Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de esta semana, la decisión de decretar una amnistía fiscal parcial para los fondos evadidos a otros países es la que más polémica ha levantado. Y con razón, porque se trata de una medida injusta que beneficia a los infractores con un tratamiento fiscal cuya benevolencia no alcanza a las clases productivas que cumplen con sus compromisos tributarios, a las que el gobierno lleva machacando con alzas impositivas desde prácticamente el día de su toma de posesión.
El Partido Popular criticó acertadamente un proyecto parecido del gobierno socialista, si bien en aquel caso, que finalmente no llegó a consumarse, la desfachatez llegaba a la condonación de los tributos dejados de percibir a cambio de que, el dinero repatriado, se invirtiera en unos bonos del estado que la insolvencia del ejecutivo de Zapatero hacía cada vez más difícil colocar en los mercados financieros. Para las hemerotecas quedará también el ejercicio de cinismo de los dos grandes partidos en torno a este espinoso asunto, con los socialistas criticando ahora una medida que ellos propusieron en términos todavía más injustos y los populares aprobando aquello que en su día criticaron con extrema severidad.
Pero en todo caso, el matiz de que ahora deberán pagar un impuesto del 10% a diferencia del proyecto anterior socialista no varía en exceso el juicio que merece una medida de este jaez que, además, resultará de dudosa efectividad a pesar del optimismo del equipo económico del gobierno que evalúa ese retorno de capitales en nada menos que 25.000 millones de euros, salvo que se haya llegado a un pacto previo con las grandes fortunas afectadas, circunstancia que el resto de contribuyentes probablemente no llegaremos a conocer en toda su extensión.
Es evidente que aquellos que han decidido colocar sus ahorros en entornos fiscales más favorables no van a repatriarlos voluntariamente a cambio de una rebaja en el impuesto inicial a pagar al Estado, por la sencilla razón de que una vez en el circuito fiscal español habrán de satisfacer las sucesivas exacciones anuales que ahora evitan en sus lugares de destino. Si un país penaliza el ahorro, como ocurre en España y muy especialmente con el actual gobierno, lo lógico en mantener a salvo el patrimonio acumulado, sobre todo en un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro de la zona euro como el que vivimos en la actualidad.
Ya hemos dejado clara nuestra opinión sobre los ajustes que incluyen los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que en conjunto penalizan la iniciativa privada mientras que las administraciones reducen el gasto de manera casi testimonial. El juicio que merece esta medida concreta ha de ser también forzosamente negativo. No sólo por su dudosa eficacia, como ha quedado explicado, sino por la injusticia que supone el beneficiar a los infractores del régimen tributario vigente, mientras el contribuyente de a pie ha de hacer frente a una cada vez mayor presión fiscal en la que, para desgracia de nuestra economía, el gobierno no tiene pensado introducir el menor alivio.