Con menos frecuencia de la deseada, a algún político se le ocurre alguna idea digna de ser tenida en cuenta. Hace apenas cuarenta y ocho horas se ha producido un acontecimiento de este género: el líder de un partido ha presentado en el Congreso una proposición de ley a fin de instar al Gobierno para que establezca, con la máxima urgencia, un sistema de evaluación de la calidad del trabajo desarrollado por cada empleado público –tanto funcionarios como contratados–, de modo que el resultado tenga efectos positivos o negativos en su devenir profesional.
La idea es brillante, aunque no novedosa. De hecho, hay ya parámetros de calidad aplicados a los procesos de evaluación en los diferentes ámbitos de la Administración, aunque sus resultados están muy lejos de ser satisfactorios; en unas ocasiones, porque los parámetros no son representativos de la calidad del servicio y, en otras, porque su aplicación se realiza con un alto grado de discrecionalidad, reduciéndose a un instrumento para premiar a amigos y afines, a la vez que para ignorar a enemigos e indiferentes. De todo hay en la viña del Señor.
Es cierto que controlar la calidad de un trabajo que consista en la producción de objetos materiales es más sencillo que controlar la calidad de un trabajo que se desarrolla en la prestación de servicios, lo cual en modo alguno puede hacer suponer que no quepa controlar la calidad de esta actividad productiva así como la aportación de cada uno de sus responsables. Sin dificultades excesivas lo hace la actividad privada y ninguna diferencia debería existir para que esta posibilidad se desarrollase también en el sector público.
No se puede olvidar, sin embargo, que entre sector privado y sector público hay escasas semejanzas y grandes diferencias. La primera y quizá fundamental de las diferencias es la presencia del empresario en el sector privado que, por la cuenta que le tiene, asume esa función como exigencia para la supervivencia empresarial, mientras que el sector público carece por completo de este personaje, entregando el control de calidad y, sobre todo, las consecuencias del mismo, a personas que nada se están jugando, ni personal ni patrimonialmente.
En momentos de restricciones presupuestarias como las que vivimos, en momentos de dificultades de financiación de las actividades públicas, también de las privadas, parece prudente plantear la cuestión de la eficiencia de los recursos de las administraciones públicas, a fin de mejorarla y, mejorándola, conseguir que se haga más con menos, que en todo momento es una sabia opción, y no su contraparte de hacer menos con más que, desgraciadamente, es la más generalizada. Así que creo que es un buen momento para acometer el asunto de la calidad y de la eficiencia del sistema público, porque los españoles estamos ya muy agotados de soportar más y más cargas impositivas a cambio de gozar de iguales o menores y peores servicios.
Los más catastrofistas pensarán que la cosa no tiene remedio. Yo me anticipo a decir que es un problema de voluntad política y, si me apuran ustedes, también de voluntad administrativa. Instrumentos hay, tanto para los empleados contratados –rescisión o resolución de contratos, y en ocasiones la decisión más sencilla de no renovación– como para los funcionarios, pues desde siempre existe la posibilidad de instruir un expediente al funcionario que no cumple debidamente con su responsabilidad, si bien es justo reconocer que quizá no se recuerde la última vez que se utilizó tal recurso por motivos estrictos de eficiencia y calidad en el trabajo.
La medida de implantar el control de calidad en el trabajo del personal al servicio de las administraciones públicas pienso que además sería bien recibido, pues son muchos los funcionarios y contratados que cumplen con generosidad lo que se espera de sus tareas y que verían con buenos ojos que se distinga entre quines sí que lo hacen y aquellos que siembran con su trabajo indolente una imagen de corrupción y de fraude en el trabajo público, con engaño de todos los contribuyentes.
Por ello, adelante con la idea y su realización. Pero definamos bien el concepto de calidad del servicio de que se trate y evaluemos, con parámetros certeros, el trabajo de quienes los prestan. Es inconcebible que en un servicio que pretende la difusión del conocimiento, como es la educación, pesen más las variables que no están en relación con la enseñanza –por ejemplo, la investigación, las funciones de gobierno y gestión de los centros, la asistencia a reuniones y congresos internacionales–, que aquellas que directamente se encaminan a mejorar el conocimiento, el saber y la competencia de alumnos y estudiantes. Algo semejante a lo que ocurriría si en el ámbito sanitario no fuera determinante de la calidad la salud de la población, sino el volumen de fármacos que se prescriben o de pruebas que se realizan; o si en la Administración de Justicia lo importante fuera el número de autos instruidos y de folios acumulados, y no la rapidez y juridicidad de las decisiones y sentencias de los servidores públicos responsables de el buen fin del servicio.
Por cierto, ¿por qué no adoptamos ese término tan anglosajón de "servidor público", en sustitución del celtíbero de "funcionario" o de "empleado"? Seguramente, una cosa tan sencilla colaboraría positivamente a la mayor calidad del servicio prestado, pues algo significa ese vocablo de "servidor", a la hora de crear una cultura de buena prestación del servicio; con suerte establecería con nitidez quién sirve y a quién se sirve, si bien ya sé que para la izquierda siempre y para la derecha de vez en cuando lo de "servir" es arcaico y políticamente incorrecto, por humillante para quien sirve y por jactancioso para el "servido".
Mientras la cultura sea esa, será utópico esperar calidad del servicio. ¡Buena suerte, amigos, con el proyecto! A no ser que se trate únicamente de un recurso electoral que se desvanece tras las elecciones.