En las facultades de economía se siguen enseñando los llamados "fallos" del mercado: situaciones en las que el mercado no podría funcionar. Obviamente, como los virus keynesiano y socialista siguen siendo "pandémicos", la solución a esos supuestos "fallos" es la intervención estatal. Entre esos supuestos "fallos" están los "monopolios naturales", las externalidades (consecuencias imprevistas hacia terceros, positivas o negativas, de una acción) y la "competencia imperfecta". Estas ideas son las que justifican la intervención del estado (con minúscula, pues sino también deberíamos escribir individuo con mayúscula) en el mercado eléctrico.
Los intervencionistas consideran que casi toda situación de competencia es "imperfecta", porque la comparan con el absurdo modelo de competencia "perfecta" que se enseña en las cátedras de Microeconomía. Digo absurdo, porque esa "perfección" se alcanza cuando hay muchísimos oferentes y demandantes (ninguno puede influir en el precio), todos tienen un conocimiento perfecto (condición más allá de lo humano) y comercian un producto idéntico. La supuesta competencia "perfecta" es, en verdad, una situación en la que no hay competencia: si precio y producto son idénticos, ¿cómo compiten las empresas en ese modelo?
La competencia no depende del número de competidores. Un mercado con un único oferente podría ser perfectamente competitivo. La condición fundamental es que haya una plena libertad para que cualquier otra empresa pueda establecerse en ese mercado.
Aunque el mercado puede alcanzar algunas situaciones imperfectas, nadie ha explicado aún por qué, en esos casos, el gobierno sí sería capaz de alcanzar una situación siempre mejor. No es solo una duda teórica: el estropicio que ha provocado en el mercado eléctrico es una elocuente muestra de lo dañina que puede resultar la intervención estatal.
La electricidad es un bien imprescindible; todos lo demandamos. Hay muchas empresas dispuestas a generar y vender electricidad. Nada diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con los alimentos. Sin embargo, amparado por las ideas obsoletas de la "competencia imperfecta", el estado interviene para "protegernos" de unas empresas que se presumen "abusadoras" y lo que logra es una electricidad cada vez más cara.
Dicen que la generación de electricidad es una actividad "libre". Una "libertad" similar a la del confinamiento domiciliario: no se pueden hacer nuevas centrales nucleares, se obligó a cerrar las centrales de carbón y se subsidian las renovables. Las restricciones políticas sobre las formas de generar electricidad son las que han creado, artificialmente, una dependencia extrema de lo que ocurra con el precio del gas.
Errores de intervenciones anteriores son también la causa de recargos al recibo de la electricidad, como el que hay que pagar para compensar el "déficit de tarifa" creado en los años de ZP. También pesa la voracidad recaudatoria del estado (IVA, impuesto especial, impuesto de generación).
La solución socialista a un problema creado por la mala regulación es, obviamente, más regulación. El mismo presidente que quería eliminar la "brecha fiscal con Europa" se ha apresurado a rebajar —aunque solo temporalmente— los impuestos que gravan el recibo eléctrico. El mismo presidente que dice querer para España un modelo federal y que critica a Vox por no creer en el sistema autonómico, rebaja sin consulta previa un impuesto autonómico (el especial sobre la electricidad). No se terminó de compensar el "déficit de tarifa" de 2004-2013, y ya empieza a crearse uno nuevo (por limitar al 4,4% la subida del precio del gas).
Como un socialista no se siente satisfecho si no ataca el derecho de propiedad (un mandato del Manifiesto Comunista), se confiscará una parte de su beneficio a las empresas eléctricas (beneficio que surge de la misma regulación). Así, al mismo tiempo, se crea inseguridad jurídica y se desalientan nuevas inversiones.
Admito que la cuestión eléctrica es compleja y que hay cosas que no son culpa del gobierno (que el precio del gas haya subido 265% en 12 meses). Lo lamentable (los consumidores, efectivamente, lo lamentaremos) es que ante los evidentes fallos regulatorios ni siquiera pase por la mente del gobierno la búsqueda de soluciones basadas en una mayor libertad.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)