La imparable desconfianza de los inversores en que el Reino de España llegue a ser capaz de devolver la pila de millones que, día sí y día también, está pidiendo a crédito no se ha disipado tras la victoria electoral en Grecia de los partidarios de permanecer en el euro. Lo verdaderamente fantástico es la cantidad de analistas que, por lo visto, pensaba que esto fuera a ocurrir.
Naturalmente, no digo yo que una victoria electoral en Grecia de los partidos que clara y abiertamente se oponen a los compromisos y a los ajustes que exige la permanencia en el euro no hubiera desatado un efecto contagio muy negativo en España. Sin embargo, el triunfo en las urnas de quienes hasta la fecha han predicado, pero en modo alguno practicado, esa disciplina presupuestaria tampoco es que haya servido para calmar decisivamente la justificada desconfianza entre los prestamistas. Y menos aun en lo que a nuestra deuda soberana se refiere. Los "mercados" están saturados de promesas incumplidas de austeridad; los homenajes que el vicio rinde a la virtud causan cada día menos efecto en ellos y lo que quieren ver son hechos.
Y el hecho, entre muchos otros, es que desde finales del primer trimestre, en que se recortó el gasto en apenas 13.000 millones de euros con respecto a las cuentas del ejercicio anterior, el Gobierno de Rajoy ha permanecido prácticamente impasible en lo que a nuevos recortes del gasto y reducción de las administraciones públicas se refiere, por mucho que el precio de nuestra deuda haya seguido encareciéndose espectacularmente.
El hecho es que, a pesar de que en este momento existen en España nada menos que 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios públicos, que acumulan una deuda cercana a los 60.000 millones de euros, el único "plan de reestructuración" del erradicable, todo él, sector público empresarial apenas contempla el cierre de unas pocas decenas de sanguijuelas.
El hecho es que aquí nadie se cree que la razón por la que el Gobierno de Rajoy no haya intervenido las cuentas de una sola autonomía se deba a que los gobiernos regionales estén cumpliendo de "manera satisfactoria sus compromisos de reducción del déficit", tal y como afirma el trolero de Cristóbal Montoro. El hecho es que aquí todo el mundo sabe que el desequilibrio del estado central en el primer trimestre se ha incrementado en un 73,2% respecto al registrado en el mismo periodo de 2011 y que esto ha pasado fundamentalmente por culpa de unas transferencias a las autonomías destinadas a maquillar su déficit. Aquí todo el mundo sabe que las amenazas del Gobierno –cuando se atrevía a hacerlas– respecto a hacer cumplir el Pacto de Estabilidad Presupuestaria causan la misma hilaridad que las destinadas a que el español pueda ser lengua vehicular en la enseñanza en toda España. Aquí todo el mundo sabe que, a pesar de las proclamas favorables al cierre o privatización de las numerosas radio-televisiones de nuestro país, ese pozo sin fondo sigue escandalosamente abierto. Aquí todo el mundo sabe que el número de funcionarios en España, cuya retribución se lleva más de las tres cuartas partes de la recaudación total de impuestos del Estado, es sencillamente insostenible. Aquí todo el mundo sabe que no existe proyecto reformista serio que no arranque por una radical y profunda remodelación de un modelo autonómico que Rajoy no se atreve ni a mentar, a pesar de que actualmente nos condena a unas despilfarradoras duplicidades cercanas a los 50.000 millones de euros.
Lo que también podemos observar, mientras tanto, es a un Gobierno abdicar de sus responsabilidades a la hora de poner freno a todo esto y pedir, en su lugar, "más Europa", hermosa expresión con la que, en realidad, se esté pidiendo el envilecimiento del euro como forma de eludir una auténtica cura de adelgazamiento de nuestro sector público. ¿De verdad alguien creía que este panorama iba a desaparecer en función de lo que este domingo saliese de las urnas griegas?