Cada vez que se publican los datos de déficit público a uno se le ponen los pelos de punta, no sólo por las magnitudes exageradas que está alcanzando –el Gobierno sigue hablando del entorno del 10% del PIB al cierre del ejercicio mientras que el Banco de España ya lo estima por encima del 12%–, ni por la pasividad del Gobierno ante un problema que se niega a corregir, sino por la forma tan desbocada en que crecen los gastos. Según los datos que acaba de ofrecer el Ministerio de Economía, los pagos hasta septiembre se incrementaron un 22,6%. Así es que no estamos ante un socavón en las cuentas públicas de dimensiones astronómicas, que más parece un agujero negro que otra cosa, provocado por la caída de la recaudación tributaria como consecuencia de la crisis, sino ante un Estado manirroto que se gasta lo que tiene y lo que no tiene y nos está creando un problema pero que muy serio.
El Gobierno está derrochando el dinero pero la pregunta es en qué se gasta. Porque es verdad que el Ejecutivo tiene que destinar más recursos a las prestaciones por desempleo, teniendo en cuenta al ritmo al que avanza el paro, pero también es cierto que las Administraciones están dejando de abonar las facturas a sus proveedores. Los ayuntamientos no pagan los programas del Plan E porque, simple y llanamente, no reciben el dinero comprometido por Zapatero para financiar el mismo, ni las administraciones en general liquidan en tiempo y forma los gastos comprometidos hasta el punto de que las pymes y los autónomos llevan al banco los pagarés que reciben de ellas y éste se niega a descontárselos porque no sabe ni cuándo ni cuánto se van a satisfacer esos compromisos. Y, desde luego, la inversión estatal en infraestructuras dista mucho de ser la responsable simple y llanamente porque la licitación está paralizada. Así es que, ¿dónde va a parar tanto dinero?
Parte de la respuesta estriba en una operación de maquillaje que ha efectuado el Gobierno para disfrazar la verdadera realidad de las cuentas de la Seguridad Social. Éstas se escribirían ya con números rojos si el Ejecutivo no hubiera sacado de ellas el complemento de mínimos de pensiones que, desde esta primavera, pasa a financiarse con cargo a la tributación general, que es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Así, al dejar de contabilizarlos como pagos de la Seguridad Social, este organismo ha podido mantener un saldo positivo, aunque decreciente a marchas forzadas, en unas cuentas, las del sistema público de pensiones, que de otra forma ya serían deficitarias, con la consiguiente alarma social a que dicha situación daría lugar.
No obstante, por muchos millones de euros que se hayan incorporado a la financiación de las pensiones, esto no explica por sí mismo la gravedad de la situación presupuestaria a que se ha llegado. Y es que, diga lo que diga el Gobierno, aquí no hay más remedio que empezar a aplicar las tijeras a mansalva, de forma indiscriminada, sobre todo porque el Estado ya no se puede permitir los lujos del pasado. Es como una familia venida a menos, que para ajustar su economía a sus posibilidades tiene que prescindir de la cena en un restaurante una vez por semana, los viajes de fin de semana y todos los demás gastos superfluos, y después empezar a estudiar por dónde recortar los demás pagos hasta llegar al equilibrio, puesto que ya no dispone de las rentas del pasado para financiarlo.
Al Estado le pasa tres cuartos de lo mismo. Dice la OCDE que España tiene un déficit estructural de casi el 6% del PIB, es decir, un desequilibrio que no tiene nada que ver con la actual coyuntura de crisis, sino todo lo contrario. En los últimos años, Hacienda se ha encontrado con una recaudación tributaria muy superior a la propia de circunstancias más normales debido a que la burbuja inmobiliaria disparó los ingresos impositivos a través de los gravámenes asociados con la compra-venta de viviendas. Un Gobierno más normal hubiera aprovechado eso para recortar impuestos. Por desgracia, nuestros actuales dirigentes, lejos de pensar en ello, se dijeron que tenían muchos recursos para gastar alegremente y así lo hicieron. Ahora que llega el momento de aplicar la tijera, el Ejecutivo se niega a poner fin a los excesos con el gasto público, diciendo que no hay margen para recortar nada, cuando sabe perfectamente qué naturaleza y qué tipos de gasto son los que ha introducido en los últimos años, la mayor parte del cual resulta tan innecesario como la mayor parte de los pagos que venía haciendo en el pasado. Por lo tanto, eso de que no hay por donde cortar no es más que la excusa para seguir haciendo lo mismo, que es comprar votos con dinero público y creerse que por seguir gastando la economía va a salir de la crisis cuando no es así. Por el contrario, el fuerte crecimiento de la deuda y los pagos futuros por intereses de la misma prácticamente nos garantizan la versión española de la Gran Depresión en el siglo XXI. Como para que a uno no se le pongan los pelos de punta.