Decía recientemente la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, la socialista Maite Costa, que la CNE no iba a constituir un nuevo campo de batalla en el caso Endesa. Con ello parece querer expresar que la CNE actuará como debería hacerlo el regulador del sector energético. Sin embargo, lo cierto es que, a partir de ahora, al supervisor le toca desempeñar todo un papelón en este culebrón cuyo fin aún no se adivina, por mucho que algunos pretendan lo contrario, ya que lo que decida la Comisión va a marcar de forma profunda el futuro de la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa.
Lo primero que tiene que hacer la CNE es autorizar a Enel a aumentar su participación en Endesa hasta el 24,9%. Resulta que el ponente del informe sobre este asunto es uno de los vocales designados por el PP, concretamente, Jorge Sierra. Pues bien, resulta que Sierra, en su dictamen, propone aplicar a Endesa las mismas cláusulas que tiene el Gobierno italiano en Enel, pero, en este caso, a favor del Ejecutivo español. Así, recomienda que se imponga la eliminación de la cláusula por la que Gobierno italiano puede nombrar a dos tercios de los consejeros de la eléctrica, así como limitar al 3% los derechos políticos para inversores foráneos. Pero no contento con eso, Sierra recoge el argumento esgrimido por Zapatero y los suyos contra E.On en el sentido de garantizar la españolidad de Endesa y conmina al Ejecutivo a que la SEPI incremente su participación en la eléctrica o, al menos, sus derechos políticos.
Sin duda, semejantes condiciones, de aprobarse, supondrían un duro golpe para las aspiraciones de Enel que podría llevar a los italianos a hacerles desistir de sus pretensiones. En este punto, muchos de ustedes pensarán que la CNE, visto su comportamiento, nunca haría semejante cosa. Pero resulta que entre los consejeros socialistas hay dos, Luis Albentosa y un Jordi Fabra enfrentando abiertamente con Maite Costa, que podrían sumar su voto a los consejeros del PP, creando de esta forma un problema a Enel y, dicho sea de paso, otro más a Zapatero y su equipo.
Suponiendo que, al final, ni Albentosa ni Fabra voten a favor de la propuesta de Sierra, y se autorice a Enel a incrementar su participación en Endesa hasta el 24,9%, luego queda el análisis de la OPA en sí misma en cuanto el tándem Enel-Acciona presente el folleto y las condiciones de la misma. En buena lógica, la CNE tendría que imponer a este dúo las mismas condiciones que en su momento estableció para E.On, si no más duras, ya que Acciona es parte del sector de energías renovables español. De lo contrario, el escándalo estaría nuevamente servido y España, después de los comentarios que están dirigiendo contra Zapatero y contra nuestro país medios tan prestigiosos como Financial Times o The Economist, no se puede permitir semejante lujo. ¿Qué hará aquí la CNE? ¿Se plegará nuevamente a las decisiones del Gobierno o, después del ejemplo que ha dado Manuel Conthe, entenderá que cuando chocan los intereses de la política industrial del Ejecutivo con los que tiene que defender la Comisión deben primar estos segundos?
Conthe, en este sentido, y en cierto modo, ha puesto a Maite Costa en el ojo del huracán. Pero si se da por bueno lo que dijo la presidenta de la CNE acerca de que la Comisión no iba a convertirse en un nuevo campo de batalla, debe suponerse que las condiciones que imponga a la OPA de Enel-Acciona serán similares, y con el mismo espíritu, que las que estableció para E.On. Y aquí viene un nuevo problema puesto que esas condiciones suponían fuertes desinversiones en Endesa que reducían su valor y su capacidad para generar ingresos con los que afrontar las fuertes deudas que implican la entrada de la eléctrica italiana y la constructora de los Entrecanales en el capital de la compañía española, así como las que se deriven de la OPA en sí misma, una oferta cuyo precio es elevado.
Además, en caso de que Enel y Acciona tengan que efectuar desinversiones en Endesa, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso? Algunos pensarán que esas densiversiones serán los activos que el dúo se comprometió a vender a E.On a cambio de la retirada de los alemanes, pero eso supondría una especie de asistencia financiera que está prohibida por la ley, una práctica sobre la cual los tribunales españoles empezaron a manifestarse en contra cuando Endesa demandó a Gas Natural e Iberdrola por su acuerdo previo para que la primera vendiera activos de Endesa a la segunda. En consecuencia, la eléctrica germana podría no ser la beneficiaria de la venta de dichos activos, con lo cual el desguace de Endesa sería más profundo de lo que hasta ahora se había previsto.
Asimismo, la práctica habitual en un proceso de concentración empresarial en el que hay que efectuar desinversiones es la de hacerlo mediante subasta. Es decir, Enel y Acciona no podrían elegir a los compradores sino que los activos tendrían que pasar a quien ofreciera más dinero por ellos. E interesados hay muchos, por ejemplo, Unión Fenosa, o la portuguesa EDP, que ya amenazó con recurrir a la Comisión Europea si en la OPA de Gas Natural las desinversiones no se llevaban a cabo mediante el procedimiento de subasta.
Pero la política vuele a entremezclarse con todo este asunto. Así, el presidente de la Generalitat de Cataluña y ex ministro de Industria, José Montilla, manifestó recientemente que no le gustaba como había concluido la OPA de E.On, en un claro mensaje al Gobierno y a la CNE –Maite Costa proviene del PSOE catalán– en el sentido de que se establezca un sistema de desinversión que, de alguna manera, permita a Gas Natural obtener esos activos eléctricos que viene persiguiendo con tanto ahínco desde hace años. De esta forma, volvemos al principio del culebrón, esto es, a que la empresa gasista controlada por La Caixa entre en el sector eléctrico a costa de Endesa. ¿Qué dirá la CNE sobre este asunto? No cabe duda de que, tal y como están las cosas, a la Comisión Nacional de la Energía acaba de tocarle interpretar todo un papelón en este ya demasiado largo culebrón eléctrico. La cuestión es si adoptará el rol de héroe o villano.
