El Gobierno ni come ni deja comer. Las empresas se encuentran haciendo verdaderos malabares para reincorporar a sus empleados en la vuelta hacia esa "nueva normalidad" que vende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Varios departamentos de Prevención y Riesgos Laborales que trabajan para hospitales privados, fábricas y compañías tecnológicas han confirmado a Libre Mercado que están intentando sortear la normativa del Ministerio de Sanidad que impide hacer test de coronavirus a la población sin prescripción médica.
La orden de Salvador Illa implica la obligación de asumir riesgos a los empresarios. Si una propietaria de peluquería o el dueño de un restaurante no puede testar a sus trabajadores, ¿cómo saber si no están incorporando a un contagiado asintomático? Y si, posteriormente, tampoco pueden realizar semanalmente pruebas al camarero o a la peluquera, ¿cómo conocer que no están contagiando a los clientes?
A estas cuestiones que son de Perogrullo no responde Fernando Simón ni el Ministro de Sanidad. Mientras en el resto de países no existe semejante intervención de test a los laboratorios, en España cabe preguntarse al menos si el Gobierno pretende responsabilizar a los empresarios de un rebrote en otoño: ¿hay una estrategia propagandística gubernamental de cara a una posible segunda ola tras el verano?
Si los laboratorios consultados por Libre Mercado descartan que haya escasez y aseguran que en el mercado internacional hay test y se pueden comprar a mansalva, ¿por qué el Gobierno no permite a los empresarios realizar las pruebas diagnósticas masivas del Covid-19? Intentar resolver estas incógnitas no resulta descabellado.
Sin ir más lejos la CEOE (que ya se las ve venir) ha exigido al Ministerio de Sanidad que se permita hacer test de detección del coronavirus a los empleados para la vuelta al trabajo en las fases de "desescalada" con el objetivo de cumplir con todos los protocolos sanitarios. De lo contrario, la patronal alerta del grave impacto en la actividad económica que provocaría hasta una caída del 12% del PIB en otoño.
En esta difícil tesitura se encuentran desde el empresario hotelero hasta la dueña del bar Paqui. Abrir o no abrir, esa es la cuestión. Si ya vimos cómo el Gobierno y sus terminales mediáticas les echaban la culpa a la población de posibles nuevos contagios por un supuesto mal comportamiento generalizado en la calle, no es de extrañar que, de haber un repunte, los culpables sean los empresarios por no haber velado por la seguridad de sus trabajadores y clientes al anteponer la economía a la salud pública. ¿Les suenan estas consignas políticas?
Bien, la estrategia propagandística que podría preparar el socialcomunismo gobernante puede incluso respaldarse en las futuras demandas que ya auguran expertos abogados del Derecho Laboral. ¿Que será más fácil reclamar al Gobierno o al jefe por un contagio de coronavirus? Veamos a qué se enfrentan los empresarios españoles a los que ha dejado el Gobierno con una mano delante y la otra detrás.
Compensaciones económicas
El Gobierno modificó mediante un decreto ley del estado de alarma que si se prueba que el contagio por Covid-19 se ha producido en el puesto de trabajo, se le aplicarán los recargos en las prestaciones a cargo de la empresa, las indemnizaciones por fallecimiento o las responsabilidades civiles o penales idénticos al de un accidente laboral.
Dicho lo cual, Max Arias, abogado laboralista del Despacho Crowe Legal y Tributario que asesora a empresarios, reconoce que van a producirse numerosas demandas contra los empresarios ligadas a exigir compensaciones económicas por enfermedad de coronavirus que pueden ser estratosféricas, en algunos casos. Al letrado no le cabe la menor duda de que sus clientes y empresas van a cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Ahora bien, el escenario al que los aboca el Gobierno dejándolos sin test está lleno de incertidumbres y los lleva a tomar la difícil decisión de si se arriesgan o no.
"Sabemos que va a haber demandas. En el ámbito laboral cuando existe una contingencia como un accidente laboral o enfermedad profesional por coronavirus, esto puede llevar aparejado un sinfín de reclamaciones contra el empresario. Implica acabar en la imposición de recargo de prestaciones económicas a favor del trabajador y contra la empresa por incumplir supuestamente medidas de seguridad. Como abogado con una larga trayectoria de defensa de clientes empresarios, me consta que ya se están encargando muchos letrados especializados en la defensa de trabajadores, gabinetes jurídicos de sindicatos y despachos colectivos de sacar punta a este tipo de situaciones. El contexto del Covid-19 se utilizaría como aprovechamiento para recopilar reclamaciones colectivas que terminaría con una última indemnización por daños y perjuicios contra el empresario de dimensiones millonarias, en muchos casos", aclara el abogado laboralista a Libre Mercado.
