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Domingo Soriano

Autónomos, cotizaciones, rentabilidad y 'gorrones': los temas más polémicos de la próxima reforma

Los trabajadores por cuenta propia temen el resultado de los cambios anunciados en sus pensiones. ¿Es posible mantener a largo plazo el modelo?

Domingo Soriano
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Los trabajadores por cuenta propia temen el resultado de los cambios anunciados en sus pensiones. ¿Es posible mantener a largo plazo el modelo?
Un grupo de repartidores, los denominados 'riders', durante la manifestación protagonizada el pasado martes en el centro de Madrid. | EFE

Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez son dos de mis expertos en pensiones favoritos. Empiezo así, citándoles directamente, por si algún lector quiere ignorar el resto de esta columna y acudir a alguno de los muchos papers que han publicado en los últimos años en Fedea (por ejemplo, Las pensiones públicas: mitos y realidades o La salud financiera del sistema público de pensiones español: proyecciones de largo plazo y factores de riesgo, excelentes y muy claros los dos); aprenderá mucho más que con cualquier artículo de prensa.

Este sábado, teníamos un pequeño debate tuitero sobre las cotizaciones de los autónomos, la generosidad o no del sistema y la reforma que anunciaba hace unos el ministro José Luis Escrivá; ya saben, la de los trece tramos. Como son muy pocos caracteres para una cuestión tan compleja, me guardé mi última respuesta para este artículo.

La discusión le inicié yo planteándome la pregunta de si tenía sentido que los mismos que proclaman las excelencias de la Seguridad Social endurezcan las condiciones para los únicos que tienen capacidad de elección. "Si las pensiones públicas fueran tan buenas", venía a decir, "dejemos a los autónomos decidir de forma voluntaria si las quieren o no".

Dos respuestas de García Díaz, plenas de sensatez, sobre dos puntos que no siempre se explican bien a la opinión pública:

  • La rentabilidad de la que han disfrutado los autónomos (cotizaciones - rendimiento - pensiones) ha sido bastante elevada. Las pensiones públicas españolas no son bajas ni han sido un pésimo negocio para muchos jubilados. Tampoco para los autónomos.
  • Sobre la voluntariedad del modelo me decía esto: "Un sistema de seguro social público no puede ser voluntario porque necesita una dimensión suficiente para cubrir los riesgos"

100% de acuerdo sobre lo primero. Más dudas sobre lo segundo en lo que toca a los autónomos. De hecho, mis certezas sobre el primer punto se convierten en argumentos para las dudas sobre el segundo.

Me explicaré: entre los ingresos de los autónomos y el sueldo neto de un asalariado hay tres grandes diferencias. La primera es la seguridad: la gran mayoría de los trabajadores por cuenta ajena saben cuánto y cuándo cobrarán cada mes. Ni una ni otra certidumbre están en la lista de ventajas de los autónomos. La segunda, muy relacionada con la primera, es la periodicidad: salvo situaciones puntuales (por ejemplo, alguien que cobre una parte muy importante de variable), los ingresos de los empleados por cuenta ajena son relativamente estables. Mientras, los autónomos saben que lo habitual en su caso es el pico de sierra, de 1.000 a 100 y luego a 3.000 sin saber muy bien a qué se debe.

Por último, está la cuestión de la definición: qué es ingreso neto y qué gastos puede imputar el autónomo a su actividad. A un empleado por cuenta propia lo manda la empresa de viaje y ya sabe que todo gasto es susceptible de ser llevado a administración para su reembolso (desde la gasolina al hotel, pasando por el desayuno o las fotocopias). Cualquier autónomo podría contar cientos de historias para no dormir sobre cómo Hacienda ha admitido o no, como gasto de la actividad, facturas por conceptos muy similares a los apuntados. No es extraño que, como nos explicaban hace unas semanas, ésta sea una de las reclamaciones más habituales de las asociaciones del sector.

Aquí podríamos entrar en una discusión sobre los fundamentos del modelo de reparto, pero ni es el lugar ni el objeto de esta columna, que parte de la realidad de que es el que existe, no hay otro y hay pocas alternativas viables a estas alturas. Lo que quiero decir es que, con ese modelo de reparto, sí puede tener sentido cobrar cada mes de forma obligatoria una cotización a los trabajadores por cuenta ajena, pero se me antoja complicadísimo hacer lo mismo con los autónomos.

Y llegamos al debate tuitero:

(1) Si lo haces voluntario (o semi-voluntario, como ahora) corres el riesgo de que se aprovechen. Sí, que se trampeen las reglas para cobrar más, con las mismas cotizaciones, que un empleado por cuenta ajena. Que se ha hecho y se seguirá haciendo: por ejemplo, ese autónomo que cotiza por la mínima durante años y se pasa a la máxima justo cuando empieza el período de cálculo. Ya es más complicado, porque ahora ese período es de 25 años. Pero se ha hecho y no fue ni es justo. Además, hay otras opciones para aprovecharse. Por ejemplo, con las reglas de cobro de la pensión mínima.

Sánchez publicaba un estudio interesantísimo sobre esto hace unos meses, "Normativa de cotización y pensiones de trabajadores autónomos en España: ¿Se incentiva al ahorro de ciclo vital?":

Para trabajadores con historiales contributivos cortos (o que anticipan cesar en su actividad bastante antes del instante de cobro de la pensión) esta realidad puede constituir una auténtica trampa de ahorro, ya que genera un umbral implícito en la base de cotización por debajo del cual lo único razonable es cotizar por la base mínima.

