En menos de 24 horas, la Policía consiguió desalojar a los más de 200 okupas de ultraizquierda que este sábado habían tomado la antigua sede de UGT en la madrileña calle Hortaleza para denunciar la "especulación" del sindicato, al alquilar el edificio -que cuenta con protección patrimonial- a una empresa hotelera. Un "desahucio exprés" del que, sin embargo, no gozan los miles de ciudadanos anónimos que ven cómo los okupas les arrebatan sus casas y tardan años en recuperarlas, perdiendo no sólo miles de euros, sino, en muchos casos, hasta la salud.
"Ojalá nuestras casas fueran desalojadas tan rápido como la sede de UGT", señala Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Tras conocer lo sucedido, la organización ha emitido un comunicado alegrándose "de la rápida intervención judicial y policial", pero confiando en que "esta celeridad en la justicia se aplique, tanto a los evidentes delitos flagrantes de un caso con repercusión mediática, como a aquellos que no tienen repercusión ni cuentan con una organización sindical que les respalde".
Las víctimas recuerdan así que muchos casos "llegan a enconarse hasta pasados los tres años", lo que acaba destrozando la vida de muchas familias. Precisamente por eso, subrayan que "el derecho a la legítima propiedad es incuestionable, tanto para el sindicato como para el resto de las víctimas de la ocupación" y advierten de que las razones esgrimidas ahora por UGT -entidad que, en su día, defendió a capa y espada el decreto antidesahucios del Gobierno- son exactamente las mismas que ellos llevan años alegando para que la ley no les deje totalmente indefensos.
El agravio comparativo
Al ver cómo su antigua sede era okupada, el sindicato montó en cólera, señalando que se trataba de un agravio a todos los trabajadores de este país, puesto que el edificio "ha sido pagado y costeado con el sacrificio de millones de persones trabajadoras a través de sus cuotas". En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, insiste en que "el sacrificio de estos millones de trabajadores es equiparable al de miles de familias de clase media–baja, también trabajadores, que igualmente han visto ocupada su propiedad, ganada con el esfuerzo, trabajo y dedicación de toda una vida".
Especialmente llamativa es la defensa que el sindicato hace de su derecho a alquilar su antigua sede a una empresa hotelera. "UGT y su dirección tienen la potestad de decidir la gestión de su patrimonio como consideren oportuno", rezaba el comunicado de la organización presidida por Pepe Álvarez. "Esta potestad, sin embargo, no la pueden ejercer miles de familias que con las medidas del ‘escudo social’ del Gobierno han hecho que prevalezcan los derechos de quienes – siendo vulnerables o no- han cometido un delito de allanamiento o usurpación", recuerda la plataforma.
Con todo -y tras subrayar que la Unión General de Trabajadores nunca se ha posicionado explícitamente en contra de la okupación-, el colectivo confía en que, al haberla sufrido en sus propias carnes, los sindicalistas abran los ojos de una vez por todas. Así, les invitan a reunirse con ellos para "conocer de primera mano las consecuencias que la ocupación deriva sobre las familias de la plataforma en toda España" y, lo que es más importante, "buscar una postura común para luchar contra esta lacra".