El modelo autonómico español lleva décadas de castigo. Para empezar, un país en el que coexisten tres haciendas distintas, con autonomía recaudatoria, así como un modelo de financiación distinto, según qué comunidades, ya genera la primera desigualdad entre españoles: los que soportan una corresponsabilidad en los ingresos y en los gastos autonómicos y los que sólo lo hacen en lo segundo.
Pero hay más. Las 14 comunidades autónomas que comparten un régimen de financiación autonómica están sujetas a un sistema del que dependen los servicios públicos fundamentales y, al unísono, emiten quejas sobre el sistema de financiación autonómica. Eso significa, sencillamente, que es un sistema que hay que cambiar. Lleva funcionando 11 años, gracias a Zapatero, y, evidentemente, no se puede afirmar que funcione.
Las razones son evidentes. Es un sistema de financiación complicado, opaco, arbitrario y que elimina de raíz cualquier incentivo a la prosperidad y cualquier atisbo de responsabilidad individual de los políticos que gobiernen en las distintas comunidades autónomas.
Lo único transparente y comprensible (aunque con dificultades) es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Un mecanismo que parece una buena idea, hasta que te das cuenta de que sólo tres comunidades autónomas (Madrid, Cataluña e Islas Baleares) aportan más de lo que reciben, y sólo Madrid ha contribuye con el 75% de los fondos que desde 2009 ha redistribuido este mecanismo.
Dicho de otra manera: la única pieza transparente y trazable del sistema de financiación autonómica ha convertido el país en un conjunto de autonomías que viven a costa, fundamentalmente, de la Comunidad de Madrid.
Esto, tras 11 de años de desequilibrios continuados, refleja que los incentivos a mejorar la capacidad recaudatoria de gran parte del territorio español son nulos, mientras que las necesidades de gasto permanecen intactas, e incluso se incrementan por la evolución demográfica de estas regiones.
La manipulación de Sánchez
El resto de elementos del sistema de financiación autonómica son un foco de decisiones arbitrarias y, en muchos casos, injustificadas. Valga como ejemplo la financiación de lo que la ley denomina "competencias no homogéneas", a saber: competencias lingüísticas, policía autonómica… en definitiva, todo aquello que algunas regiones están usando de argumento para justificar su singularidad y que estamos pagando entre todos.
Sin olvidar tampoco el conflicto surgido el año pasado a colación de los fondos autonómicos, y que aún colea entre Pedro Sánchez y las comunidades autónomas. Tras usar las entregas a cuenta cono herramienta de presión para la investidura fallida y como arma electoral para las elecciones del 10N, ahora mantiene en las arcas del Gobierno Central 5.200 millones de euros que no le corresponden. De ellos, 2.500 millones corresponden a la liquidación del IVA del año 2017 con las comunidades autónomas; 2.000 millones corresponden a desembolsos no efectuados a las eléctricas por el déficit de tarifa; 200 millones, a derechos de pagarés a Andalucía y 416 millones, por el Fondo de Garantía Asistencial de Sanidad para la Comunidad Valenciana.
Dicho de otra manera, Sánchez está usando 3.116 millones que tenían que fluir hacia las comunidades a través del sistema de financiación para ir a Bruselas con alguna razón (y de poco peso) a renegociar la senda de déficit.
Este dinero es déficit transferido desde el Gobierno Central a las comunidades autónomas. Con él, Sánchez pretende transmitir fortaleza en la contención del déficit del Gobierno Central ante Bruselas para lograr una flexibilización de los compromisos presupuestarios, y no dudará de hacer gala de la capacidad de control que tiene sobre muchas de las comunidades autónomas a través de los mecanismos de liquidez que pone el Estado a las autonomías.
Un gusano dentro de una manzana
Y aquí va a haber un punto de fricción importante. La ministra Montero convocó el pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras 18 meses en el cargo (cabe recordar que este organismo debe convocarse dos veces al año), con las regiones en pie de guerra. Tras la asfixia, las deudas no pagadas, los malos datos de paro y los privilegios que ya se han reconocido para Cataluña, hasta los socialistas Lambán y Page acudieron con serias reticencias sobre la evolución del país.
No es para menos. Con datos hasta noviembre, las comunidades autónomas han pasado de un superávit de 1.200 millones de euros en 2018 (0,1% del PIB) a un déficit de 3.125 millones en 2019 (-0,25% del PIB). Esto, teniendo en cuenta que diciembre tradicionalmente es un mes de pagar facturas atrasadas y, por lo tanto, el déficit se dispara, hace difícil conseguir el objetivo de déficit regional del -0,1% del PIB. Incluso, hay regiones como Valencia, Murcia, Extremadura y Castilla La Mancha que ya acumulan un déficit del 1%.
En este contexto, en el Consejo de Política Financiera y Fiscal se trataron dos temas de máximo interés. El primero fue una renegociación del objetivo de déficit, que no es más que aumentar las vulnerabilidades de las regiones más atrasadas, alejarlas de nuevo de los mercados y hacerlas más dependientes del Estado. Concretamente, pasamos de un objetivo de déficit del 0% para 2020 a uno del 0,2% para 2020, 0,1% para 2021 y del 0% para 2022. Lo que supone, en definitiva, volver a los viejos errores de crecer con cargo a déficit y obviar lo que está haciendo la mayor parte de países responsables que avanzan hacia el superávit.
Además, el Gobierno central cava la tumba de las regiones con los 2.500 millones de IVA que les adeuda, tal y como hemos comentado anteriormente. Les informó de que no van a ser transferidos y de que no computarán para el objetivo de déficit 2019 y puso a su disposición el FLA al 0% para hacer frente a sus compromisos de pago.
Las dio, en definitiva, un gusano escondido en una manzana impoluta. El cómputo del objetivo de déficit es algo meramente contable. Lo realmente importante es la deuda que van a tener que asumir las regiones con cargo a un ingreso que no van a tener. Bien en los mercados, o bien a través del FLA, los ciudadanos tendrán que volver a pagar en el futuro por algo que ya han pagado.
Cataluña vs Madrid
Lo que no se tocó en esta cita fue el futuro del nuevo modelo de financiación autonómica. Un modelo que ya parte de la base errónea de otorgar a Cataluña un estatus superior al resto de autonomías como parte del modelo de negociación de una España "para lo que no es suficiente la ley", según palabras de Pedro Sánchez.
Este modelo de financiación se abre en canal con la unidad nacional en jaque y bajo la batuta de un Gobierno socialista que no tendrá ningún reparo en aprobar una nueva normativa que no vaya a favor de nadie y sólo en contra de Madrid. Porque la responsabilidad fiscal para nuestro gobierno es un cuento chino cuando puede tener cada vez a más ciudadanos formando parte de su red clientelar, y, por eso, no tendrá ningún inconveniente en aumentar en, al menos, 2.000 euros la factura fiscal de cada madrileño como parte del proceso de "armonización" fiscal que nos espera.
Para algunos, la negociación de privilegios está por encima de la libertad conseguida por méritos propios. Por eso, les molesta tanto el liderazgo de Madrid, y lo han situado como pieza de caza mayor dentro del Gobierno más intervencionista y liberticida de nuestra historia contemporánea.
Lo pagaremos todos los españoles. Ya lo estamos haciendo con nuestros empleos, y lo haremos con la unidad de España y la pérdida de los valores fundamentales que han construido la sociedad más próspera de nuestra historia y el país que llegó a ser la sexta potencia mundial.