Como un trilero que juega al engaño de los dados y los cubiletes, el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo que introducirá un tope al precio del gas con el que se producirá una rebaja en los precios de la energía, ocultando que el ahorro provocado por dicha vía se financia con subvenciones que terminarán repercutiendo por otro lado en el bolsillo de esos mismos consumidores a quienes se pretende ayudar.
Como ya advirtió Milton Friedman, nada es gratis. Las empresas productoras no van a producir gas a 50 euros el megavatio/hora, sino que seguirán asumiendo el coste real de generación y, bajo el marco propuesto por Pedro Sánchez, recibirán una subvención que cubra la diferencia. Por lo tanto, el precio no se reduce, sino que se traslada y enmascara, con ánimo propagandístico y sin efecto económico en términos agregados.
Al final, el coste de este espejismo lo soportarán los clientes de la tarifa de mercado libre, que a priori enfrentan solamente el precio fijo y no están a merced de variaciones y oscilaciones diarias, pero en la práctica van a ver cómo se encarece la parte fija de la factura, donde el epígrafe de las subvenciones volverá a experimentar un nuevo aumento.
Esta circunstancia recuerda lo ocurrido en los años de Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando se cultivó la ficción de que las ayudas a las renovables tenían un coste aparentemente moderado, una falacia que solo se pudo sostener a base de generar un enorme déficit que, en última instancia, llegó a situarse en el entorno de los 29.000 millones de euros.
De modo que, una vez más, el Gobierno no solo se olvida de replantear la fiscalidad de la factura de la luz, insistiendo en mantener una carga impositiva excesiva que encarece el pago final de los consumidores, sino que además ha optado por un parche que solo genera más confusión en el sistema, trasladando la falsa noción de que los costes se van a reducir cuando, en realidad, lo único que sucede es que se mueven de un epígrafe a otro.
Semejante planteamiento nos recuerda una vez más que la libertad de mercado brilla por su ausencia en el ámbito de la energía y, como consecuencia directa de ese intervencionismo exacerbado, los españoles pagan una factura cada vez más abultada que solo se explica por la insistencia en limitar artificialmente la oferta nuclear, subsidiar la producción renovable con 200.000 millones de euros de dinero público y mantener una presión fiscal inasumible. Pocos sectores están tan dirigidos y, como puede comprobar cualquier observador, el resultado directo de esa falta de libertad es el único posible cuando se suprimen las fuerzas del mercado: precios altos y competitividad menguante.