El Gobierno tiene un lío monumental con las cajas de ahorros del que no sabe cómo salir. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insiste en que este viernes se va a aprobar la nueva regulación de estas entidades crediticias, por la cual se las obligará a tener un ratio de capital del 10%, dos puntos por encima de lo que se exige a los bancos, y les da de plazo para ello hasta septiembre, presionándoles con la amenaza de la nacionalización para quien no lo consiga. Las cajas, por su parte, piden un plazo superior para poder adaptarse a esas nuevas exigencias. En cierto modo, ambas partes tienen razón pero, aun así, tienen montado entre todos un lío monumental que nos hubiéramos ahorrado si el Ejecutivo hubiera actuado de otra manera.
Salgado sigue sin explicar por qué razón las cajas tienen que tener una ratio de capital dos puntos superior al de sus competidores, los bancos. Aclarar este aspecto se convierte en algo de vital importancia porque el problema al que se enfrentan muchas cajas, en especial las pequeñas y medianas, a la hora de cumplir con las exigencias del Gobierno es, precisamente, alcanzar ese nivel, lo cual no va a resultar precisamente fácil para muchas de ellas. Como los planes del Ejecutivo se han hecho deprisa y corriendo, resulta que ahora todas las cajas tienen que salir poco menos que de forma simultánea al mercado en busca de esos recursos con los que satisfacer las exigencias gubernamentales. Sin embargo, probablemente no todas ellas van a poder conseguirlo. Lo lógico es que esas salidas al mercado se hubieran graduado en el tiempo, con el fin de que no concurran unas cajas con otras por unos recursos escasos, sobre todo si a donde tienen que acudir es al mercado nacional, que es bastante estrecho, porque dudo mucho de que los inversores internacionales se interesen por pequeñas entidades de nuestro país.
Las grandes, como La Caixa y Caja Madrid, tendrán menos problemas en ese sentido, en parte por su tamaño, en parte también porque cuentan con participaciones industriales que, en caso de ser necesario, podrían ponerse a la venta. Pero las pequeñas y medianas entidades andan tan escasas de recursos como de patrimonio del que desprenderse si las circunstancias así lo exigen. Si a ello se une que su volumen de negocio es pequeño y que su base operativa geográfica suele ser de carácter local o, en el mejor de los casos, regional, es difícil que puedan suscitar el interés de los inversores. Otra cosa es si no tuvieran que competir unas con otras con el capital y pudieran salir a bolsa de forma gradual, pero Salgado ha dicho lo que ha dicho y, por ahora, se mantiene en sus trece, con lo cual es muy probable que más de una caja acabe nacionalizada.
Claro que las cajas también tienen su parte de culpa. Si se han embarcado en un proceso de reordenación ha sido gracias a la presión que han ejercido sobre ellas tanto el Banco de España como el Gobierno porque, en principio, no estaban por la labor. Por tanto, si ahora se les levanta la presión, podrían volver a las andadas y, de esta forma, el problema del sistema financiero español seguiría sin resolverse. Además, aunque sabían a la perfección que para poder captar recursos en los mercados las cajas pequeñas y medianas tenían que unirse con las grandes, a lo que se han dedicado muchas de ellas es a salvaguardar los intereses de sus directivos y de quienes las controla políticamente uniéndose entre ellas. Así es que en su pecado llevan su penitencia.
Ahora bien, nada de esto estaría pasando si Salgado no se hubiera empeñado en tomar ella misma las riendas del proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, en vez de haberlo dejado en manos del Banco de España, que es quien de verdad tiene experiencia a la hora de lidiar con crisis bancarias. Básicamente, lo que hubiera hecho el supervisor bancario habría sido ayudar a aquellas entidades con posibilidades de salvación, incluso obligándolas a fusionarse con quien el propio banco hubiera dicho, e intervenir a las demás para venderlas posteriormente, probablemente a bancos españoles o a entidades financieras extranjeras. Pero como las cajas no querían acabar en manos de su gran rival, la banca, ni al Gobierno le gustaba la idea de que una parte nada desdeñable de nuestro sistema financiero pasara a manos extranjeras, maniató al Banco de España y no le dejó hacer. En su lugar puso toda la responsabilidad en manos de Elena Salgado y el resultado ya lo estamos viendo: todo son improvisaciones y prisas porque los mercados se ponen nerviosos con las demoras y los jueguecitos que se han venido trayendo algunas cajas y nos castigan subiendo la prima de riesgo de la economía española. Y todo son también prisas e improvisaciones porque como el Ejecutivo primero negó la crisis y luego renunció a hacer algo para resolverla, esperando que las cosas se arreglaran por sí solas poco menos que como por arte de magia, el margen de tiempo para poner en orden el sector financiero se ha ido consumiendo sin que nadie se molestara lo más mínimo en empezar a poner la casa en orden, hasta que llegaron los mercados con el palo. Ahora toca pagar las consecuencias.