Otra de las razones que empujarían al aluvión de demandas por contagio por covid-19 son los incentivos perversos históricamente implantados en España contra el empresariado. "En la jurisdicción social existe un principio procesal que indica que el trabajador es una parte débil y puede acudir a la vía jurisdiccional sin que esto le signifique la implantación de costas. Tú puedes pedir lo que quieras contra el empresario. En España demandar al jefe sale gratis a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones como la civil. El empleado nunca pagará las costas del juicio si pierde. Esto quiere decir que puedes reclamar hasta un millón de euros y si sale bien, bingo, pero si sale mal no pasa nada, no hay riesgo de condena de costas", razona el abogado especialista.
El panorama es bastante desalentador. Max Arias tiene claro que el rebrote, de haberlo, no va a ser culpa de los empresarios. De hecho, los técnicos prevencionistas trabajan a todo tren en las medidas de seguridad sanitarias que ya hemos visto, por ejemplo, en supermercados. No obstante, el experimentado letrado avisa a clientes y empresarios de que estén preparados para el devenir de los acontecimientos: "No podemos negar los abogados que defendemos a empresas que existen muchos despachos colectivos, medianos y letrados individuales especializados en la defensa de los trabajadores que van a aprovechar la coyuntura. Lamentablemente se va a especular y se va alimentar para que se presenten este tipo de demandas en las que se intentará hacer valer que el contagio del coronavirus se ha producido en el trabajo. No tengo duda de que lo vamos a vivir y no va a pasar muchos meses hasta que lo veamos".
Comunismo institucional
Hay que apuntar y recordar la ideología anticapitalista que caracteriza a buena parte de los ministros del Gobierno. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo puesta por Podemos, procede del partido Comunista de Galicia. Díaz dio el salto a Izquierda Unida y de ahí, a En Marea. Cuando fue anunciada por el vicepresidente podemita, Pablo Iglesias, las patronales temblaron por ser una vieja conocida del sindicalismo comunista.
Max Arias critica la amalgama de modificaciones de los decretos dictados por el Gobierno desde que declarara el estado de alarma. Los letrados han sufrido en sus carnes largas horas de lectura para entender disposiciones legales anunciadas que nada tenían qué ver con la letra pequeña que encuentran siempre. Si algo ha sacado en claro este abogado es que la línea ideológica del Gobierno va contra el empresariado.
"Yo intento decirle a mis clientes empresarios que en el contexto de todos estos decretos Ley del último mes y medio, con todo este aluvión de cambios, todo va en la línea de no ayudar a los empresarios. Así se lo digo a mis clientes, lamentablemente, el planteamiento del Gobierno es ese. Caen decretos al estilo de Aló Presidente y ya me está dando miedo leer las disposiciones adicionales y transitorias de la siguiente prórroga del estado de alarma. Se limitarán a corregir las anteriores y no va a ser para facilitar la labor a las empresas. Eso lo sabemos".
La línea de pensamiento izquierdista que presupone maldad a todo aquel que dirija una empresa en España, responde a enseñanzas universitarias y ambientes académicos socialistas y comunistas desde los 90, tal y como expone el letrado laboralista. "Es un viejo discurso de toda esta escuela doctrinal formada por profesores de derecho, catedráticos de trabajo, abogados laboralistas, jueces de lo social de significación pretendidamente progresista e inspectores de trabajo. Con todo el despliegue de la normativa de prevención en el trabajo desde el año 1995 hasta ahora, estos letrados y jueces llegaron a decir por escrito que la deuda de seguridad y salud del empresario con el trabajador era ilimitada. Lógicamente esto fue posteriormente enmendado por altos tribunales y los pusieron en su sitio. Es cierto que sí existe una deuda de seguridad de la salud del empresario con el empleado, pero no es ilimitada ni mucho menos. Es la línea ideológica infantilizante de tratar a un trabajador como a un púber, como alguien que no es adulto, que no sabe razonar. Así se hace un flaco favor al conjunto de trabajadores al tratarlos como borregos".
A este respecto, el abogado concluye que las ideas de Yolanda Díaz se han forjado en dichos preceptos ideológicos. "Ha convertido su Ministerio en una herramienta de propaganda política. Díaz es abogada laboralista y algunos contenidos que plantean sonrojan a los profesionales del ámbito jurídico. Yo entiendo que quieran lanzar un mensaje político, pero en muchas ocasiones nada tiene que ver con las realidades jurídicas como lo del "prohibido despedir". Esto es falso. Ella lo sabe porque es anticonstitucional y colisiona con el principio de libertad de empresa. Pero la ministra convierte en realidad aquella máxima que decía que a base de repetir una y mil veces una mentira acabará por convertirse en verdad".
Para prevenir, y hasta que Illa autorice a las empresas privadas la realización de test, el letrado aconseja a las empresas consultar a sus departamentos de Prevención y Riesgos Laborales cuáles son las medidas de seguridad sanitarias más óptimas y seguras para el regreso a la actividad laboral y comercial.