El programa de Gobierno que firmaron el pasado lunes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias coge a la economía española con el pie cambiado, ya que la recuperación que ha protagonizado España desde 2014 muestra crecientes síntomas de agotamiento desde hace meses.
En este contexto, la puesta en marcha del pacto acordado entre PSOE y Podemos amenaza con convertir la actual desaceleración en un preocupante estancamiento, al tiempo que se trunca la creación de empleo, aumenta otra vez el déficit público y se asesta un nuevo y duro golpe a los futuros pensionistas. Estas serían las principales consecuencias, tanto a nivel económico como presupuestario, de la coalición socialcomunista.
España crece hoy a una tasa inferior al 2%, muy lejos del 3% registrado hasta hace apenas dos años. En concreto, el PIB avanzó un 1,9% interanual en el tercer trimestre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A esta señal de debilidad se suma el hecho de que la actividad del sector privado registró el pasado octubre su nivel más débil en casi seis años, especialmente en el ámbito de las manufacturas, que se encuentra en contracción (por debajo de 50 puntos), según los últimos Índices de Gestión de Compras.
La combinación de proteccionismo comercial a nivel mundial e incertidumbre política a nivel interno ya está afectando de forma negativa a la actividad económica, según alerta el último informe de UFM Market Trends sobre España. Esto último se refleja especialmente en la caída que está experimentando la inversión extranjera directa en España en los últimos meses.
Más impuestos y trabas
El problema es que las subidas de impuestos y las nuevas trabas a las empresas que incluye el citado programa no sólo no ayudarán en nada a revertir esta situación, sino que agravarán e intensificarán sus efectos, con el consiguiente impacto sobre el crecimiento del PIB, que bien podría padecer un frenazo superior al registrado en 2019. De este modo, la tasa interanual del PIB corre el riesgo de aproximarse más al 1% que al 1,5% en 2020, en función del grado de cumplimiento del pacto PSOE-Podemos. Un crecimiento del 1% o inferior supondría dejar atrás la recuperación para entrar de lleno en una nueva fase de estancamiento.
Entre otras medidas a nivel fiscal, Sánchez e Iglesias fijarán una tributación efectiva mínima del 15% a las grandes empresas, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos, al tiempo que elevarán dos puntos el IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a la parte que exceda de 300.000. Asimismo, el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para las ganancias superiores a los 140.000 euros.
Y todo ello sin contar un incremento sustancial y generalizado de la fiscalidad verde, el incremento de las cotizaciones de los autónomos -pagarán por sus ingresos-, la aplicación de un nuevo impuesto a las "grandes fortunas", la creación de la tasa Google a servicios digitales, la tasa Tobin sobre la compra de acciones españolas o la guerra declarada a Sicavs y Socimis, cuya apertura pone en duda su supervivencia en España.
Más déficit y deuda
Además, aunque dicho pacto no incluye memoria económica, evitando así cualquier estimación sobre su impacto presupuestario, tales subidas de impuestos se antojan claramente insuficientes para financiar los numerosos y sustanciales incrementos de gasto que prometen PSOE y Podemos en materia de educación, sanidad, servicios sociales y, especialmente, pensiones.
Como resultado, el déficit público aumentaría. España cerró 2018 con un agujero del 2,5% del PIB y todo apunta a que este año alcanzará una cifra similar, por encima del 2%. Si el gasto, lejos de frenarse, se intensifica, este desequilibrio aumentará, en un contexto financiero muy delicado, ya que la deuda pública roza el 100% del PIB. Cualquier alza relevante de los tipos de interés o la aparición de nuevas turbulencias en los mercados financieros volvería a poner en aprietos la solvencia del Estado.
Más paro
Sin embargo, lo más preocupante es, de lejos, la futura derogación de la reforma laboral. Con una tasa de paro que todavía ronda el 14%, la introducción de nuevas rigideces y el incremento de costes laborales se traducirá, de una u otra forma, en una menor creación de puestos de trabajo y, en última instancia, en la elevación del desempleo.
Entre otras medidas, PSOE y Podemos prometen recuperar la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa, así como mantener su vigencia hasta la aprobación de uno nuevo, al tiempo que dificultan el descuelgue salarial de las empresas en caso de dificultades económicas, así como la libertad de contratación y despido. Sánchez e Iglesias prefieren ignorar que la rigidez salarial, fruto de la imposición de convenios colectivos, fue lo que disparó la destrucción de empleo durante los peores años de la crisis, tal y como han advertido en diversas ocasiones el Banco de España, BBVA Research o Fedea.
Asimismo, la subida del salario mínimo a 1.200 euros al mes que proponen ambas formaciones perjudicará muy especialmente a los trabajadores menos cualificados y a las pymes, como también evidencia el economista Juan Ramón Rallo. En definitiva, este acuerdo programático lastrará la creación de empleo y contribuirá a impulsar el paro en un momento muy delicado a nivel laboral.
No en vano, la ocupación apenas avanzó en 69.400 personas en el tercer trimestre, según la última Encuesta de Población Activa, frente a las 183.900 del mismo periodo del año anterior y las 235.900 de 2017. Como resultado, la reducción en la tasa de paro prácticamente se ha estancado y, a corto y medio plazo, corre el riesgo de subir.
Más recortes a los futuros pensionistas
Por último, PSOE y Podemos también han decidido derogar la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno del PP en 2013. Por un lado, actualizarán la subida anual de estas prestaciones en función del "IPC real", derogando con ello el Índice de Revalorización todavía vigente, y, por otro, eliminarán el denominado Factor de Sostenibilidad, que fijaba el cobro de la primera pensión en función de cómo evolucionase la esperanza de vida.
Ambas medidas se diseñaron con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social a medio y largo plazo, de modo que el inevitable recorte que sufrirán estas prestaciones se repartiera de forma más o menos gradual y equitativa entre las distintas generaciones de pensionistas, las actuales y las futuras.
Según las estimaciones de Fedea, la derogación de la reforma de 2013 incrementará el gasto anual en pensiones en unos 5 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a más de 50.000 millones de euros actuales, sin que existan recursos suficientes para financiarlas, de modo que la factura recaerá sobre los futuros pensionistas de manera mucho más intensa, ya sea en forma de fuertes subidas de impuestos hoy y/o mayores recortes en sus respectivas prestaciones mañana, cuando les llegue el momento de la jubilación.
