Cuando afirmo que Italia está gobernada por populistas no descubro nada nuevo. Tampoco si les digo que Europa va camino del estancamiento secular, con un impacto relevante sobre la estabilidad social e institucional del viejo continente.
Lo que puede que no conozcan tanto de primera mano es lo necesaria que es la refundación de la Unión Europea y la vuelta a un Maastricht versión 2. La Comisión Europea acaba de abrir un proceso sancionador a Italia por incumplimiento de los compromisos de déficit y ausencia de medidas correctoras. Esto supone abrir la caja de Pandora en Europa y atacar directamente la hipocresía y debilidades estructurales del proyecto europeo, pero no servirá.
En primer lugar, el problema de Italia no son sólo sus finanzas públicas. Italia tiene un problema de crecimiento y de sostenibilidad de sus finanzas. No me verán nunca escribir que la Unión Europea es la responsable de los problemas de crecimiento de ningún país, pero sí que el campo repleto de incentivos perversos que ha montado es carne de cultivo para casos como el italiano.
Observando las cuentas de nuestros socios, vemos que no es un problema de gastos. De hecho, en 2018 sólo incremento el gasto en un 1%. Lo que sí que preocupa es la estructura de ese gasto. De los casi 10.000 millones de euros de incremento del gasto en 2018, 5.100 fueron atribuibles a la compensación de empleados públicos (+3,1%) y 7.600 a beneficios sociales (+2,2%). Por contrapartida, el gasto no corriente y la inversión pública cayeron notablemente, junto con una ligera caída del gasto por intereses, influenciados positivamente por el efecto de la política del BCE.
O, lo que es lo mismo, Italia ha cuadrado las cuentas públicas engordando el gasto corriente y clientelar del estado de bienestar y adelgazando el componente público necesario para que la actividad privada se desarrolle con normalidad. Sin olvidar el enésimo incentivo perverso del BCE, claro.
Que el problema financiero de Italia también tiene que ver con la actividad económica y con el paradigma de crecimiento se ve por el lado de los ingresos. Su crecimiento fue del 1,6% (raquítico, por cierto) gracias, principalmente, a la tributación indirecta y a un incremento de las contribuciones a la Seguridad Social. Esto, que debería ser una buena noticia, se tuerce cuando uno se da cuenta de que el populismo italiano ha logrado durante el año pasado:
- Incremento de los salarios públicos (por decreto) cuatro veces superior al de los salarios del sector privado.
- Puesta en marcha de la renta ciudadana, una ayuda directa que afecta a cinco millones de beneficiarios en el país. Recibirán ayudas estatales que variarán desde los 780 euros a los 1.330, dependiendo del número de miembros del núcleo familiar.
- Puesta en marcha de a la reforma de la ley de pensiones, que estará basada en la "cuota 100". Es decir, que los italianos podrán jubilarse cuando sus años de edad y de cotización sumen cien, lo que les permitirá dejar de trabajar con 62 años y 38 cotizados. El impacto estimado por el gobierno italiano es de 22.000 millones de euros entre 2019 y 2021.
O, lo que es lo mismo, un chute de demanda doméstica que se diluirá más pronto que tarde y un incremento artificial de las cotizaciones sociales por decreto que desaparecerá este mismo año. Mientras, los salarios privados se hunden por debajo de la inflación y el mercado de trabajo comienza a deteriorarse, incrementándose la tasa de paro en 3 décimas.
Obviar que un país que ha salido por los pelos de la recesión técnica (y volverá a lo largo de 2019) tiene unos problemas tan serios de modelo productivo e imponer una sanción económica con cargo a una senda de déficit que es evidente que incumplirán es pegarte un tiro en el pie y abocar al país al enfrentamiento directo con la UE. Miren donde miren, Italia está, en el mejor de los escenarios, en una situación de recesión estructural. Cuesta encontrar un dato económico bueno.
En segundo lugar, porque la medida tiene claros tintes políticos. El establishment europeo, es decir, los partidos tradicionales de las economías más importantes, han incumplido reiteradamente los compromisos sin efecto alguno. Sobra recordar que Francia y Alemania, dos de los grandes cerebros de la UE, fueron los primeros en incumplir los compromisos de Maastricht, ya desde el año 2002. El caso francés es especialmente relevante, con un déficit crónico y mantenido desde la década de 1970.
No hace falta ir tan lejos. España está en la cesta de incumplidores durante los últimos años de expansión económica e incremento de la deuda pública hasta casi el 100%. Las asimetrías nacionales fomentarán el sentimiento antieuropeo y darán la coartada perfecta a los populistas italianos para alimentar el Italexit en caso de que este procedimiento continúe.
Y, por último, intentar arreglar un problema estructural de la UE acudiendo a los elementos coyunturales es como arreglar la cerradura de una casa a machetazo limpio contra una de las ventanas. Imponer una multa a un país con un problema serio de cumplimiento de sus compromisos financieros, con un sector financiero ahogado y una economía que muestra un encefalograma plano es absurdo. El argumento populista de "tenemos uno de los superávit primario más holgados de toda la UE y, sin embargo, estamos sumidos en déficit crónico por Europa" adquirirá más fuerza que nunca y pondrá a la opinión pública en contra del proyecto europeo.
Entonces, vendrán las pugnas con las autoridades, las amenazas de impago y, en última instancia, el corte del grifo del BCE. El perfecto manual del populista que ya hemos contado en esta columna. Es cierto que la Unión Europea no cuenta con elementos de control y sanción más allá de las económicas. Por eso hay que volver a los orígenes y recuperar el Tratado de Maastricht, pero añadiendo elementos de responsabilidad por parte de los gobiernos nacionales y, sobre todo, procedimientos de salida de la Unión Europea, tanto voluntarios como forzosos, por causas que pongan en peligro la estabilidad de la zona euro en su conjunto como la que nos atañe.
Sin embargo, no es menos cierto que el camino elegido por Italia nos acerca a la UE un poco más al abismo, y el riesgo sistémico existe. La prima de riesgo de 300 puntos básicos, cercana a la griega, ya es de por sí escandalosa. Si, además, se le añade la morfina del BCE y el efecto a la baja que está teniendo en toda Europa, no es difícil concluir que la situación real del país transalpino, en condiciones normales, conduciría a una prima de entre 500 y 600 puntos básicos.
El tablero político no ayuda, con una polarización que acabará entre un gobierno tecnócrata o uno fuera de la UE. Y no, Italia no es Reino Unido. Pero puede hacerle mucho daño a Europa. Mientras nuestros parlamentarios hablan sobre el nuevo New Deal Verde, en Europa se fragua la fortaleza económica de los próximos años. Y pensamos que con 3.500 millones de euros de multa por parte de Bruselas lo vamos a frenar.