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La izquierda no aprende la lección: PSOE y Podemos quieren recuperar el control de las cajas de ahorros

Socialistas y podemitas proponen crear una gran banca pública, pese a la quiebra de las cajas, su rescate y las irregularidades detectadas.

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Socialistas y podemitas proponen crear una gran banca pública, pese a la quiebra de las cajas, su rescate y las irregularidades detectadas.

Ni la quiebra de las extintas cajas de ahorros ni los numerosos desmanes que ha cometido el poder político al frente de estas entidades ha hecho recapacitar lo más mínimo a la izquierda española. Lejos de aprender la amarga y costosa lección de la reciente crisis financiera, PSOE y Podemos apuestan abiertamente por crear de nuevo una gran banca pública, controlada por los políticos, a imagen y semejanza del quebrado modelo de cajas de ahorros.

El partido de Pablo Iglesias, con el apoyo de los socialistas, presentó la semana pasada una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno impulse la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), pero con el fin de que su capital se mantenga en manos del Estado, evitando así su privatización, tal y como exige el memorando de rescate financiero firmado con las autoridades comunitarias. La privatización de Bankia se había previsto, inicialmente, para este año, pero el Ejecutivo del PP ha optado por retrasarla a 2019, y para 2020 en el caso de BMN.

Esta iniciativa no salió adelante, ya que fue rechazada por los votos de PP, Ciudadanos, PNV y PDECat, pero da buena cuenta de la particular hoja de ruta que está diseñando la izquierda para el futuro del sector financiero. El líder de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Xavier Domènech, señaló durante su intervención en el Congreso para defender esta medida que, pese a que el rescate de las cajas fue "el mayor robo perpetrado en la historia en nuestro sistema económico", su idea es crear otra gran banca pública para, entre otras cosas, aplicar políticas contracíclicas en caso de futuras crisis… Es decir, conceder crédito de forma masiva al sector público y privado a costa del erario público con la vana intención de estimular el crecimiento.

El diputado del PSOE José Javier Lasarte, por su parte, abogó por "mantener y desarrollar" las entidades que ya existen, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o las cajas nacionalizadas, para ver "qué tipo de banca pública" se desarrolla, con el fin de "introducir actores públicos donde existen fallos de mercado" y articular "una banca más social".

Esta idea no es nueva. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, posible candidata a liderar el PSOE, ya propuso la necesidad de crear una "Entidad Pública de Crédito de Andalucía", así como impulsar líneas de crédito empresarial avalados por el Gobierno regional. El exsecretario general del PSOE y aspirante a las primarias, Pedro Sánchez, va incluso más allá, tras anunciar el lunes su intención de crear todo un sector de banca pública y otro de banca cooperativa y social para conceder crédito, un modelo similar a las cajas existentes hasta hace poco, cuyo peso casi representaba la mitad del sistema financiero nacional.

Asimismo, el también aspirante a la Secretaría Patxi López defiende crear gran grupo financiero público formado por Bankia, BMN y el ICO. "Acabamos de salvar a Bankia con miles de millones de recursos públicos. Y ahora que está saneada ¿qué hacemos, la vendemos? Pues yo digo que no, yo digo que mantengamos ese banco público para montar junto con BMN y el ICO un polo financiero con recursos públicos que ayude a la economía productiva de este país […] ¿Por qué vamos a renunciar desde lo público a ayudar a la economía real? ¿Por qué vamos a renunciar desde lo público incluso a invertir en nichos generadores de nuevos empleos en los que a día de hoy la iniciativa privada no vea negocio y no quiera invertir de momento? ¿Por qué?". La cuestión es que existen numerosas e importantes razones para rechazar tal iniciativa…

Banca por y para políticos

La "banca pública" se traduce en una banca absolutamente politizada, controlada por y para políticos, cuyo coste, sin embargo, recae sobre los hombros del conjunto de los contribuyentes. Basta echar un breve vistazo a los exdirigentes de las antiguas cajas de ahorros y sus cúpulas para comprobar este particular pesebre político, donde partidos, sindicatos y patronales enchufaban a sus miembros pese a su nula capacidad y experiencia en materia financiera.

