¿Cómo afectan a los hogares españoles en riesgo de pobreza los impuestos y las prestaciones públicas? ¿En qué medida influyen la recaudación y el gasto en la situación económica de las familias más necesitadas? De esta cuestión se ocupa el último estudio publicado por Fedea, que lleva la firma de los profesores Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza, y Jorge Onrubia, de la Universidad Complutense de Madrid.
Las conclusiones que alcanza el estudio son interesantes, especialmente si tenemos en cuenta que, en términos internacionales, el modelo español de impuestos y gasto ha demostrado ser poco eficiente a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad, especialmente en aquellos periodos en los que el marco de política económica vigente ha sido predominantemente de izquierdas, fases en las que ambos indicadores se han deteriorado.
Entrando en materia, lo cierto es que el informe de Fedea encuentra que las prestaciones sociales representan casi el 89% de la renta bruta equivalente de los hogares en riesgo de pobreza. Entre los hogares que superan dicho umbral, este porcentaje es casi tres veces menor. Desglosando las prestaciones, los servicios públicos que se ofrecen "en especie" tienen un peso algo más elevado que las ayudas monetarias. De hecho, según el estudio de López Laborda y Onrubia, la sanidad y la educación tienen el efecto de recortar en 6,7 puntos la tasa de pobreza, que cae del 21,1% al 14,4% como resultado de estos servicios.
Resulta interesante comprobar que los impuestos, que restan un 35,4% de renta al hogar medio, resultan aún más duros para las familias pobres, que pierden por este camino el 38,3% de sus ingresos brutos. En el caso de los impuestos indirectos (IVA, Especiales, Hidrocarburos…), su peso sobre los ingresos de las familias pobres asciende al 41,3%, frente a la media del 20,8% para el conjunto de los demás hogares. Estos datos deberían invitar al gobierno de Pedro Sánchez a bajar impuestos reduciendo gasto ineficiente y repercutiendo toda la subida recaudatoria que provoca la inflación, pero el Ejecutivo de PSOE y Podemos se niega a reducir los impuestos, contribuyendo así a apuntalar la pobreza en un contexto de elevadísima inflación.
Aún así, cuando se mide lo que suponen las prestaciones en comparación con los impuestos, podemos comprobar que el resultado es positivo para las familias de menos ingresos, que obtienen por esta vía el 50,5% de su renta bruta. Lo llamativo, eso sí, es que para el conjunto de las demás familias este saldo es negativo (-1,8%).
De acuerdo con el estudio de Fedea, los hogares en riesgo de pobreza más favorecidos por la intervención pública a través de impuestos y prestaciones son los formados por personas mayores de 65 años y los sustentados por un pensionista. En cambio, los menos beneficiados son los sustentados por una persona menor de 30 años y los que tienen a un autónomo como principal generador de rentas.