En verano de 2011, la presión de la Unión Europea llevó al gobierno de Zapatero a reformar el artículo 135 de la Constitución Nacional. Gracias al apoyo imprescindible del PP, la Constitución pasó a recoger el "principio de estabilidad presupuestaria". Unos meses después, con Rajoy como presidente del gobierno, el artículo reformado fue desarrollado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esa Ley estableció que "ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural", salvo contadas excepciones. Además, ratificó que "la deuda pública del conjunto de AAPP no podrá superar el 60% del PIB", cosa a la que España ya se había obligado al firmar los pactos para entrar en el euro. Una Disposición transitoria definía un prolongado período de transición de ocho años: en 2020, las disposiciones de la Ley debían cumplirse.
España estaba muy lejos de cumplir con esa Ley antes de la pandemia. Ahora, con el COVID-19 entre nosotros, la deuda pública alcanzará al doble del "límite máximo" fijado por la Ley. Ningún líder político relevante, menos aún del gobierno, ha hecho referencia alguna a la violación descarada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La Ley de presupuesto es la más importante de cada año: fija cuánto dinero quitará el gobierno a los contribuyentes y cómo lo gastará. Un ejercicio de transparencia elemental en un Estado de Derecho. Sin embargo, desde hace más de dos años, el gobierno gestiona la cosa pública (es un decir) con un presupuesto al que votó en contra cuando era oposición.
En todo caso, el presupuesto de 2018 es un reflejo muy lejano de los gastos del gobierno. En la práctica, en materia de gasto público, el sanchismo-leninismo ha hecho lo que ha querido, mostrando que la ley, cuando estorba, simplemente es ignorada. No es solo un problema de Pedro Sánchez: el Congreso aprobó el Ingreso Mínimo Vital (un gasto anual, no contemplado en el presupuesto vigente, de unos 4.000 millones de euros) sin un solo voto en contra.
Recapitulemos: un país reforma su Constitución, pero no cumple ni de lejos sus objetivos y ningún líder político se queja. Al mismo tiempo, el gobierno ignora el Presupuesto aprobado por el Parlamento. Un gobierno, además, conformado por dos socios principales: un mentiroso consumado y un comunista que anhela para España las mismas políticas bolivarianas de Venezuela. Pese a todo, la UE acaba de aprobar ayudas a España por 140.000 millones de euros. ¿Cómo se explica?
Europa ayuda a España para ayudar a Europa, no a España. El informe de la Comisión Europea de febrero último sobre la economía española lo dice con claridad: "la economía española puede ser una fuente de efectos colaterales significativos para el resto de la UE". La economía española es muy grande: equivale a la de los 14 países más pequeños de la UE, es seis veces la de Portugal y casi siete veces la de Grecia.
La ayuda europea busca evitar que la crisis derive en un desborde social que aliente un nuevo avance del comunismo y del euroescepticismo en España y la UE. Con la "zanahoria" de los recursos prometidos, comenzará un juego delicado que apunta a convertir a Sánchez en el nuevo Tsipras (un izquierdista que se avino a hacer las reformas exigidas) y a Iglesias en el nuevo Varufakis (un comunista que pasó del gobierno a la irrelevancia). Tal vez eso festejaba Sánchez: la coartada para librarse de Iglesias.
La ayuda europea viene a pesar de Sánchez y Iglesias, precisamente para impedirles seguir aplicando sus políticas ruinosas. Para que su pésima gestión no profundice los problemas europeos. El empleo, el salario y el bienestar de millones de españoles dependerá del resultado de esta partida de ajedrez. No dude el lector ni un instante: los "nuestros", los que defenderán nuestra libertad y nuestro patrimonio, no serán nuestros gobernantes; serán aquellos a los que acusen de "frugales", "insolidarios", "egoístas" o incluso "buitres". @diebarcelo