Jesús Cabezón Alonso (Caja Cantabria), político, poeta y articulista; Jaume Boter de Palau (Caixa Laietana), floricultor y perito agrícola; José Luis Ros Maorad (Caja Guadalajara), licenciado en Geografía e Historia, concejal, diputado y senador del PSOE; Modesto Crespo (CAM) inició su trayectoria profesional vendiendo coches; Santiago Gómez (CajaSur), obispo; Santos Llamas (Caja España), constructor; Julio Fermoso (Caja Duero), doctor en Medicina; Antonio Jara (Caja Granada), doctor en Derecho y expolítico; Miguel Sanz (Caja Navarra), expresidente del Gobierno navarro; Narcís Serra (Caixa Catalunya), exministro y exvicepresidente del Gobierno con el PSOE; Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha), expolítico del PSOE; Miguel Blesa (Caja Madrid), inspector de Hacienda; Rodrigo Rato (Bankia), exministro y vicepesidente del Gobierno con el PP...

En 2009, antes de que cayera la mayoría de las cajas de ahorros españolas, tan sólo un tercio de los 45 presidentes de las cajas tenía estudios de postgrado. Además, hasta 2010, estas entidades mantuvieron a sueldo a más de 3.600 consejeros, muchos de ellos procedentes también de partidos, sindicatos y patronales.

Nefasta gestión financiera

Esa falta de profesionalidad se tradujo, entre otras cosas, en una nefasta gestión financiera. Así, durante los años de burbuja inmobiliaria, las cajas se expusieron más al sector del ladrillo que los propios bancos privados, hasta el punto del que el 70% de sus créditos en 2007 estaban destinados al sector inmobiliario frente al 50% de la banca privada.

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En concreto, las cajas acumulaban a principios de 2008 una exposición al ladrillo de casi 600.000 millones de euros, pero apenas contaban con 80.000 millones de euros para absorber las pérdidas derivadas de esa cartera. Tal y como explica Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, "bastaba una depreciación cercana al 20% de sus activos inmobiliarios -un escenario en absoluto descabellado ante el enorme burbujón experimentado- para que las entidades padecieran un déficit de capital de 40.000 millones de euros: esto es, para que estuvieran quebradas".

Quiebra y factura de 60.000 millones de euros

Dicho y hecho. La crisis financiera española, a diferencia de lo que sucedió en otros países, afectó a la banca pública, no a la privada. Lo que quebró en España fueron, precisamente, las cajas de ahorros, no los bancos.

Según los últimos datos del Banco de España, la factura del rescate público de las cajas ronda los 61.500 millones de euros, de los que 53.553 millones han sido aportados por el contribuyente vía Frob, y 7.942 millones por la banca a través del Fondo de garantía de Depósitos. Asimismo, parte de este dinero, unos 40.000 millones, fueron aportados por los socios del euro al Gobierno español.

Y todo ello, sin contar que los políticos, no los banqueros, fueron los que idearon la venta de preferentes y acciones entre los ahorradores minoristas, con las consiguientes pérdidas para los inversores. Una práctica que, en todo caso, ha sido -y sigue siendo- cuestionada por los tribunales de Justicia.

Irregularidades, clientelismo y corrupción

Tras la nacionalización de las cajas, el Ministerio de Economía abrió una investigación interna sobre la gestión llevada a cabo en dichas entidades, y, en un principio, cifró en 2.600 millones de euros el quebranto económico producido por más de 40 operaciones potencialmente irregulares. Desde entonces, el FROB se ha personado en decenas de causas penales contra las antiguas cúpulas de las cajas, en su mayoría por la concesión y cancelación de préstamos que perjudicaron a las entidades y beneficiaron a "algunos" gestores.

Y todo ello, sin contar que las cajas ejercían de facto como brazo financiero de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos en manos de los partidos políticos, pudiendo financiar a su antojo proyectos y obras de muy dudosa rentabilidad y utilidad pública, generando de paso un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de redes clientelares, nepotismo y corrupción.

Indemnizaciones millonarias

Por último, cabe recordar que entre 2004 y 2010, el sueldo de los altos directivos de las principales cajas de ahorros se disparó un 47%, a pesar de que su beneficio se redujo un 7%, mientras que en los grandes bancos creció un 42%, menos que los beneficios (+46%) registrados durante ese período.

Algunos de los casos más sangrantes se produjeron en CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia (NCG) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), donde la remuneración media de la cúpula creció un 93%, un 68% y un 94%, respectivamente, mientras que los beneficios cayeron un 53% en el caso de la primera y un 47% en el de la segunda, y aumentaron solo un 3% en el de la entidad alicantina hasta 2010. Además, una vez quebradas y rescatadas con dinero público, las cajas desembolsaron en indemnizaciones y pensiones a sus antiguos gestores casi 200 millones de euros.

La banca pública, por tanto, ha sido un gran negocio para el poder político, pero una ruina para los contribuyentes y el conjunto de la economía nacional. Aún así, PSOE y Podemos pretenden ahora resucitar el cadáver de la banca pública.

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