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Así desprecia Sánchez a las autonomías en el reparto de los fondos europeos

España corre el riesgo de convertir los fondos europeos en un nuevo Plan E. Las diferencias respecto a los planes de otros países son notables.

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España corre el riesgo de convertir los fondos europeos en un nuevo Plan E. Las diferencias respecto a los planes de otros países son notables.
Pedro Sanchez, ayer viernes en Senegal | EFE

La partida por los fondos europeos se juega en abril. El próximo día 30, los 27 Estados Miembros deben haber aprobado el mecanismo de ayuda Next Generation EU, el techo de gasto para el nuevo marco financiero plurianual y el endeudamiento que necesita la UE para poder poner en marcha todos estos mecanismos.

España es el segundo país europeo que más fondos recibirá. Esto, a pesar de los esfuerzos por venderlo como un éxito del Gobierno de la Nación, no es una buena noticia. Sobran las razones, pero citaré las más importantes:

  1. Se trata de un mecanismo de ayuda, es decir, de un reconocimiento de nuestra incapacidad para salir de esta situación por nosotros mismos.
  2. Cualquier acreedor, aunque sean nuestros socios europeos o la UE, nos hace perder libertad.
  3. Tiene condicionalidad asociada.

No hay ningún analista a nivel nacional ni internacional que contemple un escenario sin fondos europeos para España en el que nuestra solvencia y nuestra capacidad de financiación en los mercados no se deteriore severamente. Ninguno.

Y, sin embargo, Pedro Sánchez y el mayor ejército de puestos a dedo de toda la historia de nuestra democracia se empeñan en ponerlos en riesgo. ¿Cómo? Poniendo en jaque la independencia del poder judicial, evitando las reformas estructurales que necesita nuestro país, con campañas salvajes de descrédito de países socios por puros intereses partidistas (como está ocurriendo con los turistas franceses en Madrid), y un largo etcétera.

Tanto es así que merece la pena recordar que la Comisión Europea, en sus últimas estimaciones, no incluyó el efecto de los fondos sobre el crecimiento de España y sí lo hizo para otros países.

Ya lo hemos advertido en esta columna: Uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta nuestro país es el de convertir los fondos Next Generation EU en un nuevo Plan E, que lo único que trajo fue una reentrada en una gran crisis financiera en 2011 y 2012.

Desafortunadamente, los pasos que va dando el Gobierno de la Nación son en esta dirección. Basta con ver lo que están haciendo las economías líderes europeas para darse cuenta de las diferencias.

Los planes de Alemania y Francia

En Alemania se presentó el Plan Alemán de Recuperación y Resiliencia el pasado 13 de enero. Un plan de 130.000 millones, de los cuales 23.000 proceden de Europa. Los 16 Länder o Estados Federados han participado en su elaboración y discusión a través de la “Conferencia de Ministros de Finanzas” y el debate en el Bundesrat. El Plan ha contado con el asesoramiento independiente del Consejo Alemán de Expertos Económicos (los cinco sabios) y la propia Ángela Merkel condicionó su éxito al buen hacer de los Länder: “No se puede organizar todo desde Berlín".

Además de las ayudas a familias y empresas que ya hemos conocido, el plan incluye un apartado específico para las administraciones locales e iniciativas relacionadas con la movilidad, la transición energética, con la digitalización, con la educación, con la investigación y con la salud.

En Francia, por su parte, presentaron France Relance el pasado 3 de septiembre. Un plan dotado con más de 100.000 millones de euros, de los cuales 40.000 son fondos UE. Un plan, además, elaborado por una comisión de expertos de la que forman parte, entre otros, el Premio Nobel Jean Tirole, y el ex economista jefe del FMI, Olivier Blanchard.

La descentralización y la transparencia son parte esencial de France Relance. La supervisión depende de un comité de seguimiento presidido por el Primer ministro. Por debajo se han creado comités regionales cuya responsabilidad es detectar prioridades, informar a los actores locales y hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos. En esos comités regionales hay representación de departamentos, ayuntamientos y agentes sociales.

El papel de las regiones quedó claramente definido en la Ley de Finanzas 2021 aprobada el 29 de diciembre, en la que se afirma que “Si bien la responsabilidad de los programas está centralizada bajo la autoridad del Ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, la implementación efectiva de las medidas será en última instancia responsabilidad de los departamentos que prescriben el gasto"… "La territorialización del plan de recuperación es un elemento importante en su implementación: el seguimiento de su adecuada puesta en marcha y ejecución estará a cargo del comité de recuperación regional, copresidido en cada región por el prefecto regional, el presidente del consejo, el director regional y el regional director de finanzas públicas".

Tanto es así que las regiones negocian sus planes directamente con el Gobierno. De hecho, el pasado 4 de marzo la ministra de Cohesión Territorial y Relaciones con las Autoridades Locales y la presidenta del Consejo Regional de Île-de-France (que incluye París) firmaron un plan de recuperación de 13.800 millones de euros centrado en tres pilares: Transición ecológica, competitividad y cohesión social.

Las diferencias con respecto a lo poco que conocemos del Plan de Resiliencia del Gobierno de España son notables. Por citar sólo algunas:

  • La participación de las CCAA y Ayuntamiento en el Plan de Recuperación del Gobierno no sólo ha sido nula, sino que, a día de hoy, ni tan siquiera existe información sobre el reparto y la gestión de los fondos. No hay “cogobernanza” de ningún tipo, pese a las promesas de Sánchez.
  • Tampoco ha habido, ni va a haber, expertos independientes. Tanto el diseño del Plan nacional como el destino y manejo de los fondos se realiza directamente desde la Oficina Económica de Moncloa. Esto genera opacidad e incertidumbre a partes iguales y un olor a clientelismo y decisiones políticas tomadas desde el despacho del Presidente del Gobierno.
  • También, hay problemas de ejecución. El retraso en la presentación del Plan y la ausencia de una estrategia clara sobre cómo gestionar los fonos aboca a España a un grave problema de ejecución. El Banco de España ya estimó que en 2021 solo se iba a ejecutar un 55% de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, y el retraso que podría suponer la decisión del Tribunal Constitucional alemán podría ser un freno adicional.
  • Tampoco hay criterios objetivos de reparto: el Gobierno decide de forma unilateral el reparto y destino de los fondos, con la consiguiente arbitrariedad.
  • Ni reformas estructurales. Los países miembros tienen que seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de economía, empleo y finanzas públicas para poder optar con garantías al mecanismo de recuperación. El Gobierno no sólo no está impulsando ninguna reforma estructural, sino que amenaza con derogar los avances cosechados años atrás, como la reforma laboral o las pensiones.

En definitiva, España se enfrenta a uno de los períodos más trascendentes de su historia reciente con un plan deficiente, clientelar y al borde de incumplir las exigencias de sus socios/acreedores. Estamos eligiendo ser el problema, y no la solución, para una Unión Europea que es más necesaria que nunca.

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