Si usted cree que los problemas de la Seguridad Social, y las consiguientes reformas necesarias para atajarlos, han concluido con las medidas que tomó recientemente el Gobierno –aumento de la edad de jubilación y ampliación del periodo de cómputo de las pensiones– seguramente se va a equivocar de plano. Como a perro flaco todo se le vuelven pulgas, aquí las dificultades se imbrican unas con otras, para agravar las cuestiones que no se han querido afrontar durante años. Y el sistema público de pensiones, como es lógico, no iba a resultar la excepción.
De momento, la Seguridad Social ya ha entrado oficialmente en déficit en enero, aunque hay quien advierte de que los números rojos llegaron el año pasado si de los supuestos ingresos del sistema se descuentan aquellos derechos de cobro que aún no han sido abonados por las empresas y que muchos de ellos probablemente nunca se llegarán a percibir debido a que el proceso de destrucción de empresas aún no ha concluido. En cualquier caso, lo que ha ocurrido en enero no estaba previsto en el guión del Gobierno, lo cual debería haber disparado todas las alarmas ministeriales para tratar de ponerle solución lo antes posible. Sin embargo, aquí nadie parece preocupado por ello porque, al menos por ahora, todavía existe el Fondo de Reserva de la Seguridad Social que el Ejecutivo está empezando a emplear para cubrir esos desfases entre ingresos y gastos, a la espera de que la cosa mejore. Pero todo apunta a que no a va ser así.
De entrada, el paro no sólo sigue subiendo, sino que en enero aceleró su tasa de crecimiento. Y las perspectivas para el conjunto del año indican que, aunque habrá periodos de reducción del mismo, el conjunto del año se va a saldar con un nuevo incremento. Y cuanto más alto sea el desempleo, menos ingresos va a tener la Seguridad Social.
Lo más grave, sin embargo, es lo que está ocurriendo en relación con los nuevos contratos o con muchos de los puestos de trabajo que aún existen. Las empresas siguen ajustando sus costes laborales mediante fórmulas como la jornada parcial, que implica trabajar menos horas y, por tanto, menos salario y menores cotizaciones sociales, tanto del trabajador como de la propia compañía. O, directamente, lo que están haciendo es ofertar reducciones salariales a cambio de evitar nuevos despidos, lo cual tiene el mismo efecto sobre los ingresos de la Seguridad Social. Además, por regla general, las nuevas contrataciones que están realizando las empresas son con salarios inferiores a los que disfrutaban aquellas personas que fueron sustituidas por trabajadores más baratos. Y en medio de toda esta difícil situación se impone, por necesidad de supervivencia, que los sueldos crezcan por debajo de la inflación.
Para las previsiones acerca del futuro de la Seguridad Social todo esto supone un grave problema porque en los supuestos de partida que las sustentan nunca se contempló ni una reducción de salarios ni que estos crecieran, por término medio, por debajo de la inflación. Un dato este último de suma importancia porque las prestaciones del sistema público de pensiones, en cambio, todos los años se actualizan con el crecimiento de los precios, y así será mientras no se cambie la ley, algo que, de momento, ni el Gobierno ni la oposición tienen en su agenda política. De esta forma, nos encontramos con que el ritmo de crecimiento de las pensiones pasa a ser mayor que el de los salarios que determinan las cotizaciones sociales que las financian, agravando de esta manera el problema. Y la cosa irá a peor si el IPC sigue subiendo como consecuencia de la escalada de los precios de los alimentos y de los mayores costes energéticos. O sea, que la cosa va a peor y, encima, el Gobierno sigue sin poner coto a la política de prejubilaciones, que resta ingresos a la Seguridad Social e incrementa sus pagos. Vamos, que estamos en una situación de catástrofe.
Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué es lo que está por venir? Pues la única pieza que falta en el catálogo de reformas de aquellos que siguen defendiendo el sistema de reparto y se niegan a pasar al sistema de capitalización, y que no es otra cosa que la subida de las cotizaciones sociales, bien mediante incrementos de su tipo, bien produciendo el ‘destope’ de las cotizaciones, esto es, el punto a partir del cual, por más dinero que gane una persona, su cotización y la de la empresa que lo emplea no se incrementa. Ese límite está fijado en estos momentos en torno a los 30.000 euros brutos anuales de salario. Por supuesto que semejante incremento va contra la creación de empleo, pero si repasan atentamente las declaraciones de los políticos en torno a la reforma de las pensiones, verán que ya se han referido a ello, sobre todo los que forman la ponencia del Pacto de Toledo. Ahora la única duda es cuándo van a dar este paso.