Entre 2021 y 2023, el gobierno de España recibirá la friolera de 72.000 millones de euros procedentes del fondo de "rescate" aprobado por la Unión Europea para lidiar con la crisis económica del coronavirus. Sobre el papel, el fin de estos recursos es impulsar el crecimiento potencial a base de desarrollar sectores de futuro. Sin embargo, un análisis del alcance práctico del programa revela la verdadera naturaleza de los desembolsos que se están aprobando.
A nivel nacional, el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto ha decidido reservar 162.000 euros de estos fondos para la realización de una encuesta. En la misma línea, el Ministerio de Cultura que encabeza Miquel Iceta está desplegando recursos comunitarios para financiar charlas de feminismo sindicalista.
Lo mismo ocurre si bajamos al terreno autonómico y nos fijamos en los proyectos aprobados por los gobernantes regionales. En Asturias, el gobierno de Adrián Barbón ha dedicado 140.000 euros a financiar "actividades acuáticas y de socorrismo". Y en Extremadura, el gabinete de Fernández Vara ha reservado 33.000 euros a comprar un nuevo coche oficial.
El caso navarro
Especialmente sangrante es todo lo que está haciendo la Comunidad de Foral de Navarra. El Ejecutivo foral de María Chivite ha puesto en marcha una licitación de 383.000 euros para "modernizar seis espacios de artes escénicas y musicales". Próximamente se anuncia otra adjudicación de similares características que destinará otros 290.000 euros a este mismo propósito. El sector cultural, siempre regado de subvenciones por los gobiernos de la izquierda.
De igual modo, el gobierno de Chivite va a disponer de 45,7 millones de fondos europeos para impulsar sus "Planes de Sostenibilidad Turística en Destino". Esta ingente cantidad de dinero se dedicará a proyectos que ayuden a "mejorar la experiencia de los visitantes y también de los residentes", con ánimo de hacer que Navarra sea "un referente europeo de desarrollo sostenible".
Un ejemplo del tipo de proyectos que se financian con este tipo de programas lo tenemos en el convenio de 5,5 millones de euros con el que se pretende "desarrollar un nuevo modelo turístico" en Pamplona, por supuesto basando todo "en la sostenibilidad medioambiental y la economía circular". El dinero movilizado irá a "fomentar el cicloturismo", "mejorar los drenajes urbanos sostenibles", "desarrollar el ecoturismo urbano y la ciudad circular", "favorecer la caminabilidad" o "apostar por unos Sanfermines sostenibles". Estas actuaciones son similares a las que también se van a desarrollar en las áreas rurales de Navarra y que supondrán otros 10,9 millones de euros de gasto financiado por Europa.
Este tipo de gastos también aparecen como una constante en las obras urbanas que se están anunciado con cargo al dinero llegado de Bruselas. Por ejemplo, el gobierno de Navarra transferirá al Ayuntamiento de Pamplona unos 386.986 euros para desarrollar la ampliación del carril bici que conecta la calle Julián Gayarre con el entorno de la Universidad Pública de Navarra.
Y así hasta llegar a los 364,8 millones de euros que ya ha puesto en marcha el gobierno foral, que han sido articulados en torno a 97 proyectos sobre los cuales se cierne la sombra del despilfarro, el gasto improductivo y las redes clientelas.