La justicia española requiere tiempos de espera muy dilatados para resolver litigios. Así se desprende del informe "Government at glance", elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Dicho estudio dedica un epígrafe especial a la cuestión del sistema judicial y presenta datos muy preocupantes sobre los tiempos medios de los litigios y demandan que llegan a los juzgados.
Para empezar, la OCDE mide cuál es el tiempo medio de espera para conocer la resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. En este epígrafe, los españoles esperan un promedio de 362 días, lejos de los mejores países de la tabla, donde la demora no llega a 150 días. Lo peor de todo es que, tras una mejora importante entre 2014 y 2016 (de 318 a 282 días), el primer año de la Era Sánchez se cerró con un fuerte deterioro (hasta alcanzar la citada barrera de los 362 días).
En el informe también se evalúa cuál es el tiempo de gestión de la justicia de índole administrativa. Estos casos también exigen una larga espera, que supone 331 días de demora según los datos reunidos por la OCDE. Frente a distintos países que se colocan un 50% mejor que nosotros, España no solo requiere alrededor de once meses de paciencia para resolver estos asuntos, sino que además va a peor, puesto que este epígrafe se redujo de 361 a 312 días entre 2014 y 2016, pero volvió a subir a 331 durante el primer año de Sánchez.
El sentir popular, en línea con los resultados
La OCDE comparte además una encuesta elaborada por el World Justice Project en la que se puede comprobar que los españoles no están satisfechos con el funcionamiento del sistema judicial. Entre los resultados que se derivan del sondeo, nos encontramos con dos puntos clave:
- Por un lado solo un 68% cree que la justicia civil está libre de influencia indebida por parte del gobierno, a años luz de los niveles superiores al 90% observados en otros países como Dinamarca, Austria, Alemania o Suecia. En esta misma rúbrica, el resultado medio de la OCDE es del 73%. Nuestro país se sitúa así a la altura de Grecia, en la zona baja de la tabla.
- Por otro lado, hay apenas un 56% de ciudadanos que opina que el sistema de justicia penal opera de forma adecuada en lo referido a los tiempos y la efectividad de los procesos. Este porcentaje también es marcadamente inferior a los niveles que se dan en países como Dinamarca, Austria, Alemania o Suecia, donde los resultados cosechados se mueven entre el 70% y el 80%. El promedio de la OCDE en este indicador es del 62%, de modo que España se codea con Eslovenia y figura entre los países peor clasificados.