Los sindicatos parece que han encontrado un filón en la debilidad del Gobierno y, sobre todo, en la actitud de Zapatero de evitar, a cualquier precio, un conflicto social que pueda deteriorar aún más su imagen y sus perspectivas electorales. Así, las centrales sindicales se han enrocado en sus posiciones en la negociación colectiva, sin ceder un ápice a pesar de la gravedad que está alcanzando el problema del desempleo en España. Crecidas como están, ahora demandan al Ejecutivo que incremente un 2% en 2010 el salario de los funcionarios: una petición que carece de lógica económica teniendo en cuenta tanto el contexto de profunda crisis económica como el de deflación. Sin embargo, como el pasado año ZP decidió subir el sueldo de los trabajadores de la administración un 3% –una de sus medidas de corte populista para tratar de ganar las recientes elecciones europeas–, ahora los representantes de los funcionarios quieren que este año vuelva a repetirse algo parecido. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
No obstante, sería un error que el Gobierno cediera a las presiones sindicales. Hoy por hoy, los funcionarios no están perdiendo poder adquisitivo, sino todo lo contrario. Este año ya se les ha subido el sueldo por encima de la inflación del pasado ejercicio. Además, en un escenario de deflación como el actual, incluso una congelación salarial implica una ganancia de poder adquisitivo ya que deflación significa caída de los precios de consumo. Desde esta perspectiva, por tanto, las demandas sindicales carecen de razón. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que si bien los sueldos de los funcionarios no son, precisamente, los mejores del mundo, a diferencia de los trabajadores del sector privado, los de la administración pública no pierden su puesto de trabajo por culpa de la crisis, salvo que sean contratados temporales (los cuales suponen un porcentaje muy bajo del total de empleo en el sector público). Los demás, en cambio, siguen cobrando su nómina del Estado y así seguirán por mucho que caigan chuzos de punta sobre la economía española. Teniendo en cuenta todo esto, es lógico pedir a la función pública que este año acepte la congelación de sus emolumentos.
Lo malo es que Zapatero, en una situación tan débil como en la que se encuentra, ha demostrado por activa y por pasiva que está dispuesto a tirar de la chequera del Estado con tal de ganarse el favor de unos y otros. Los sindicatos lo saben y por eso están decididos a echar este pulso al Gobierno. El problema es que las consecuencias que una victoria de las centrales sindicales podría implicar para la economía española son nefastas. Cuando el déficit presupuestario y la deuda pública cabalgan desbocados hacia niveles insostenibles, todo el mundo tiene que apretarse el cinturón lo antes posible para reconducir ambos parámetros hacia niveles mucho más manejables y menos dañinos. Esto pasa, necesariamente, por contener el gasto público y la retribución de los funcionarios es una de las principales partidas del mismo. Por consiguiente, ellos también deben realizar sacrificios para superar cuanto antes la crisis, sacrificios que, sin duda, son mucho menores que los del resto de ciudadanos ya que el empleado de la Administración Pública cuenta con el privilegio de tener garantizado el puesto de por vida, pase lo que pase con la economía. Si el Ejecutivo cede en este punto, estará enviando un mensaje muy negativo que estimulará a todos aquellos que esperan obtener dádivas monetarias del Estado.
Ese mensaje, además, alcanzaría a la negociación colectiva para 2010 en el sector privado. Si se consigue que se incremente el sueldo a los funcionarios, ¿por qué no pedir lo mismo en las empresas? ¿Por qué contentarse con incrementos del 1% –como viene pidiendo la CEOE– si el Gobierno ofrece más a sus empleados y si, encima, los tribunales empiezan a dar la razón a los sindicatos en sus peticiones? Muchas empresas, sin embargo, no pueden permitirse el lujo de subir el sueldo a sus empleados, bien porque la crisis las ha metido directamente en pérdidas, bien porque está recortando sus ventas y sus beneficios. Si no consiguen controlar sus gastos de personal, muchas compañías lo van a pasar mal, se van a jugar su supervivencia y no les va a quedar más remedio que despedir a parte de su plantilla o, incluso, echar el cierre. Y eso por no hablar de lo difícil que le va a resultar a la empresa española recuperar la competitividad perdida si la evolución de sus costes salariales no se ajusta a la de la productividad de los trabajadores.
El Gobierno, por tanto, debería tener el valor suficiente de decir "no" a los sindicatos en lo que se refiere a las subidas salariales y saber aguantarles el envite. Francamente, con la que está cayendo en España, veo difícil que las centrales sindicales vayan a ser capaces de movilizar masivamente a los funcionarios para pedir una subida del 2%. El Ejecutivo debería tenerlo en cuenta porque si cede las cosas pueden ponerse todavía peor de lo que ya están. Y están bastante mal.