A finales de julio, el gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos sacó adelante la aprobación de dos nuevos impuestos que golpearán a las empresas energéticas y a la banca. El anuncio de la creación de ambos tributos corrió a cargo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se produjo en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación.
El think tank Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha sacado a la luz una nota muy crítica con esta decisión. Firmado por Ángel de la Fuente, uno de los economistas de más renombre de nuestro país, el comunicado del centro de estudios alerta de los múltiples problemas asociados a esta nueva maniobra fiscal del Ejecutivo, que ya ha impulsado 42 subidas de impuestos.
Para Fedea, "el principal problema del texto es la arbitrariedad de estas nuevas exacciones creadas ad hoc. Si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado, se sentarán dos precedentes muy preocupantes que permitirían a cualquier mayoría de gobierno asignar cargas de cuantía muy significativa sobre sectores o agentes específicos".
De la Fuente considera que la filosofía de fondo de ambas medidas persigue "interferir con el libre funcionamiento de empresas y mercados, para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto con independencia de las condiciones de mercado, que son las que determinan la incidencia real de los tributos en una economía no planificada".
Dos aspectos lamentables...
Partiendo de esa base, el comunicado de Fedea identifica dos elementos centrales en la argumentación del Ejecutivo: por un lado, generar un "pacto de rentas" para "redistribuir los costes de la inflación"; por otro lado, cargar las tintas sobre sectores que "se pueden ver más beneficiados por la escalada de precios a través de una mejora de sus márgenes". Ambos elementos aparecen en la exposición de motivos de la proposición de ley, que de hecho ocupa el grueso de la extensión del texto.
Sin embargo, como recalca De la Fuente, "en el momento en el que la proposición fue presentada, el llamado "pacto de rentas" no existía y ni siquiera se había hecho un esfuerzo medianamente creíble por empezar a negociarlo con los interlocutores sociales y la oposición. De hecho, así seguimos. No existe, por tanto, un amplio acuerdo social y político sobre el reparto de los costes de la crisis del que se derive la propuesta de ley. Más bien al contrario, la tentativa del Gobierno de imponer, unilateralmente y sin negociación previa, un determinado reparto de costes, arbitrariamente sesgado, además, en contra de dos sectores específicos, es lo más opuesto a la filosofía de un "pacto de rentas" que quepa imaginar y sólo puede dificultar su consecución".
Por otro lado, Fedea insiste en que "no se ofrecen razones mínimamente consistentes para apoyar la tesis de que los nuevos gravámenes no son exacciones arbitrarias sino contribuciones bien proporcionadas. En esencia, el único argumento que se aporta es que los grandes bancos y energéticas incluidos en el IBEX tienen ya "muchos beneficios" (unos 20.000 millones en 2021 en el primer caso y 9.000 en el segundo, según se dice), junto con la suposición, poco argumentada, de que es probable que estos tiendan a aumentar en un futuro próximo. El volumen total de beneficios, sin embargo, nos dice poco sobre si estos pueden considerarse o no "excesivos" o, al menos, atípicos. Si los ponemos en relación con el capital invertido, calculando la rentabilidad sobre recursos propios, vemos que ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021. De hecho, están claramente por delante de ellos otras ramas de actividad como la industria, el comercio y la hostelería, con rentabilidades en torno a dos puntos superiores, y más lejos aún el sector de información y comunicaciones, cuya rentabilidad más que duplica la de los sectores bancario y energético".
... y un elemento muy preocupante
Sobre la disposición de la propuesta que prohíbe la repercusión, directa o indirecta, del gravamen a los clientes de las empresas afectadas (y que encomienda a la CNMC, con la colaboración del Banco de España, la vigilancia de que se cumpla tal prohibición), Ángel de la Fuente recalca que esto "supone un atentado difícil de justificar contra la libertad de empresa, que está protegida constitucionalmente. Asegurarse de que el incremento en una partida específica de costes no se traslada es misión imposible, pero establecer la obligación de intentarlo puede abrir una peligrosa vía hacia la interferencia directa con decisiones empresariales en las que el gobierno no debería inmiscuirse".