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España pagará con impuestos y puestos de trabajo la factura del cambio de régimen

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor impacto económico en el primer trimestre del año. La tasa de paro es del 35% si contamos los ERTE.

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España es el segundo país de la Unión Europea con mayor impacto económico en el primer trimestre del año. La tasa de paro es del 35% si contamos los ERTE.
Varios voluntarios del economato interparroquial gestionado por Cáritas en la ciudad de Torrent (Valencia) | EFE

El camino que está tomando España ante la peor crisis económica de su historia económica más reciente es el contrario a cualquier esquema económico mínimamente racional. Ante una situación de elevada incertidumbre como la actual, lo óptimo es actuar para contrarrestarla, lo menos malo es no hacer nada, y lo fatal es hundir al país en el caos político, económico y social.

Las cifras confirman lo que muchos economistas llevamos advirtiendo desde hace tiempo: España afronta la crisis económica del Covid 19 desde el vagón de cola en Europa. Las razones ya las explicamos en esta columna (lean), y las cifras así lo avalan. Según los últimos datos hechos públicos por Eurostat, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor impacto económico en el primer trimestre del año. Estar en esta situación con tan sólo 15 días de confinamiento es sinónimo de contar con una caída que podría superar el 20% del PIB en el segundo trimestre del año y que nos aboca a un descenso de doble dígito en 2020.

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El gobernador del Banco de España fue contundente en su intervención en el Congreso de los Diputados: El escenario base presentado hace tan sólo unas semanas cada vez se acerca más al de una hipótesis optimista, mientras que la caída del -13,6% del PIB que se señalaba como algo lejano, cada vez se parece más a lo que va a ocurrir en nuestro país si no cambiamos el rumbo en las próximas semanas.

Las soluciones a una tasa de paro del 35% como la que tenemos en España (si contamos los ERTE) han sido múltiples, todas ellas equivocadas: mandar inspectores al campo a hacer la vida más difícil a los empresarios del sector, encarecer el despido vía Real Decreto y, en el colmo de la insensatez, firmar con los herederos de ETA la derogación de la reforma laboral.

Mientras casi 1 millón de trabajadores en ERTE llevan sin cobrar nada desde el mes de marzo y 240.000 PyMEs ya están abocadas a la quiebra, las soluciones que propone este gobierno son volver a las rigideces que provocaron una tasa de paro del 25% en la crisis de 2012 y acabar con la libertad empresarial, un derecho reconocido en nuestra Constitución.

Gracias a las medidas de flexibilidad planteadas en la reforma laboral de 2012 (entre ellas los ERTE) el impacto laboral de la crisis del Covid19 en el corto plazo va a verse reducido y el horizonte de parados con el que acabaremos 2020 no será 7,5 millones de personas y se acercará más a los 5 millones. Cifras ambas catastróficas, aunque notablemente inferior la que ofrece un mercado laboral flexible, al que le sigue faltando capacidad de adaptación en términos de número de horas trabajadas para evitar los ajustes vías número de empleos.

El paso hacia delante de la reforma laboral aprobada en 2012, reconocido por Europa, otros muchos organismos internacionales y también por los agentes sociales, es en términos de flexibilidad. Somos muchos los que creemos que incluso debió ser ambiciosa, y de ser así, el elevado paro con el que hemos afrontado esta recesión sería menor, pero fue en la buena dirección y derogarla es un paso atrás que nos lleva a la España de 2010 y no a la de 2030.

El pacto firmado con Bildu, además de inmoral y lesivo desde el punto de vista político, supone un mazazo a nuestra credibilidad internacional. Y esto, para un país que apuesta todas sus bazas de la recuperación a unos recursos que sirvan para perpetuar un modelo acabado y nocivo con cargo a las cuentas corrientes de nuestros socios europeos, es un hándicap difícil de superar.

Lo pagaremos. Y no sólo con impuestos

Una ayuda, la europea, que cada vez se antoja más lejana, a la luz de los últimos acontecimientos. Esta semana Francia y Alemania han firmado un acuerdo para articular un fondo de 500.000 millones de euros para los estados miembros. Unos recursos que se articularían a través de transferencias (no créditos) sujetas a un memorándum de entendimiento firmado entre la Unión Europea y el ejecutivo que requiera estos fondos. La palabra Eurobono no aparece en el acuerdo, ni una definición similar. Solamente hacen cierta referencia a que la Unión Europea acuda a los mercados a conseguir los fondos, lo cual puede asemejarse con instrumentos de deuda conjunta, pero ese vínculo no es directo ni mucho menos claro.

Dicho de otra manera, las dos grandes potencias europeas han dado la espalda a la petición de Pedro Sánchez y han reforzado la postura europea de Maastricht y de la crisis de 2012: la solidaridad y la mendicidad son cosas distintas. Europa es solidaria y lucha por la cohesión interterritorial, pero no crea mendigos ni países dependientes de los fondos del resto de europeos.

El acuerdo franco-alemán aún tiene que ser aprobado en el seno de la Comisión. En caso de ser modificado, es lógico pensar que será hacia condiciones aún más duras (préstamos en lugar de transferencias, como ocurre ahora mismo con el MEDE), teniendo en cuenta que buena parte de los ciudadanos europeos van a cargar con el coste del mecanismo a sus espaldas.

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Debemos recordar, no obstante, que Europa es un instrumento en cuya naturaleza está preservar la soberanía nacional. Dicho de otra manera, somos los estados los que tenemos la responsabilidad de salir de esta crisis, independientemente de las conclusiones a las que lleguen nuestros socios europeos.

Con un gobierno que recibe avisos como los 9.000 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha detectado sin justificación en 2019, con un déficit del 2,8% del PIB (corregido por Europa, recordemos), incapaz de hacer ajustes en materia de gasto estructural y que tiene a la ultraizquierda revolucionaria como socio de gobierno, difícilmente va a llegar a acuerdos con una condicionalidad menos severa que Grecia o Portugal en sus respectivos rescates.

El Tesoro ya ha hecho públicas las necesidades de financiación para este año: más de 297.000 millones de euros. El Banco Central Europeo está cerca de comprar toda la deuda permitida y los mercados continúan prestando a precios razonables, aunque hay que ver por cuánto tiempo. La única forma de salir de la peligrosa espiral de deuda en la que estamos inmersos es recuperando la senda de crecimiento y la estabilidad institucional. Y nada de eso está ocurriendo.

Lo pagaremos. Y no sólo con impuestos, sino también con nuestros empleos. Presentes y futuros. España está adquiriendo un tinte cada vez más lejano al de la Unión Europea y cada vez más cercanos a las economías más intervencionistas y autoritarias de Iberoamérica. Se incrementa la urgencia del cambio de rumbo conforme nos acercamos, BOE en mano, al cambio de régimen.

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