A finales de la presente década, el gasto público en Educación en España ascenderá al 3,3% del PIB. No lo decimos nosotros, sino el Gobierno. Y no en un documento cualquiera, sino en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-25 del Reino de España que la pasada semana envió a Bruselas.
Habrá algún lector que enarque una ceja. ¿Y qué? A primera vista, parece otra tabla más llena de cifras, algunas más creíbles que otras y sin demasiada importancia práctica. Al fin y al cabo, ¿qué relevancia se le puede dar a un documento que en la partida más grande, la de las pensiones, hace proyecciones de gasto basadas en un escenario normativo que ya no existe? Como explicábamos la semana pasada, el Gobierno ha mandado a Bruselas una proyección del gasto en pensiones que incluye el efecto de la ya derogada reforma de 2013.
Relevancia económica o como anticipo de lo que va a ocurrir, ninguna. Pero como documento político sí es de los más importantes que se publican cada año. Por eso, ese 3,3% del PIB es tan significativo. Porque habla del incumplimiento de un compromiso. El Gobierno está mintiendo. ¿A quién? A sus votantes o a la Comisión Europea o a los dos. Y no en algo menor, sino en aquello que asegura que más le importa, la educación pública. En el acuerdo entre PSOE y Podemos firmado tras las segundas elecciones de 2019, la promesa era la contraria, incrementar esta partida hasta el 5% del PIB. ¿Qué quiere hacer el Gobierno: subir la ratio gasto en educación sobre el PIB o bajarla? Porque dice una cosa y la contraria según quien le esté escuchando.
Demagogia
Las cuentas públicas son terreno abonado para la demagogia. Porque, sin el debido contexto, casi cualquier cifra puede llevar al lector a pensar en una realidad diferente a la que se esconde tras el dato. En esta línea, probablemente las cifras que suelen utilizarse de forma más torticera son las de gasto en relación al PIB.
Cuando uno lee "la Región A es la que menos gasta en Sanidad sobre el PIB", lo primero que piensa es que el Gobierno de ese territorio no tiene ningún tipo de consideración para con sus ciudadanos. O que quiere desmantelar la sanidad pública. O que está recortando sin ton ni son. ¿Cuál es la explicación real? Pueden ser muchas. Quizás alguna de las tres mencionadas. Pero también puede deberse a que tiene una población mucho más joven que la media y no necesita tanto gasto sanitario; o tiene una densidad de población más elevada y con un hospital cubre las necesidades de medio millón de personas mientras que otra región necesita más hospitales para menos gente; o es más eficiente en cómo gasta y consigue mejores resultados con menos presupuesto.
Lo normal es que el Gobierno de esa región defienda las razones del segundo grupo mientras que la oposición le eche en cara los primeros argumentos. Es el juego político habitual y lo único que puede esperarse de los intervinientes es un mínimo de rigor.
Ahora sustituyan Región A por Madrid o imaginen una frase parecida para el período de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. ¿Qué habrían dicho? ¿Qué argumentos habría usado la prensa para describir algo así? ¿Qué contexto se habría ofrecido para explicar la cifra general?
Ahora pasemos al Programa de Estabilidad, al acuerdo para "una coalición progresista" que firmaron PSOE y Podemos, y a lo que los dos documentos dicen sobre Educación:
- El punto 2.1.10 del pacto que firmaron socialistas y morados para la investidura asegura: "Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios [de alumnos por profesor] en todos los niveles educativos"
Aquí no hay mucho margen para el error. Promesa clara y concreta. "5% del PIB en 2025".
¿Qué dice lo enviado a Bruselas hace unos días? Pues lo que puede verse en esta tabla, con las proyecciones del gasto asociado al envejecimiento entre 2019 y 2070. Sabemos que es mucho tiempo y mucho margen para el error. Por eso, nos quedaremos con las dos primeras columnas: 2019 y 2030. El Gobierno parte de un gasto en Educación del 3,6% del PIB antes de la pandemia y anticipa no ya un incremento menor que el necesario para llegar a ese 5% del que se hablaba en el pacto PSOE-Podemos... sino ¡un descenso de tres décimas hasta llegar al 3,3% del PIB al final de la década!
Podríamos pensar que la razón está en la fuente, ese Ageing Report 2021. Pero al final la clave está en si el Gobierno lo valida o no. Y lo hace. Esto es lo que dice al respecto: "El gasto en educación es el componente que muestra una menor variación a lo largo de la serie, reduciendo su peso en el período 2019-2070 en 0,4 pp. Este descenso viene causado fundamentalmente por el menor número de jóvenes proyectado para las próximas décadas como consecuencia de las bajas tasas de fertilidad en España".
Esto es muy lógico: si tienes menos niños, incluso aunque gastes lo mismo o algo más por alumno, la ratio gasto/PIB te puede caer. Pero imaginemos lo que dirían en Podemos si un Gobierno del PP publicara una proyección oficial de caída del gasto en educación de 3 décimas del PIB en una década.
Los 20.000 millones
En otro punto del documento (página 84) enviado a la Comisión, se incluye otra tabla, en este caso con la estructura de gasto por funciones según Contabilidad Nacional.
Cambian ligeramente las cifras (por ejemplo, 4,0% del PIB de gasto en 2019), pero la tendencia se mantiene. Primero vemos un incremento de la ratio en 2020 debido a la pandemia: como el PIB se desplomó, a igualdad de gasto sube la ratio. Pero a partir de 2021 comienza un descenso que devuelve este indicador al 4,1% del PIB en 2025. De nuevo, el Gobierno contradice su propio programa y sus promesas electorales.
¿Y cuánto suponen estas décimas de PIB? Este cálculo es más fácil. España cerró 2021 con un PIB ligeramente superior a los 1,2 billones de euros: un 1% del PIB son unos 12.000 millones de euros.
Por lo tanto, si no logramos el 5% de gasto en educación y nos quedamos en el 3,3% para 2030, habría una diferencia de 1,7 puntos, unos 20.000 millones de euros. Si miramos la tabla de contabilidad nacional y aceptamos ese 4,1% en 2025, entonces la diferencia es de sólo 10.000 millones.
En ese intervalo, entre 10.000 y 20.000 millones, se mueven las promesas incumplidas del Gobierno. Si mantiene su compromiso electoral, entonces estará mintiendo a Bruselas, a la que ha prometido controlar el déficit y tendrá que buscar partidas alternativas en las que recortar o nuevos impuestos que incrementar. Si le ha dicho la verdad a la Comisión y lo que es falso es lo que viene firmado en el pacto de legislatura, tendrá que explicar a sus votantes por qué lo hace precisamente en el capítulo que en teoría más quiere cuidar: la educación pública. No son cifras menores, ni esa explicación sería nada sencilla.