La crisis se alargará en España otro año más. Este el vaticinio de un amplio consenso de organismos y casas de análisis -desde la Comisión Europea al FMI-, que apuntan a 2023 como el año en el que nuestro país recuperará el PIB previo a la pandemia del coronavirus. Así, España se situará a la cola de la recuperación europea, un pronóstico que ya habían formulado antes de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que cualquier intento del Gobierno de achacar esta debilidad a la guerra de Putin quedaría desactivado.
Pero mientras estos datos son motivo suficiente para abochornar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en otro de los departamentos del ala económica del Gobierno llevan varios meses de celebración. Se trata del Ministerio de Trabajo, donde los datos de empleo y afiliación ya han alcanzado cifras precrisis. Y que el empleo se recupere más rápido que la economía constituye una gran paradoja que es interesante abordar.
"La única lectura posible es que la productividad media del trabajo en la economía española está cayendo de manera muy intensa" identificaban en Randstad Research el pasado mes de diciembre, cuando comenzó a vislumbrarse este fenómeno. A día de hoy, la "paradoja de la productividad" continúa sucediéndose y el empleo continúa mejorando por encima del PIB. El director del servicio de estudios de la ETT, Valentín Bote, señala a Libre Mercado los principales factores.
El dopaje del empleo público
En estos dos años de crisis, el Gobierno ha venido alimentando las cifras de creación de empleo con empleo público, una variable que resulta insignificante para la productividad de un país. "No existe correlación entre el empleo público y el PIB, ya que la aportación del empleo público al crecimiento económico es muy reducida en términos productivos" explica Bote.
Tal es el nivel de anestesia pública del mercado laboral actual, que según los últimos datos de la EPA, desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021 se ha destruido empleo privado, mientras que los empleos públicos han aumentado en 222.200 personas.
Menos horas trabajadas y facturación
Otro de los síntomas que hacen saltar las alarmas de la productividad del mercado laboral se produce cuando aumenta el número de ocupados mientras cae el número de horas trabajadas. Y eso es lo que ha pasado a cierre de 2021, donde el número de horas trabajadas disminuyó un 3,8% respecto al cuarto trimestre de 2019, justo antes de la pandemia.
Esto significa que hay más población empleada, pero están produciendo menos porque trabajan menos horas. "El empleo está más repartido, y los ERTE y las bajas médicas por covid tienen mucho que ver en esta situación", comentaba Infojobs al hilo de los datos de horas trabajadas de la EPA. "El desequilibrio entre el moderado crecimiento del PIB y el fuerte impulso del empleo indica una creciente pérdida de productividad" reconocían.
Pero en Randstad no solo observan este fenómeno. Otro factor que explicaría la "paradoja de la productividad" es que los empleados que están las mismas horas también producen menos por falta, por ejemplo, de clientela. "Hay sectores que tienen que incorporar la misma plantilla independientemente de cuál sea su volumen de facturación o de ocupación" señala Bote, que pone como ejemplo a un hotel, "donde tienes que tener siempre a un recepcionista o a un cocinero, aunque tengas la mitad de clientes. Y eso es lo que está pasando".
Algo similar sucede con los trabajadores autónomos, que aunque mantienen en la gran mayoría de los casos su afiliación, y por tanto se contabilizan en las cifras de empleo, han experimentado importantes caídas de la facturación, lo que reduce los niveles agregados de producción. Todas esas causas ayudan a explicar este fenómeno mientras echan por tierra el exacerbado triunfalismo del Gobierno.
Más maquillaje estadístico
El pasado lunes, el Ministerio de Trabajo publicó los últimos datos del paro de marzo que se saldaron con muchas sombras y unas pocas luces. Eso sí, como viene siendo habitual, en el departamento de Yolanda Díaz reinaba el optimismo. El número dos de la ministra de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, hasta llegó a calificar de "espectaculares" a las cifras de contratación indefinida.
En concreto, marzo terminó con 513.677 contratos indefinidos, la mayor cifra de toda la serie en cualquier mes, aunque la realidad es que este hito del que presume el Gobierno esconde un importante efecto maquillaje. Y es que, la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz ha prohibido el contrato por obra y servicio y ha encarecido los contratos temporales haciendo que muchos de ellos pasen a la modalidad de fijo-discontinuo, lo que supone un beneficio estadístico importante para el Gobierno, aunque no implica que esos empleados vayan a estar más tiempo trabajando que antes.
Así lo advertía también el director de Randstad Research. El experto ha vaticinado que estos nuevos contratos indefinidos no durarán mucho porque se comportarán como temporales, aunque en las estadísticas de Trabajo figuren como indefinidos. "Hay que recordar que, antes de la crisis del coronavirus, cuatro de cada diez contratos indefinidos no superaban el año. Esa era su mortalidad y ahora esperamos que duren menos. Los indefinidos se están usando para sustituir los contratos por obra y servicio, y cuando acabe la obra o el servicio, terminarán" ha pronosticado Bote.
Preguntado por este periódico por si temen que los nuevos contratos indefinidos duren lo mismo que los anteriores contratos temporales -ya que los empresarios están sustituyendo unos por otros- y se diluya su efecto, el número dos de Yolanda Díaz respondió que "un contrato indefinido está pensado para que dure lo máximo posible y no parece que las empresas vayan a usarlos para hacerlos concluir rápidamente o ser sustitutivos de la contratación temporal. No hay ningún motivo para entender que estos contratos indefinidos vayan a ser breves".
Pero lo cierto es que sí se está produciendo un claro trasvase de contratos. De los 513.677 contratos indefinidos que registró marzo, 106.002 fueron fijos discontinuos, o lo que es lo mismo, un 21% del total. Hay que recordar que, cuando no hay actividad, el empleado fijo-discontinuo no trabaja, por lo que la supuesta estabilidad laboral de la que estaría presumiendo el Gobierno tampoco sería tal.