Una crisis normal y corriente viene a durar un año y medio, con dos o tres trimestres de recesión no demasiado profunda y quien pierde el empleo durante ella tiene la esperanza de recuperarlo en cuanto la situación empiece a mejorar. Mientras tanto, puede contar con la prestación por desempleo y la ayuda de la familia. Las empresas, además, tienen bastante capacidad para sobrevivir. Pero lo que está viviendo la economía española en estos momentos dista mucho de entrar dentro de esos parámetros de normalidad. La crisis está siendo y va a ser mucho más larga que de costumbre, la recesión, que comenzó a finales del año pasado, puede extenderse hasta 2011 y, después, venir seguida de una larga etapa de depresión. Los parados están perdiendo las prestaciones por desempleo sin la esperanza de encontrar pronto un trabajo que les permita vivir y la capacidad de supervivencia económica de las familias está limitada por sus elevados niveles de endeudamiento, derivados en gran parte de la burbuja inmobiliaria. Cada día se destruyen 6.000 empleos en nuestro país y la tasa de mortalidad de empresas está alcanzando niveles de auténtico drama porque ni las Administraciones Públicas pagan sus deudas ni el sistema financiero está en condiciones de conceder préstamos a aquellas compañías que no reúnan unos requisitos mínimos de solvencia. Estas son, grosso modo, las coordenadas de la crisis actual, cuya imagen más representativa es la de la creciente miseria entre quienes carecen de medios para ganarse la vida, algo no visto en España desde los tiempos de la Gran Depresión. Y lo peor de todo es que el Gobierno sigue sin admitir que no estamos ante una crisis al uso, sino ante algo muy distinto y mucho más dramático, con lo cual, el Ejecutivo sigue sin estar a la altura de las circunstancias y actuar en consecuencia.
Prueba de lo anterior lo tenemos en las medidas sobre el mercado de trabajo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. En lugar de proceder a la reforma laboral que necesita este país para estimular las contrataciones, lo único que hace el Gabinete es poner parches a una situación que requiere de medidas de mucho más calado. Las recetas a las que el Ejecutivo acaba de dar luz verde no es que vayan en la dirección equivocada, es que son claramente insuficientes para resolver la gravedad de los problemas laborales a los que se enfrenta la sociedad española. Y todo porque, en lugar de ser realista, al Gobierno lo que le mueve son motivaciones medio ideológicas, medio de marketing. Flexibilizar el mercado laboral es algo que va en contra de las ideas de Zapatero y, por tanto, no acomete esta reforma, que es la única que permitiría estimular las contrataciones y permitir una pronta recuperación del empleo. Es lo que le vienen diciendo desde hace tiempo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, pero Zapatero, empeñado en ser el más social de los socialistas europeos, sigue sin hacer caso y mantiene una normativa laboral que lo único que hace es generar miles de parados al día. Quien hasta hace poco se presentaba como el campeón del empleo en Europa hoy no es más que el campeón de la miseria.
No es de recibo que los prejuicios ideológicos de Zapatero estén condenando a más de 6.000 personas diarias al paro, y mucho menos aún lo es que la dejadez del Gobierno a la hora de hacer lo que hay que hacer esté sacrificando a toda una generación, la de los mayores de cincuenta años, cuyos integrantes que pierdan su empleo van a tener muy difícil el volver a reintegrarse a la vida laboral, sobre todo si no son capaces de crearse su propio puesto de trabajo. Esta generación, además, va a ser la primera en sufrir el recorte de su pensión derivado de la aplicación del pacto de Toledo, a causa de la negativa de los partidos políticos españoles a proceder a una verdadera reforma de la Seguridad Social. Esto no es política social y lo único que tiene de socialismo es las nefastas consecuencias que se producen cada vez que alguien trata de aplicarlo, en este caso Zapatero.
El Gobierno, por tanto, debería desprenderse de sus prejuicios ideológicos, ser realista y actuar en consecuencia. Pero también debe empezar a hacer lo que no ha hecho en los últimos cinco años, esto es, política económica. El catálogo de medidas a tomar es amplio pero fácil de resumir. Se trata, por un lado, de acometer una reforma laboral en profundidad, le guste o no a los sindicatos. Por otro, de resolver todos los problemas de financiación que afectan a las empresas, desde la morosidad de las Administraciones Públicas a la ampliación de los periodos de pago de los clientes a sus proveedores, pasando por el establecimiento de canales de financiación adecuados, una vez constatado el fracaso de los créditos que pretendía conceder a través del ICO. Y, por supuesto, de establecer un pacto con todas las comunidades autónomas para que todos los niveles de la Administración actúen conjuntamente para superar la crisis, reordenando y recortando el gasto público con el fin de ayudar a la financiación de la economía y abrir margen para los recortes de impuestos que necesitan muchas pequeñas y medianas empresas para sobrevivir. Sin embargo, y por desgracia, el Ejecutivo, lejos de seguir estas recomendaciones, sigue inmerso en batallas ideológicas que no vienen a cuento, en pretender demostrar la superioridad del socialismo sobre el capitalismo cuando, con ello, lo único que está consiguiendo es generalizar la miseria en capas cada vez más amplias de la sociedad cuya única protección es contar con un puesto de trabajo que la realidad de la política económica de Zapatero les niega y les negará durante años.