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Las grandes mentiras del Gobierno y Yolanda Díaz sobre la temporalidad

Desnudamos las falacias en las que PSOE y Podemos apoyan su "contrarreforma laboral".

Prensa económica: Indignación de loso empresarios por las subidas de las cotizaciones Es la Mañana de Federico

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Las grandes mentiras del Gobierno y Yolanda Díaz sobre la temporalidad
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ayer lunes | EFE

El gobierno de PSOE y Podemos sigue discutiendo su propuesta de "contrarreforma laboral". A un lado, los ministros socialistas abogan por replegar parte de la flexibilidad introducida en el mercado de trabajo por la reforma que aprobó el PP en 2012; a otro lado, los miembros comunistas del Ejecutivo proponen ir más allá, con propuestas de derogación de los distintos avances introducidos por la Administración Rajoy.

No hay que olvidar que, como explicó Libre Mercado, casi 15.000 de los 70.000 millones del fondo europeo de "rescate" cuelgan de lo que haga el Ejecutivo en este campo, de modo que Bruselas está siguiendo este debate muy de cerca. En este sentido, la CEOE ha empezado a deslizar la idea de que sería preferible no recibir los fondos comunitarios antes que hacerlo a cambio de una reforma que implique un aumento de la rigidez laboral.

Uno de los asuntos que más debate está generando es el referido a la temporalidad. Un primer borrador de la "contrarreforma laboral" pretendía establecer un tope del 15% en el número de trabajadores que pueden operar con un contrato de este tipo dentro de cada empleo, pero los papeles que está haciendo circular el Ejecutivo en los últimos días abandonan parcialmente esa idea y apuestan por introducir topes diferenciados según el sector de actividad y otros factores.

Parte importante del discurso económico que está enarbolando el gobierno en esta materia da por buenos diversos mitos que propagó la izquierda en 2012. Esa propaganda sigue en pie una década después de la aprobación de la reforma laboral diseñada por Fátima Báñez, de modo que conviene evaluarla con ánimo de arrojar más claridad en esta discusión.

1. Temporalidad… por diseño

Para empezar, hay que tener en cuenta que la temporalidad no es una opción económica neutral en relación con la contratación indefinida. Nuestro mercado de trabajo impone un sistema doble que suma el subsidio de paro a las indemnizaciones por despido. Este modelo choca con el de una decena de países europeos en los que el trabajador no recibe un pago por parte de la empresa que prescinde de sus servicios, sino que solamente obtiene la cobertura por desempleo en el momento en el que pierde su trabajo. Es el caso de Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, Suecia o Suiza.

En cambio, en España imponemos una indemnización de 12 días de salario por año trabajado en el caso de los asalariados con empleo temporal, mientras que el indefinido está sujeto a un pago equivalente a 33 días de salario, con un tope de veinticuatro mensualidades (salvo en las raras excepciones en que los juzgados consideran que un despido ha sido objetivo, lo que permite reducir esta indemnización a 20 días, con un tope de doce mensualidades).

Por tanto, los empresarios tienen un incentivo generado por el regulador que invita a contratar de forma temporal en vez de a hacerlo de manera indefinida. En igualdad de condiciones, una fórmula de contratación implica el triple de costes de rescisión. Ignorar este argumento económico implica dejar fuera de la conversación dos posibles vías de mejora: la asimilación del modelo observado en otros países (con subsidio de paro, pero sin indemnización) o la igualación de los pagos con indiferencia del contrato suscrito (una fórmula similar a lo que persigue la vieja proyecta del contrato único).

Para que esto último funcione de forma satisfactoria, sería necesario reducir el coste del despido para los indefinidos y aumentarlo para los temporales, pero adoptando un umbral lo suficientemente bajo como para que el nuevo equilibrio genere un aumento de la flexibilidad laboral. En este sentido, el Círculo de Empresarios ha propuesto fijar la indemnización para ambos tipos de contratación en 16 días de salario por año trabajado.

2. Temporalidad… más baja desde la reforma de Rajoy

El peso de la temporalidad sobre el total de asalariados alcanzaba el 31% al comienzo de la Gran Recesión, según datos de la EPA para el cuarto trimestre de 2007. Cuatro años después, esta misma rúbrica se había reducido al 25%, precisamente coincidiendo con el hundimiento del empleo, que se concentró entre los trabajadores con contrato temporal.

Sin embargo, desde 2012 hasta 2018, el porcentaje de ocupados cuya relación laboral tenía fecha de caducidad apenas aumentó en un punto porcentual, alcanzando el 26% en el último trimestre de gobierno de Mariano Rajoy. Durante dicho proceso, el desempleo se redujo de 5,3 a 3,8 millones de personas, de modo que no tiene sentido afirmar que la reforma laboral produjo un repunte del empleo temporal, puesto que lo que verdaderamente hizo fue crear millones de nuevos puestos de trabajo, sin que ello supusiese cambios en el empleo temporal.

Por tanto, la crisis laboral observada durante el periodo de gobierno del socialista Rodríguez Zapatero propició un fuerte aumento de la precariedad laboral, mientras que en los años de gobierno de Mariano Rajoy se generó más empleo y el grueso de esa nueva ocupación fue indefinido, no temporal.

3. Temporalidad… más pública que privada

Si estudiamos la tasa de temporalidad dependiendo de la naturaleza del empleo, vemos que su peso sobre el sector privado es del 24,5% del total de asalariados, mientras que en el sector público alcanza el 31,6%. Por tanto, el sector público eleva el peso de la temporalidad sobre el conjunto del mercado de trabajo. Se estima que el 75% de estos trabajadores están ocupados en las áreas de Sanidad y Educación.

Por tanto, aunque la "contrarreforma laboral" que está planteando el gobierno de Pedro Sánchez pretende aplicar una mayor rigidez a la parte privada del mercado de trabajo, lo cierto es que es precisamente el propio sector público el que está recurriendo a la contratación temporal de forma mucho más recurrente que el sector privado.

Este es un contrasentido que el actual gobierno pretende salvar haciendo fijos a los interinos, convirtiéndolos en funcionarios aunque no hayan pasado ningún tipo de examen de oposición para entrar en la función pública. De tal forma, se apuntalará más aún el creciente peso que tienen las nóminas del sector público frente a las del ámbito privado. No hay que olvidar, en este sentido, que a fecha de hoy España tiene a 16,5 millones de personas cotizando en el sector privado, frente a 15,9 millones que viven del sector público, vía salario (empleo público), subsidio (parados y otros) o pensión (jubilados), un equilibrio a todas luces insostenible.

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