Para seguir promoviendo el bipartidismo, mi último libro El auge y la caída del mercado inmobiliario explica por qué tanto los demócratas como los republicanos arruinaron los mercados inmobiliarios y financieros. Como ha sucedido siempre, la causa de la crisis económica es fruto de unas políticas basadas en buenas intenciones y en pensamientos sentimentaloides.
Durante demasiado tiempo demasiadas personas consideraron que era "algo bueno" tener en propiedad el lugar donde residían. Es verdad que ser propietario de una casa tiene sus ventajas, pero también acarrea sus costes y riesgos. Sopesar tales contraprestaciones es algo que cada individuo y cada familia pueden hacer solos. Los problemas comienzan cuando son los políticos quienes pasan a tomarlas.
A comienzos de los 90, se convirtió en el santo grial de la política inmobiliaria que cada vez un mayor número de estadounidenses fueran propietarios de su vivienda. Especialmente, se buscaba que las minorías u otros colectivos de rentas bajas pudieran comprar casas.
Dado que los bancos están regulados por diversas agencias del gobierno federal, no costó mucho presionarles para que prestaran a personas a las que en condiciones normales no habrían prestado (a saber, personas de renta baja, con malos historiales crediticios y con poca o ninguna capacidad para aportar una entrada del 20% sobre el valor de la vivienda).
En política el poder se impone al raciocinio. Los bancos que no cumplían unos mínimos índices de concesión de préstamos hipotecarios a la llamada "población desfavorecida" descubrieron que los organismos federales les impedían sacar adelante sus proyectos empresariales (como apertura de nuevas sucursales) que, en cambio, sí lograban los competidores que se plegaban a estas condiciones.
Así, si para cumplir con las cuotas había que rebajar los estándares crediticios, se hacía. Se consideraba un mal menor en comparación con que las agencias públicas vetasen las decisiones empresariales necesarias para competir en los mercados financieros.
Si bien los demócratas encabezaron esta cruzada, los republicanos también se subieron al tren. La Administración Bush, por ejemplo, animó al Congreso a aprobar la Ley de Entrada al Sueño Americano que pasaba a subvencionar las entradas de los compradores potenciales cuya renta fuera inferior a un determinado nivel.
¿Quién podía oponerse al "sueño americano" de tener una casa en propiedad? ¿Quién podía ser tan mezquino como para plantearse cuáles iban a ser los costes para los contribuyentes o qué riesgos implicaba para el sistema financiero? Desde luego, la mayoría de los demócratas o republicanos en el Congreso o en la Casa Blanca no.
Los medios de comunicación también formaban parte de esta cruzada a favor de un incremento de la propiedad inmobiliaria. Si ciertos segmentos de la población no eran dueños de casas en los mismos porcentajes que el resto de colectivos, eso simplemente demostraba que algo iba mal en el proceso de concesión de hipotecas.
En palabras del St. Louis Post-Dispatch: "Las instituciones financieras están siendo mucho más conservadoras de lo que deberían ser a la hora de estudiar la solvencia de las minorías".
Más adelante, los catastróficos índices de ejecuciones hipotecarias entre "la población desfavorecida" demostraron que las estrictas y "conservadoras" condiciones crediticias eran las adecuadas pese a haber sido ridiculizadas por los políticos y la prensa.
Hay muchos otros detalles recogidos en mi libro. Pero detrás de todos ellos se encuentra un hecho muy simple: las laxas condiciones crediticias que impuso el Gobierno fue lo que despejó el camino a que muchas hipotecas se dejaran de pagar y ello provocó el desastre financiero. La retórica política sólo busca ocultar esta incómoda verdad.