El sector de las VTC tiembla porque se acerca la fecha para que entre en vigor el conocido como decreto Ábalos. Con esta normativa, el Ministerio de Fomento, que en 2018 dirigía José Luis Ábalos, estableció la prohibición de operar dentro de las ciudades a empresas como Uber o Cabify si su comunidad autónoma no regulaba su actividad antes del 1 de octubre de 2022.
Así zanjaba Ábalos la guerra del taxi que entonces colapsó las calles y desató el caos circulatorio en las principales ciudades de España. El ex ministro se lavaba las manos cediendo a las CCAA el poder de vetar a las VTC en un plazo de cuatro años y que ahora está a punto de concluir.
La cuenta atrás ya ha empezado, y entre las empresas y los conductores de estos vehículos reina la incertidumbre debido a que la mayoría de las autonomías no tienen decidido todavía qué futuro les va a deparar. Sin embargo, hay una excepción: la Comunidad de Madrid.
Madrid vs Cataluña
La región de Isabel Díaz Ayuso ha sido el primer territorio en permitir a las VTC seguir trabajando partir de octubre, lo que pone fin a la inseguridad jurídica de las más de 8.000 licencias que operan en la región, según los datos del sector. Eso sí, aunque les ha enfadado la decisión del Gobierno autonómico, los taxis continuarán disfrutando en Madrid de algunos privilegios, como sus paradas específicas o que el número de licencias VTC continúe limitado.
Frente a la apuesta de Madrid por la supervivencia del sector, ayer martes, el Gobierno catalán optó por la decisión contraria: imponer unas barreras muy estrictas para que las VTC sigan generando dinero en su territorio.
Entre los requisitos de la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo regional con el apoyo del PSC está que los vehículos tengan una la etiqueta ECO o Cero, pero también hay otras imposiciones que carecen de toda lógica, ya que obligan a que los coches tengan un tamaño mínimo de 4,90 metros, una longitud que solo cumplen los vehículos de gama alta o las furgonetas.
"Son restricciones que no aportan ningún beneficio al interés general de la ciudad ni del ciudadano. Se trata, pues, de un requisito oxímoron, ya que los vehículos menos contaminantes (ECO o Cero) suelen contar con un tamaño menor, precisamente para ser más eficientes debido a un menor peso y tener un menor consumo. Como muestra de la dificultad para adaptar la operativa a la regulación, actualmente, más del 70% de los coches conectados a la plataforma de Cabify en Barcelona son ECO o Cero. Sin embargo, menos del 1% de estos vehículos mide más de 4,90 metros" denuncia Cabify, que considera que estas desproporcionadas restricciones condenan a la desaparición a los vehículos de alquiler con conductor.
De hecho, Cataluña ya es uno de los territorios de España que más limitaciones pone a las VTC para favorecer al taxi, ya que exige que pasen 15 minutos entre que se contrata el servicio y recogen al cliente. Esta condición hizo que Uber abandonara Cataluña en 2019. Casualmente, el viernes pasado la firma había decidido volver a Barcelona trabajando con 200 vehículos que no son de su propiedad. La decisión del Ejecutivo catalán les ha caído como un jarro de agua fría.
En la misma línea que Cabify han ido la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (Feneval) y Unauto, la patronal del sector, que han denunciado la intención de la norma catalana de poner "la soga al cuello al sector de las VTC". También han alertado sobre "la destrucción de más de 3.000 empleos y el aumento de los precios del transporte urbano", mientras la Generalidad "eleva a perfiles radicales de taxistas a la categoría de mártires".
En Cataluña trabajan más de 2.500 VTC cuya viabilidad pende de un hilo, así como la de las más de 6.000 licencias del resto de España, cuyas CCAA todavía no han movido ficha para legislar, según alerta el sector.
De la violencia a la convivencia
La huelga de los taxistas en 2018 desencadenó uno de los episodios de mayor violencia en el sector que se recuerdan, con coches VTC vandalizados por taxistas radicales y hasta agresiones a conductores. Estos mismos conductores VTC, lejos de admitir la supuesta precariedad que le acusaban de sufrir, también defendieron a capa y espada su derecho al trabajo.
La llegada de estas plataformas tecnológicas a España han proporcionado al usuario la posibilidad de moverse por la ciudad en coche más nuevos y cuidados, con una mayor atención al cliente y a un precio más bajo. La competencia también ha favorecido que los taxistas mejoren su servicio. Ahora la convivencia de ambos modelos es total y hasta trabajan juntos, pero un nuevo conflicto amenaza con volver a remover las aguas.