El ejemplo [incluido en este informe] muestra lo complicado de la decisión que debe tomar el autónomo. La activación de la pensión mínima depende de la decisión actual, de las cotizaciones futuras (el umbral a saltar en el presente baja si se planea cotiza más en el futuro) y del comportamiento futuro de las pensiones mínimas en relación a la revalorización de la pensión inicial.

La alternativa de cotizar siempre por la mínima es mucho más sencilla y ofrece una rentabilidad muy visible (ya que la TIR asociada a la pensión mínima es elevada). Muchos autónomos pueden optar por ella en respuesta a la complejidad y confiando (posiblemente en exceso) en su capacidad de ahorrar con herramientas privadas.

En estos párrafos se explica sobre todo lo complicado que es para cualquier autónomo elegir la base de cotización, porque juega en un entorno lleno de incertidumbres (políticas, legislativas, sobre sus ingresos...). Pero hay otra cuestión todavía más polémica, el riesgo moral: el autónomo que cotiza por la mínima o factura en negro... pero luego, cuando cumple 65 años y descubre la prestación que la queda, llora desconsoladamente en el Telediario mientras exclama: "Toda la vida trabajando para esta pensión de miseria".

(2) El problema es que mirando la segunda opción, la obligatoriedad, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por esa incertidumbre de la que hablábamos y porque elimina una de las principales ventajas del empleo por cuenta propia. ¿Pueden los autónomos comprometerse a una cuota similar a la que paga una empresa por su empleado? La respuesta es que no, incluso para autónomos de ingresos elevados.

Porque, además, si hacemos la cuota muy onerosa y obligatoria estamos incentivando lo que todos conocemos, pero nadie quiere nombrar: desde la factura en B hasta los gastos que engordan. Por supuesto, no olvidamos al autónomo que tira la toalla y se hace empleado por cuenta ajena o el que ni lo intenta cuando ve lo caro que le saldría. Los impuestos a los autónomos no son costosos sólo por lo que afectan al presente; lo peor son las múltiples oportunidades de futuro que nunca sabremos que hubieran podido producirse. Un posible autónomo que no da el paso no es un fracaso por lo que podría aportar el primer año (casi seguro, pérdidas y poca cotización), sino porque nos quedamos sin saber lo que habría podido hacer una década después.

¿Sin solución?

¿Hay solución intermedia? Complicada. De hecho, es en este tipo de debates en los que el modelo de reparto enseña sus costuras.

Mi propuesta sería separar por completo el sistema de autónomos del resto. Plantear un período transitorio para autónomos cerca de la edad de jubilación (por ejemplo, mayores de 50 años) e incluir al resto en un modelo mixto que combinase prestación de subsistencia pagada con cotizaciones obligatorias (el equivalente a la actual mínima) y un extra voluntario de capitalización. RETA y Seguridad Social, en paralelo, cercanos pero no revueltos, con el primero en manos de un organismo mixto en el que estuvieran Ministerio y organizaciones del sector. Y con reglas claras para aquellos trabajadores que combinen ambos modelos a lo largo de su vida laboral (y que también sumarán prestaciones de uno y otro).

Asumo que este esquema también tiene sus riesgos, como que se desplome el número de autónomos a futuro y no haya suficiente con la parte obligatoria para pagar el mínimo (aunque ahí sí creo que no sería tan polémica una transferencia estatal). Pero me parece más ajustado a la realidad del autónomo, sobre todo si ese extra se puede abonar con toda la flexibilidad del mundo: meses o años de cero cotizaciones, intercalados con otros con aportaciones sustanciosas.

La primera pregunta es ¿puede prescindir ahora mismo la Seguridad Social de las cotizaciones de los autónomos? Y de ahí lo de las costuras: el modelo actual es irreformable en buena parte por el peso de las decisiones pasadas (equivocadas o no). Incluso en cuestiones menores, como ésta, se antoja complicado cualquier cambio por muchas ventajas que tenga.

La segunda es si los autónomos de verdad querrían un modelo más flexible, pero también más realista, en el que las prestaciones irían unidas a sus cotizaciones efectivas. Aquí pesa el cortoplacismo de nuestros gobernantes, pero también el del elector-cotizante: con 40 años nadie se preocupa por las reglas y todos queremos cotizar con la mínima; con 65, nos acordamos de Santa Bárbara y de nuestro voto, que para eso somos el grupo de población más numeroso y los políticos lo saben.

Sánchez planteaba este sábado (con poco convencimiento, intuyo) un posible dique a los abusos: "Una solución (utópica) para respetar la libertad individual sería ‘obligar’ a consultar las decisiones de Ciclo Vital con asesores financieros acreditados y firmar ‘consentimientos informados’ al renunciar a la protección de la Seg Soc (más allá de un mínimo)".

No conozco a nadie que haya defendido con más ahínco el modelo contributivo que García Díaz. Yo, como ya he apuntado en otras ocasiones, no me lo creo mucho. Ni veo el salario diferido ni los derechos acumulados: en mi opinión, esto es un impuesto llamado cotización y una prestación llamada pensión. ¿Con reglas especiales? Como todos los impuestos y todas las prestaciones. Pero lo que sí tengo claro es que la mejor opción para los defensores del sistema actual pasa por reglas claras, previsibles, justas, que no premien el gorronismo diferido ni a unas generaciones frente a otras...

Tampoco en lo que atañe a la reforma de los autónomos, tengo nada claro que se vayan a respetar esos principios. Lo que quieren es recaudar más y punto. Otro parche en la vía de agua. Y hasta que aguante o se abra otro agujero.

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