El Gobierno lleva toda la legislatura equivocándose en política económica y va a concluir de la misma manera. España tiene un serio problema con la inflación, tanto porque en noviembre se ha disparado hasta el 4,1%, casi dos puntos más que en enero, como porque se está ampliando el diferencial con la Unión Europea, lo que hace perder competitividad a la economía española.
Según el Gobierno, todo esto ocurre por culpa de los alimentos y el petróleo, pero la realidad es muy distinta. Es verdad que ambos capítulos del índice de precios al consumo son los que han desencadenado el actual proceso inflacionista, pero eso no explica que el impacto que está teniendo en España su encarecimiento sea muy superior al de otros países de la Unión Europea. Aquí es donde aparece la responsabilidad del Ejecutivo, en parte porque detuvo deliberadamente la política de reformas estructurales, en parte porque donde tomó medidas, como en horarios comerciales, en lugar de liberalizar hizo justo todo lo contrario.
Ahora, el Gobierno vuelve a transitar por la misma senda del error. En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que el Gobierno no va a tomar medidas para combatir la inflación y que espera que ésta se corrija pronto. Nuevamente aparece el error. El Ejecutivo confía en que la tasa de crecimiento de los precios de consumo mejore en la segunda mitad del año por un simple efecto estadístico, esto es, como en el segundo semestre de 2007 los precios están creciendo a un ritmo fuerte, en el mismo periodo de 2008 ese crecimiento, de producirse, será menor en términos porcentuales. O sea, más de lo mismo, es decir, no hacer nada.
El problema es que sí hace falta que se tomen medidas. El año próximo, los salarios se van a revisar al alza teniendo en cuenta el dato de IPC de diciembre que, probablemente, se acercará al 4,5%. Esta revisión puede alimentar la inflación, especialmente si las empresas trasladan a sus precios los incrementos salariales. Las prestaciones sociales, como las pensiones, se revisarán igualmente, todo lo cual implica seguir poniendo dinero en el bolsillo de la gente que alimente las presiones inflacionistas. Por consiguiente, es posible que, en estas circunstancias, la inflación no se corrija por sí misma sino que se retroalimente.
Para agravar más las cosas en este contexto, la política presupuestaria es completamente equivocada. Si un país no puede manejar los tipos de interés, como es el caso de España por pertenecer a la unión monetaria europea, y sufre problemas de inflación, solo puede corregirlos con reformas estructurales que aquí no se han hecho y con una reducción del déficit público o un incremento del superávit presupuestario que retire dinero del sistema. De hecho, el Banco de España ha advertido al Gobierno en este sentido. Pero lo que ha hecho Zapatero ha sido comprometer gasto y más gasto con fines electoralistas cuando tendría que haberlo restringido. Todo ello creará problemas de precios, mientras Zapatero no sólo no hace nada sino que dice que esto no va con él. Y la inflación, campando tranquilamente por sus respetos.
