Nada más anunciarse el plan de "rescate" europeo contra la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, los socios comunitarios que tienden a ser más responsables en materia de estabilidad presupuestaria comunicaron sus miedos ante el despilfarro de recursos que podría ocurrir en otras demarcaciones del Viejo Continente donde el rigor fiscal brilla por su ausencia.
Por supuesto, desde el gobierno de España se insistió en que los fondos del programa Next Generation EU serían empleados de forma sensata, promoviendo la "resiliencia" económica y avanzando hacia la "descarbonización" y la "digitalización", con un enfoque "sostenible" de alcance transversal.
Los socios europeos no se fiaron del todo y exigieron algunas garantías adicionales, pero lo cierto es que la configuración definitiva del "rescate" sigue estando marcada por la misma falta de supervisión que ya vimos en la Gran Recesión, cuando los gobiernos de países como Grecia despilfarraron alegremente los fondos que llegaron de Bruselas y se abstuvieron de aplicar las reformas prometidas.
En este sentido, no es ningún secreto que el primer año de despliegue de los 72.000 millones asociados al rimbombante Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno de Pedro Sánchez se ha saldado con todo tipo de escándalos de despilfarro y gasto clientelar.
En este sentido, la escasa ejecución de los gastos asociados al programa se ha convertido en una realidad difícil de interpretar, en la medida en que, a priori, refleja una franca incompetencia en materia de gestión que deberíamos censurar pero, al mismo tiempo, ofrece una vana esperanza de que sea preciso posponer y hasta evitar algunos de estos dispendios tan indeseables.
Una ejecución ínfima
Los datos son los que son. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Ejecutivo de PSOE y Podemos, había anunciado que, a pesar del fiasco del año 2021, la Administración Sánchez se comprometía a desplegar los fondos europeos "a velocidad de crucero" a lo largo del presente ejercicio 2022. Sin embargo, las Estadísticas de Ejecución Presupuestaria que publica la Intervención General de la Administración del Estado apuntan que, de enero a abril, solo se han desembolsado cerca de 1.600 millones, que suponen menos del 6% de los desembolsos previstos para todo el año 2022.
Se repite, pues, la película del pasado año 2021, cuando los presupuestos anunciaban un gasto de 24.000 millones asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero los pagos que se hicieron durante todo el ejercicio se quedaron en torno a 11.000 millones, de los cuales una parte muy importante no llegó a las empresas, haciendo que el efecto sobre la economía real fuese casi inapreciable.
Así, mientras leemos grandes titulares, como los 12.000 millones para fabricar chips o los 300 millones que irán a estudiar el ruido de las carreteras, lo cierto es que los desembolsos efectivamente materializados están muy por debajo de estas cifras comunicadas por la propaganda oficial, como explicó Libre Mercado al evaluar las líneas de gasto asociadas al vehículo eléctrico, donde solo se han materializado 40 de los 4.000 millones prometidos. Y probablemente es una buena noticia que así sea, porque por ese camino se puede moderar el despilfarro asociado al "rescate" europeo.
Pero no nos engañemos: aunque esto es preferible a un despilfarro generalizado, el gobierno de Sánchez no dejará escapar estos recursos y, si la ejecución del gasto se sigue atascando, probablemente acudirá a todo tipo de tretas, como por ejemplo el traslado de estos fondos en el tiempo, dilatando los plazos de ejecución del "rescate".