La Generalidad de Cataluña que preside el separatista Pere Aragonés ha anunciado con orgullo que acaba de "revisar el planeamiento urbanístico del litoral" y, como resultado de dicha evaluación, ha frenado el desarrollo de 46.800 viviendas ubicadas en una treintena de municipios. Según el gobierno regional, esto ayudará a "garantizar una costa de calidad y a conseguir un modelo urbano sostenible y competitivo".
En total, las unidades proyectadas en dichas áreas de la región ascendían a 106.000. Sin embargo, el 44% de estos proyectos han sido tumbados por la Dirección General de Ordenación del Territorio y el Urbanismo, cuyo responsable, Agustí Serra, ha dado una nueva vuelta de tuerca al proceso evaluador, al incorporar "criterios modernos de sostenibilidad".
¿Qué significa esto? En la práctica, que ya no basta con que los proyectos presentados respondan a la legalidad ordinaria, sino que ahora también se evalúan con un filtro adicional en el que la Generalidad habla explícitamente de "reducir el consumo de suelo, reducir las emisiones de CO2 y fomentar pueblos y ciudades más compactas y con variedad de usos", lo que contribuiría a "descarbonizar la movilidad, evitando perpetuar el modelo de urbanizaciones, que comporta desplazamientos innecesarios en vehículo privado".
Precios altos y oferta restringida
Evidentemente, en la medida en que se mantienen las restricciones regulatorias, la oferta de obra nueva se ve directamente afectada. Y, si hay menos casas disponibles en los mercados de compra-venta y alquiler, Como explicó Libre Mercado, el número medio de transmisiones anuales de obra nueva ha bajado de 20.000 a 5.000 a lo largo de los tres últimos lustros.
No solo eso: el stock de vivienda nueva sin vender se mantiene estable desde hace años, puesto que muchas de las promociones que siguen pendientes de encontrar comprador o arrendatario fueron desarrolladas en plena burbuja inmobiliaria y carecen de demanda real. Por tanto, esa bolsa de viviendas ya no aporta (casi) nada al mercado.
El desequilibrio resultante empuja al alza los precios. La brecha es tal que, por cada cuatro personas que quieren comprar, solo hay una que quiere vender. Evidentemente, esa insuficiente oferta contribuye a elevar los precios en aquellas zonas donde las diferencias son más acusadas. Y no ayuda, como es lógico, el criterio ultra-intervencionista de gobiernos como el catalán, que desborda los requisitos habituales y exige también criterios "verdes" con los cuales se acaba eliminando el 44% de la vivienda proyectada.
Buenas noticias… en Madrid
La cosa va mejor en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital de la región y del país, donde se han desbloqueado distintos proyectos que están llamados a sacar al mercado alrededor de 200.000 nuevas viviendas, lo que a su vez motivará una inversión de más de 30.000 millones de euros. Nada que ver con el obstruccionismo recurrente en la autonomía catalana o en su capital barcelonesa.
El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha concretado también una iniciativa público-privada conocida como Plan Vive con la cual se movilizarán 25.000 nuevas viviendas destinadas al mercado del alquiler y dirigidas preferentemente a los jóvenes, que se ahorrándotelas un promedio de 3.000 euros anuales por esta vía.