La Ley del Cine, que alcanzó un "importante grado de consenso" entre las partes según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, está hartando al sector televisivo. El presidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), Alejandro Echevarría, ha declarado que "una industria privada no puede financiar por ley a otra industria privada", refiriéndose a la obligación que tienen las cadenas en gastarse el 5% de sus ingresos brutos anuales en cine español.
Echevarría no es más que el presidente de un lobby y empresario del sector. Sólo cuidará de sus intereses y se aprovechará de los medios políticos cuando le interesen. Por esa razón ha afirmado que la cultura se ha de "financiar con recursos públicos". Menuda gracia, como si nuestro dinero no tuviese mejores destinos que lucrar a los ociosos actores.
El proteccionismo al mundo de la farándula es indefendible. El Estado, al igual que el mercado, discrimina entre "buenos" y "malos". La diferencia entre ambos es que en el mercado el soberano son los millones de consumidores que libremente se gastan su dinero en una película, en otra o en ninguna. Es el acto más democrático que hay. El cineasta que mejor se adapte a los gustos de la gente, más fama y dinero recibirá. Por el contrario, el Estado y sus subvenciones discriminan los contenidos según las decisiones del regulador de turno y de un puñado de oligarcas. Las películas no se realizan para satisfacer a la gente, sino a un pequeño comité del Gobierno que se financia con nuestro dinero.
En este país, son los burócratas quienes escriben los guiones de las películas y documentales con toda su larga lista de requisitos. ¿Defensa de la cultura? Más bien uso partidista de los contenidos y propaganda política pagada con nuestros impuestos.
Fíjese que aquello que el Gobierno quiere impulsar, siempre acaba siendo un caos, un nido de corrupción e ineficiencia. No sólo afecta al mundo de la cultura y cine. Nos han dicho que el Estado ha de tener el monopolio de la justicia. Esto ha provocado que en España existan más de millón y medio de sentencias pendientes, 270.000 de tipo penal. El Estado creó leyes para protegernos de las enfermedades en el trabajo y esto ha creado que seamos uno de los países con más bajas laborales y absentismo de Europa. En nuestro país, más de la mitad de las bajas laborales se deben al estrés. ¿Se pregunta por qué? Porque son las más difíciles de diagnosticar. Si quiere conseguir una, sólo ha de conectarse a internet, estudiar los síntomas y recitarlos delante del doctor de la Seguridad Social. Le dará la baja de forma inmediata.
El Estado también nos quiso garantizar una educación, la suya, y esto ha causado que el aprendizaje de nuestros jóvenes sea cada vez más deplorable, como muestran los informes internacionales. El Gobierno socialista quiso crear empleo estable y digno entre los jóvenes con salarios mínimos y regulaciones. El resultado ha provocado que seamos uno de los pocos países de Europa donde el desempleo en este segmento haya aumentado entre 2006 y 2007, situándolo por encima de la media europea.
Los incentivos que crea el Gobierno no arreglan nada porque no tienen nada que ver con nuestras prioridades ni nuestro bienestar, más bien al revés. El Gobierno sólo obedece a los grupos de presión e intereses de las minorías. Hay quien a esto lo llama democracia. Si el Estado toma nuestro dinero para impulsar la cultura con cánones digitales y leyes proteccionistas sólo conseguirá crear contenidos artísticos a su gusto y conseguirá que nadie vaya al cine. Y es que en última instancia, todo este dinero tirado al pozo sin fondo de la cultura no lo podremos usar para pagar nuestras facturas. ¿Qué derecho tiene el Estado a sacarnos el fruto de nuestro trabajo por la fuerza?
