Este 2020 va llegando a su fin, y con él nuestro país pasará a la historia por ser uno de los que peor gestionaron la peor pandemia del siglo XXI y también por ser el subcampeón mundial en términos de destrucción de la riqueza nacional.
Mientras el gobierno de España aplaude a su presidente por volver de Bruselas con un rescate que cinco meses después aún seguimos sin saber si llegará; mientras en Europa y en buena parte del mundo están afrontando la crisis bajando impuestos y liberalizando sus economías; mientras organismos independientes como el Banco de España o el FMI alertan a España de que subir los impuestos en medio de una crisis como la que vivimos es contraproducente… el gobierno de coalición sigue adelante con su hoja de ruta liberticida.
La legislatura es tan débil que era necesario llegar a cualquier tipo de acuerdo con tal de sacar adelante los presupuestos. Unos presupuestos, debemos recordarlos, que deberían ser para 2021 y no hasta 2023, como todo indica que va a ser. El caso es que la familia Frankenstein que compone el gobierno ha crecido, y con ella los Presupuestos Generales del Estado 2021 han salido adelante.
Gabriel Rufián, Diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, ha llegado a hablar de un cambio de era. Algo con lo que no estoy de acuerdo. Estos presupuestos son exactamente la misma colección de fracasos que lleva aprobando la izquierda años, y que quiere acabar con cualquier atisbo de libertad en España.
El último objetivo ha sido la famosa "armonización fiscal", un eufemismo para maquillar una subida de impuestos generalizados que supone un ataque, en primer lugar, contra ka Comunidad de Madrid, que es la única región en la que el impuesto sobre el patrimonio y el de donaciones y sucesiones están de facto eliminados.
Pero también carga contra las clases medias y bajas. Son ellos los que van a pagar esta subida. Las grandes fortunas podrán modificar su residencia fiscal fuera de España y, con ello, esa actividad económica y la recaudación asociada no se irán a ninguna otra comunidad autónoma. Sencillamente, saldrán del país.
Tanto es así que en regiones donde estos impuestos son bajos no sólo se recauda más, sino que también se renuncian a menos herencias. ¿Los ricos? No. La gente más necesitada, que es quien no puede pagar el impuesto sobre una vivienda heredada, por ejemplo, sin antes venderla.
Todo lo anterior sin olvidarnos de Europa, cuyos modelos tributarios ya han superado desde hace años estas figuras propias de la década de los ’80. Tanto es así que el impuesto de sucesiones y donaciones no existe o es residual (recaudación inferior al 0,1% del PIB) en 23 países de la OCDE. En cuanto al impuesto de patrimonio, tan sólo existe en países como Francia o Italia para bienes inmuebles y para bienes extranjeros, respectivamente.
Por supuesto, también supone el enésimo ataque a la Constitución Española, que en su artículo 156.1 dice, textualmente: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
El gobierno de Pedro Sánchez ya ha atacado a Madrid retrasando injustificadamente el paso de Fase 0 a la Fase 1 de la desescalada. También lo hizo con un estado de alarma arbitrario que supuso el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid.
Ahora que se ha demostrado la inutilidad de estas medidas, que Madrid es una de las 3 regiones en las que cae el paro y que caen las personas en un ERTE, frente a las 78.000 que se han incorporado a esta forma de desempleo encubierto en Cataluña, hay que asestar un ataque estructural a la libertad financiera e individual de los madrileños.
Madrid es un bastión liberal desde hace décadas. Sus políticas funcionan y son el ejemplo de que la libertad es mejor para la gente que el intervencionismo. El propio Consejero de Hacienda de la Comunidad de Andalucía ha afirmado recientemente que "por cada euro que dejamos de recaudar en el impuesto de sucesiones hemos ganado cuatro euros en IRPF".
Por eso la Comunidad de Madrid es la región que más recauda en el tramo autonómico del IRPF, a pesar de tener los tipos nominales más bajos. Es la región más competitiva de España, con una tributación baja y menos trabas burocráticas de otras regiones y, como consecuencia, hay más actividad económica, más prosperidad y más recaudación.
Tanto es así que cada madrileño paga 1.150 euros más por IRPF que la media española. ¿Más tributación? No. Más libertad, más progreso y más actividad económica.
Madrid no es un paraíso fiscal. A lo sumo, es un refugio fiscal, o el infierno fiscal más llevadero de las comunidades que están integradas en el sistema de financiación regional.
Es cierto que España necesita una reforma tributaria. En esta columna lo hemos defendido hace meses. Pero lo que no puede ser es hacer un ejercicio hipócrita de cherry picking y recoger las figuras tributarias de nuestros comparables al antojo de burócratas cuyo único objetivo es permanecer en el cargo. Si queremos añadir tributación orientada a una economía sostenible o a una economía más digital tenemos que eliminar figuras tributarias obsoletas y que hacen una redistribución inversa (pagan los que menos tienen), como ya han hecho en Europa y en buena parte del mundo desarrollado.
Dar la llave del gobierno a quienes quieren romper España es un error político que pagaremos durante años. Un comunista expreso se ha propuesto coser un gobierno formado por separatistas e independentistas y el presidente lo está permitiendo. A nadie debería sorprender, por lo tanto, que lo que quieran sea el mal para España y no el bien para sus territorios.
Porque eso es lo que está ocurriendo con la armonización fiscal. Quienes la apoyen no sólo serán cómplices de un saqueo al bolsillo del contribuyente, sino también al perjuicio voluntario de nuestra patria. La factura la pagaremos usted y yo.