El próximo 1 de enero de 2022, los consumidores españoles contarán con un año más de garantía en sus productos. Hasta ahora, la garantía era de 2 años, pero con la nueva ley del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tendrán un año más. Es decir, un total de 3 años.
La ley que recoge esta ampliación es la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esto no tendrá efectos retroactivos, es decir, si un producto se compra el 31 de diciembre de 2021 tendrá garantía de 2 años, no de 3. Esta normativa incluye más cambios.
Otro de ellos es que, ahora el cliente no tendrá que demostrar la inconformidad (representa el incumplimiento del estado y la especificación de un producto), pudiéndolo devolver a los 2 años de plazo. Anteriormente, el plazo de inconformidad de un producto era de 6 meses. Además, el consumidor ya no tendrá que demostrar su inconformidad con el producto, sino tendrá que ser el el vendedor el que tenga que demostrar que ese producto sí que cumplía las prestaciones.
Otro asunto novedoso, es que los fabricantes estarán obligados a tener piezas de reparación para los productos por un mínimo de 10 años en sus almacenes. Antes estaba en 5 años.
Alertan de que subirán los precios
Las medidas de Garzón han enfurecido al sector de los electrodomésticos y demás productos tecnológicos. Libre Mercado ha hablado con Carlos Moreno-Figueroa, secretario general de Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), para conocer de primera mano cómo les afectan estas nuevas leyes.
Moreno-Figueroa asegura que "se hizo la ley sin consultar ni tener en cuenta a fabricantes ni a los distribuidores de estos bienes. Hablamos con distintos grupos parlamentarios para trasladar la arbitrariedad del la ley, pero se impuso igualmente".
Asimismo, avisa de que su implantación provocará una subida de los precios. España "es el único país de Europa que ha hecho esto y se espera un aumento en los precios del 15%. El ministerio se ha metido en una ley pretendiendo salvaguardar los clientes, pero va a hacer que paguen más y que se pierda la competitividad de estas marcas en España", declara.
El secretario general de FECE confiesa que "claro que prefiero que sean 3 años de garantía, ¿pero por qué no 5 o 8?" A lo que me refiero es que, si no supusiera ningún incremento lo aceptaríamos, pero si eso supone un incremento en el coste nos lo tendremos que pensar", señala. Además, Carlos nos aseguro que "cuando hay un defecto de fabrica se suele estropear a los 6 meses no a los 2 años y medio, así que, la medida no tiene mucho sentido".
A la par, Moreno-Figueroa cuenta asombrado que "con el cambio de 6 meses a 2 años de la inconformidad del producto y el cambio de criterio, ahora, es el vendedor el que tiene que demostrar que ese producto sí que cumplía las prestaciones. Además, con la nueva norma corren los plazos, es decir, si por ejemplo un producto no cumple las prestaciones al año y medio, y se lo tienes que cambiar, pues vuelve a tener 2 años de prestaciones y 3 años de garantía, por lo cual, si alguien tiene picaresca podría hacerlo muchas veces y beneficiarse de manera tramposa. Y no nos olvidemos: eso lo paga el fabricante y lo añade al coste del producto", explica.
En último lugar, Moreno-Figueroa menciona que "guardar las piezas de reparación 10 años supone un incremento de costes, ya que las tienes que tener en el almacén guardadas, además que es una medida poco sostenible; tanto que hablan de la sostenibilidad, esto no lo es. Además, por ejemplo, si tú quieres arreglar un frigorífico de hace 8 años, las piezas te pueden costar 200 euros, en cambio, si lo cambias, te puede gastar menos electricidad y ser más sostenible"
Para resumir Moreno-Figueroa concluye que la medida "demuestra un desconocimiento absoluto de los mercados duraderos y es totalmente arbitraria. Como mínimo, se podía haber consultado para intentar tener un consenso. Lo único que hace esta medida es perjudicar a los consumidores y a los vendedores".
1.000 euros los pagos en efectivo
Este no es el último golpe que han recibido los electrodomésticos este año. El pasado 25 de mayo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo en el marco de la Ley de lucha contra el fraude, que comanda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esto penaliza la libertad del consumidor y perjudica directamente al sector de los electrodomésticos, ya que es muy habitual que el precio de un electrodoméstico supere los 1.000 euros, así que, los sectores que se dediquen a este tipo de productos tendrán una traba más para poder venderlos
Moreno-Figueroa también da su opinión sobre la medida. "Es un recorte a la libertad a los consumidores de pagar como quieran. Esto afecta directamente al consumidor, ya que se sustituyen un pago gratuito para los consumidores, porque si pagamos con tarjeta tiene un coste, ya que esa tarjeta la tenemos que pagar. Hay usuarios que con tarjetas son de debito, pero las de crédito tienen límites, entonces, un pago completo ya no se podría pagar. Además, el establecimiento también paga una serie de comisiones por cobrar con tarjeta".
Moreno-Figueroa asegura que "en Europa, la limitación de efectivo está en 3.000 euros. De hecho, en Italia se hizo una medida parecida, pero finalmente se echó para atrás por la afectación que tuvo en el consumo. Esta medida se habló con los partidos y la mayoría estaban en contra, pero con la imposición del Gobierno se acabó aprobando".
Moreno-Figueroa hace una reflexión de ambas medidas: "En periodos de crisis hay que incentivar la economía, pero este Gobierno hace todo lo contrario: se ponen más trabas, más impuestos, más regulaciones, en fin, lo que acaban haciendo es poner palos en las ruedas. Y esto se demuestra que no funciona, ya que somos el último país en recuperación económica según la OCDE".