La Seguridad Social perdió 189.963 afiliados a lo largo del mes de agosto, registrando el peor dato desde 2019, de acuerdo con los datos que ha publicado el gobierno. Sin embargo, si analizamos la pérdida de cotizantes registrada el último día del octavo mes del año, en vez de tomar como referencia el promedio mensual, encontramos una realidad aún más negra.
Así, como ha destacado la CEOE en un comunicado, las bajas registradas por la Seguridad Social durante el último día de agosto ascendieron a 409.429 puestos de trabajo destruidos. Se trata de la cifra más abultada desde el año 1982, hace cuarenta años. Así las cosas, el empresariado considera que las cifras del mercado laboral ya reflejan "la moderación de la actividad económica, que inevitablemente afectará al empleo".
No hay que olvidar que la tasa de paro asciende en España al 12,6%, mientras que el promedio registrado en la Unión Europea se sitúa en el 6,6%, un 50% por debajo. Ante este escenario, la CEOE advierte de la importancia de actuar "con prudencia" y recalcan que "la escalada de la inflación hasta niveles de dos dígitos está impactando de forma significativa en el bolsillo de los ciudadanos y en la producción de las empresas".
"Se asoma una importante crisis"
La organización que preside Antonio Garamendi recalca que "se está produciendo una mayor recaudación por impuestos, rúbrica que acabará el año en máximos históricos". CEOE lamenta que, pese a ello, "la Administración continúa planteando políticas de gasto que introducen más presión sobre la deuda pública, en un escenario de subida de tipos de interés, ahondando en la vulnerabilidad de la economía, al tiempo que se aumenta aún más la carga fiscal soportada por las empresas, como han denunciado también ante Europa los empresarios europeos, agrupados en Business Europe, a propósito de los nuevos tributos anunciados".
La patronal considera que "el Ejecutivo podría optar por dedicar los ingresos tributarios extraordinarios a dotar de más ayudas a los ciudadanos y al tejido productivo, es decir, a sostener la marcha de la economía y el empleo". Por ejemplo, ve aconsejable "aprovechar el mayor margen fiscal para reducir la factura del IRPF, en favor del bolsillo de los ciudadanos, así como la presión impositiva que soportan las empresas, por ejemplo con una reducción de las cotizaciones sociales".
El empresariado advierte de que, "como ya vaticinan algunos servicios de estudios, la economía española se asoma a una importante crisis, en la que la merma de la competitividad de las empresas y el estrechamiento de sus márgenes podrían desembocar en un deterioro aún mayor del empleo en el medio y largo plazo".
Además, CEOE señala que, si bien sigue "sentada en las mesas de negociación de nuevos convenios colectivos", no puede "asumir la exigencia sindical de ligar los salarios al IPC, algo que sería irresponsable y generaría efectos perversos en la inflación, con la llamada inflación de segunda ronda". Además, la patronal critica "los anuncios de nuevas subidas desmedidas del salario mínimo, que ya se ha incrementado un 35,9% desde 2018. Estos planteamientos bloquean las negociaciones y representan en la práctica una injerencia la negociación colectiva".
En respuesta directa a Yolanda Díaz, que ha comunicado su "respaldo explícito" al "otoño caliente" que anuncian UGT y CCOO, la entidad que preside Antonio Garamendi señala que "sería deseable generar desde las instituciones un entorno favorable a la consecución de acuerdos de manera que se evite la conflictividad social y no hacer declaraciones que favorezcan la crispación, que obviamente es perniciosa para la evolución de la economía, en general, y del empleo en particular".