Quién iba a decir a estas alturas que el desempleo iba a volver a ser la principal preocupación de los españoles, y con toda razón. Después de años de saneamiento económico y de una fuerte creación de puestos de trabajo –hasta el punto de que la cuarta parte de los empleos generados en la Unión Europea entre 1997 y 2007 lo fueron en España– ahora nuestro país se enfrenta al proceso contrario y se ha convertido en el Estado miembro en el que más sube el paro. De la noche a la mañana, sin verlo ni quererlo, hemos pasado de la alegría a una pena intensa, que irá a peor si se confirman los pronósticos de los analistas, que hablan de cuatro millones de parados y una tasa de desempleo del 18% a no tardar mucho. Las cifras se han disparado y el Gobierno sigue sin inmutarse. A Zapatero le basta con culpar a la crisis financiera internacional para explicar todo y eludir responsabilidades, cuando el Gobierno las tiene, muchas y muy claras, en el deterioro de la situación socioeconómica: mientras todo se viene abajo como un castillo de naipes, el Ejecutivo sigue cruzado de brazos, sin hacer nada.
El problema del empleo, en contra de lo que se cree Zapatero, no es, ni mucho menos, coyuntural, sino estructural y para resolverlo, desde luego, hace falta una reforma profunda del mercado laboral, pero no sólo eso. Es preciso también abrir las puertas a nuevos mecanismos de intermediación entre las empresas y quienes demandan un puesto de trabajo porque el Servicio Nacional de Empleo, o sea, el anteriormente conocido como Inem, es incapaz de gestionar adecuadamente que la oferta y la demanda de puestos de trabajo cuadren. Los resultados están encima de la mesa: las empresas de trabajo temporal (ETT) gestionan un 30% más de colocaciones que el servicio público, lo cual debería ser objeto de una profunda reflexión acerca del mismo y del importante papel que juegan las ETT en España, pese a todo el exceso regulatorio que limita ostensiblemente sus posibilidades.
El problema del Servicio Nacional de Empleo es el habitual de los intervencionismos. Sus funcionarios carecen de los incentivos de las ETT para buscar un puesto de trabajo a quienes lo necesitan. Además, muchos acuden sólo al Inem y no piensan en las ETT porque parece que tampoco tiene demasiado interés por volver pronto a la vida activa (hay quien en el paro y con el paro vive bien). En este punto pretendió incidir la última reforma laboral del PP que no llegó a entrar en vigor, la del famoso "decretazo". Pero el SNE tiene, además, un segundo problema. Como organismo público, es un instrumento a través del cual el Gobierno ejerce el control sobre la sociedad y, con él, unos sindicatos poco representativos, empeñados en meterse en todo y que odian a las ETT, debido a lo que les restan de ese poder artificial que se les concedió hace años y que nadie se ha preocupado en retirárselo, aun cuando afecta directamente a algo tan importante como es tener un puesto de trabajo.
El problema del paro, en consecuencia, no sólo debe atacarse mediante el catálogo de reformas estructurales en el mercado laboral –tantas veces enunciado y tan pocas aplicado– sino también abriendo más espacio a las empresas de trabajo temporal, que se están demostrando más eficaces que los organismos públicos, por dos razones. En primer término, porque sus ganancias dependen de que sus usuarios efectivamente logren salir del paro; en segundo lugar, porque las personas que acuden a las ETT en busca de un trabajo tienen una actitud positiva y activa para salir cuanto antes de esa situación, en lugar de resignarse a vivir de las prestaciones por desempleo mientras éstas duren, pensando que su derecho es agotar el periodo de percepción y rechazando, en consecuencia, ofertas de trabajo. Esa actitud, además de insostenible desde el punto de vista presupuestario, es tan injusta como antisocial, ya que los fondos para financiar las prestaciones por desempleo salen de los impuestos que pagamos todos.
No deja de ser algo más que curioso que aquellos países donde las tasas de paro son más bajas, donde el desempleo está creciendo menos que en España pese a que, como en Estados Unidos, la crisis financiera les está golpeando con mucha más dureza que a nosotros, sean países que, además de tener un mercado laboral más liberalizado y flexible, dejan bastante espacio a que la iniciativa privada se encargue de gestionar colocaciones para aquellos que demandan un puesto de trabajo. El problema del paro en España, evidentemente, se resolverá cuando se proceda a esa reforma laboral tan largamente demandada como paralizada, pero también cuando se permita a las ETT ampliar sus posibilidades de actuación. Pueden ser un buen remedio y con bajos costes políticos para el Gobierno que decida respaldarlas.