agua. Y las energías renovables, aunque son muy limpias, todavía no se han desarrollado desde el punto de vista técnico lo suficiente para conseguir que sean más baratas y que aporten una buena parte de la electricidad que consume el país. En consecuencia, esta opción tampoco resulta viable.
Ante este estado de cosas, España no tiene más que dos caminos para eludir en el futuro problemas de abastecimiento energético. El primero es seguir transitando por la senda actual, esto es, la de la importación masiva de petróleo y gas natural, con el consiguiente deterioro para nuestro sector exterior. Pero esta opción, que ha sido viable durante todo el siglo XX, hoy lo resulta cada vez menos. Los yacimientos de gas y de crudo se encuentran, en su mayor parte, en países muy inestables en los que, en cualquier momento, pueden ocurrir acontecimientos de importancia geopolítica internacional que afecten al suministro al resto del mundo de petróleo y gas. No olvidemos que en Iraq se han producido varios atentados contra oleoductos, cuando las teorías imperantes hasta finales del pasado siglo decían que nunca nadie atentaría contra la infraestructura de extracción y transporte de crudo porque eso iba en contra hasta de los intereses de quien cometiera esos atentados; eso no parece importarle mucho a Al Qaeda, a la resistencia iraquí o a los fundamentalistas islámicos. Ni tampoco que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está tratando de cartelizar la producción de crudo de su país, Brasil y Argentina para, a través de ello, apretar las tuercas a Estados Unidos y sus aliados. Desde el punto de vista geopolítico, por tanto, el abastecimiento energético de Europa dista mucho de estar garantizado.
Además, están apareciendo los primeros síntomas de un posible agotamiento de las reservas de petróleo. Los expertos en economía de los recursos energéticos empiezan a advertir de que los nuevos yacimientos de crudo que se están descubriendo no bastan para reemplazar al cien por cien la producción de aquellos otros que se están agotando. Por ello, hablan de que la curva del petróleo podría haber entrado en su fase descendente, después de haberse alcanzado el máximo de producción mundial en la década de los noventa. Sus estimaciones, a partir de las reservas conocidas actualmente, sugieren que queda oro negro para otros treinta años, aproximadamente. Por este motivo, desde diversos organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, se pide a los países que no tomen medidas para compensar el alza del precio del petróleo, ya que la mejor forma de racionalizar su consumo, dado el panorama actual, es, precisamente, que el crudo sea caro. De todas formas, y sin pecar de optimista, hay que tener en cuenta que este tipo de previsiones fatales sobre el agotamiento de los recursos naturales y energéticos ya han fallado de manera ostentosa en el pasado, bien por los avances tecnológicos, bien porque, al final, se han encontrado nuevos yacimientos, aunque eso tampoco debe cegarnos ante la realidad que describen los expertos.
Este escenario es de sobra conocido por los líderes mundiales. Por eso, cuando Loyola de Palacio fue comisaria europea de Energía insistió una y otra vez en la necesidad de que la Unión Europea se replantee el rechazo a la energía nuclear y piense en ella. Algunos países, de hecho, están volviendo al átomo. Finlandia, por ejemplo, una nación en la que la conciencia medioambiental es muy fuerte, abrió a finales de la década una quinta central nuclear, una decisión que le costó las elecciones al partido en el poder, pero que tomó sabiendo el precio que tendría que pagar por ello porque, en el estado actual de las cosas, era lo mejor para el país. Su sucesor en el poder no rectificó está decisión. España, probablemente, debería seguir su ejemplo porque nuestra dependencia energética del exterior es mucho más fuerte que la de los finlandeses. Sin embargo, el Gobierno, aunque a través de Montilla ha cambiado su mensaje de cierre de las centrales nucleares en veinte años por el de reducción paulatina del peso del átomo en el total de energía, sigue empeñado en su apuesta por los ciclos combinados y las energías renovables. Puede ser un error.
