La transición ecológica, los propios atascos de las ciudades y las nuevas formas de movilidad compartida han hecho que cada vez haya más vehículos de movilidad personal (VMP) por las calles y vías de las ciudades españolas. Los patinetes y bicicletas eléctricas han supuesto una gran alternativa a los desplazamientos en coche o en transporte público, pero también han abierto un nuevo escenario regulatorio en España y en Europa.
Así las cosas, la DGT ha publicado diferentes normativas para regular la velocidad máxima permitida, el tipo de vías por las que se pueden desplazar, la necesidad de usar protección como cascos y guantes y otro tipo de medidas. Sin embargo, ahora el Gobierno quiere dar un paso más y se está planteando instaurar un seguro obligatorio para las bicicletas eléctricas. Aunque el Ejecutivo se basa en una directiva europea sobre los seguros obligatorios, ese mismo texto excluye a las bicicletas. Algo que desde la Mesa Española de la Bicicleta (MEB) han utilizado para arremeter contra los planes del Gobierno.
"Desde el punto de vista jurídico, porque la Directiva no lo establece; al contrario, excluye que los Estados puedan añadir a estos vehículos en la ampliación del seguro obligatorio que solo hace referencia como vehículo a aquel accionado exclusivamente por una fuerza mecánica", comentan desde la MEB.
Además, desde la institución reclaman que este seguro sería "contraproducente" debido a que desde el punto de vista de la responsabilidad por daños causados por el ciclista, "existe en la mayoría de los casos la cobertura por el seguro del hogar, el colectivo suscrito por asociaciones ciclistas y por compañías de alquiler, lo que ofrece una cobertura a la inmensa mayoría de la población", argumentan.
Por el momento, desde el Ejecutivo han lanzado la consulta popular y estudian si se debería establecer o no este tipo de seguro para las bicicletas eléctricas y de establecerlo sería compatible con la normativa europea. "Implantar un seguro de cualquier tipo para las bicicletas de pedaleo asistido generaría una distorsión en el mercado común al ser el único país miembro de la UE que exige tal cobertura", sostienen desde la asociación.