No tiene remedio. Y no es la visión catastrofista de un profesor de Economía, que muchos podrían suponer, ni siquiera me estoy refiriendo a la crisis económica de manera directa, aunque sin duda tendrá sus efectos, como no puede ser de otro modo. Me estoy situando en algo mucho más amplio: España. Sí, es esa España a la que no le veo solución; una nación rica en historia, abundante en valores sobre los que se edificaron siglos de convivencia y de sociabilidad, y a la que se dirigen hoy todo tipo de ataques, visibles o invisibles, pero todos igual de destructivos, siendo los artilleros, las más de las veces, personas que sueñan en lo que no fueron porque no se atrevieron a ser, o en la necesidad de purgar ideas y situaciones familiares anteriores de las que se sienten avergonzados, culpabilizados.
El famoso diálogo social, al que continuamente apela el presidente del Gobierno y todos los miembros de su Gabinete, como el paladín para resolver diferencias, el artífice del encuentro y de la armonía, el que mientras no llega a su fin –positivo o negativo– mantiene a nuestros gobernantes en actitud expectante, contemplativa, sin osar mover un músculo esperando la voz del oráculo que arroje luz sobre tanta oscuridad, se ha sometido a la decisión de los Tribunales ante su reconocida incapacidad para dialogar. ¡Vaya ejemplo para los mortales de a pie, tan lejos del Olimpo dialogante!
Sí, empresarios y sindicatos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para determinar la cuantía a aplicar en las revisiones salariales, y como el Gobierno se ha propuesto no gobernar, sino someterse al gobierno de los llamados –no sé por qué– agentes sociales, éstos han tenido que acudir a reclamar una decisión a los Tribunales; menos mal que, por esta vez, han sido los españoles. ¡Para esto no necesitábamos alforjas!
El problema no necesito que me lo expliquen, porque me lo imagino al detalle. Ese proceso de regateo, a lo que el presidente llama diálogo social, es un foro que, desde que existe, ha venido cantando una cantinela cuya letrilla venía a ser la de ajustar los salarios a la inflación prevista (que a su vez, cuando se adoptó el procedimiento, la prevista era siempre superior a la real del año en curso pues, uno de los deportes que más se han alimentado en nuestra economía, ha sido el de la espiral inflacionista). Es decir, crecen los precios, como consecuencia se ajustan los salarios al alza, lo que provoca incremento de los costes, que a su vez se trasladan incrementando los precios, y así sucesivamente.
Ya empezó a molestar a nuestros queridos agentes, bueno realmente molestó a los agentes sindicales, cuando en una economía más sensata, con mayor estabilidad de precios, la inflación prevista empezó a ser inferior a la real del año, tan así que a la consagrada letrilla, añadieron un estribillo que rezaba algo así como "IPC más tres, cuatro, cinco... puntos", según el momento de la negociación y la predisposición al conflicto social.
Pero ¡ah novedad desgraciada! Resulta que empezamos a vivir, por primera vez, en una situación de disminución de precios, por lo que la letrilla será mejor no entonarla. Que tanto los economistas serios del país, me refiero a aquellos que además del conocimiento se sienten libres en sus opiniones, prevean que el dato no piensa invertirse de forma inmediata, como que lo mismo lo opinen los organismos internacionales, no importa en absoluto, porque en la letra de los presupuestos del Estado, las Cortes Españolas han venido en prever que la inflación para el año será del dos por ciento, por lo que empecemos por ese porcentaje y cantemos a continuación el estribillo.
Naturalmente, acuerdo imposible; pero no sólo el acuerdo, lo que es imposible es el mismísimo diálogo. Solución que decida ¿quién? No el Gobierno, que por el sueldo que cobra debería tener algo que decir, sino los jueces. Y allá que llevamos el diálogo. Su señoría, ni corto ni perezoso, haciendo ostentación de conocer la letra de la Ley, encuentra la previsión de inflación que en los Presupuestos Generales del Estado se hace para este año (2,0%). Haciendo aún mayor ostentación de positivismo jurídico –a su lado Augusto Comte sería un aprendiz–, se refugia en la previsión legal para determinar su procedencia. Considerar que la previsión es simplemente eso, una previsión, a la que con autoridad vendrá a contradecir la realidad, es algo que le tiene sin cuidado. La realidad es que a estas alturas, aquella previsión del +2,0% se ha convertido en el –0,9%, pero esto no importa a los positivistas; como tampoco importa el viejo aforismo de summum jus summa injuria.
A estas alturas, renuncio a hacer las aportaciones consagradas en la Teoría Económica sobre con qué debe de correlacionarse el movimiento de los salarios; ya he dicho que nada tiene remedio. Lo único que cabría, si es que es posible todavía promover alguna inquietud, es que cada mañana, cuando los parlamentarios españoles se miren al espejo, piensen en aquel presupuesto que aprobaron a sabiendas que era un papel ya fuera de la realidad en el momento de su aprobación; que cuando su señoría haga lo propio, recuerde que aplicó una verdad formal, sabiendo su alejamiento de la verdad sustantiva. Y que tanto ellos, como el Gobierno que formuló los Presupuestos, vayan anotando el número de parados que se añadirá a los ya existentes cuando las empresas, que han tenido que subir los salarios pese a que los precios de sus productos han disminuido, no tengan otra alternativa que cerrar sus puertas y despedir a sus trabajadores, porque un Presupuesto falaz se aprobó sin razón, y un Tribunal lo aplicó sin parpadear, renunciando a reconocer el mundo de lo real y en abierta contradicción con las formas a las que deciden someterse los que ejercen la noble función de legislar o de administrar justicia.
¡Ven cómo no tenía remedio!