La tercera ola de Covid19 avanza implacable por toda España y las perspectivas no son alentadoras ni en el corto ni en el medio plazo. Tanto es así, que algunas comunidades autónomas están tomando decisiones duras, como es la suspensión de la Semana Santa en algunos municipios de Andalucía o el alargamiento de las restricciones de movilidad en Castilla y León de forma indefinida, como Castilla y León.
Todo ello en un entorno en el que las perspectivas de salvación sanitaria cada vez se alargan más en el tiempo. O, dicho de otra manera: el que iba a ser el año de la recuperación “en v” de la economía española se puede convertir en una sucesión de revisión de estimaciones a la baja y de previsiones incumplidas, y este es tan sólo el primero de los riesgos que afrontamos.
Es evidente que el ritmo de vacunación va a incrementarse en las próximas semanas por dos efectos: el primero es la incorporación de nuevos fabricantes al mercado; y el segundo es el de la puesta a punto de los sistemas sanitarios (esperemos que públicos y privados) de las comunidades autónomas, que estoy seguro volcarán todos sus esfuerzos en acabar con esta pesadilla cuanto antes.
La gran pregunta, por lo tanto es sencilla: ¿Será suficiente? Las señales que hemos ido observando durante una semana relativamente tranquila en términos económicos (esto es, sin los grandes sobresaltos a los que el Gobierno nos tiene acostumbrados) no son alentadoras:
Primero fue María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, quien sorprendió a propios y extraños afirmando que el déficit público para el año 2020 acabó "en torno al 11,3%" y que van a acometer el mayor proceso de consolidación fiscal de la historia reciente de nuestro país, hasta el 7,7% del PIB en 2021, tal y como está previsto en los planes enviados a Bruselas.
Después, fue el turno de Nadia Calviño, quien anunció, también de forma inesperada, una reducción de las necesidades brutas de financiación para el Gobierno de España en 2021. Tal y como hemos explicado en esta columna, éstas ascendían a casi 299.138 millones de euros, un máximo histórico, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado recientemente. Ahora, según el propio Tesoro, la emisión bruta ascenderá a 289.138 millones de euros. Una reducción cercana a los 10.000 millones que, por lo menos, extraña ver publicada en medios de comunicación.
Mientras tanto, el bono español a 10 años ha duplicado su rentabilidad en tan sólo 4 sesiones, pasando del 0,02% del 4 de enero, al 0,05% el pasado día 7. Es cierto que en términos absolutos es un incremento residual y que también lo han hecho bonos de referencia como el de Alemania o Estados Unidos. Pero no debemos olvidar que nuestro país es muy vulnerable ante cualquier incremento en los tipos de interés, y conforme nos vayamos acercando al 33% de nuestra deuda en manos del BCE lo seremos más.
Debemos recordar que a mediados de diciembre toda la facción del Gobierno de España salió a aclamar, triunfante, que el bono español estaba en negativo y eso significaba una profunda confianza de los mercados en nuestra deuda. Nada más lejos de la realidad.
Uno de los mayores riesgos para los próximos meses es el de una crisis de deuda. Por ahora no se puede hablar de evidencias, pero sí de indicios de que podría estar comenzando a gestarse una situación de desconfianza en los mercados financieros internacionales. Por ahora, comienza en los vencimientos a más largo plazo, pero veremos si no se va contagiando a las emisiones a medio plazo.
El Gobierno de España está acostumbrado a mentir. Pero hay que reconocer que lo hace sólo cuando es necesario. De ahí que sean especialmente preocupantes las declaraciones de las dos principales responsables económicas del Ejecutivo de una forma tan inesperada.
Porque no se engañen:
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El "en torno al 11,3%" de la Ministra Montero puede sufrir variaciones relevantes. Merece la pena recordar lo que ocurrió en 2019, primer año de gobierno completo de Sánchez, en el que el déficit acordado era del 1,3% y acabó en el 2,8% (y con corrección al alza de Bruselas sobre el dato del Gobierno de España).
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En caso de cumplirse las estimaciones del Gobierno, tampoco sería el mayor proceso de consolidación fiscal de los últimos años. Estaría 1 décima por debajo de lo que hizo el Gobierno del PP en 2013.
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Unas estimaciones de difícil cumplimiento, no sólo a la luz del programa de estabilidad enviado a Bruselas, sino también de la historia del PSOE en Moncloa: Su máxima consolidación fiscal fue de 1,75 puntos básicos en 2010. Menos de la mitad de lo comprometido por Montero.
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La caída en los ingresos públicos acumulada a noviembre de 2020 asciende al 9%, una cifra muy lejana a la observada en los años 2008 (-12,3%) y 2009 (-16,7%)… pero también a la de 2012 (+1%) y 2013 (+0,9%), período que pretenden emular.
En definitiva, esta sucesión de hechos, perfectamente programados y colocados en medios especializados, podrían tener como objetivo tratar de tapar las primeras señales de nerviosismo en los mercados financieros en relación con la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Europa no nos salvará. Un plan creíble de austeridad es absolutamente necesario en nuestro país y, como demuestran Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi en su libro “usteridad: Cuándo funciona y cuándo no” es mucho más efectivo en términos de actividad económica por la vía del gasto público.
Pero nuestro gobierno está más pendiente de su agenda ideológica que de la evidencia económica. Lo pagaremos usted y yo.