El gobierno sigue hablando de la necesidad de adoptar en España un "pacto de rentas" que permita "distribuir" las cargas de la crisis inflacionista. De hecho, los grupos parlamentarios de las dos formaciones que integran el Ejecutivo, PSOE y Podemos, legisla como si tal acuerdo existiese, como se ha podido comprobar recientemente en la exposición de motivos de la proposición de ley mediante la cual se crean dos nuevos impuestos, uno aplicable a las eléctricas y otro a la banca.
Merece la pena desmontar el discurso del gobierno sobre esta cuestión, porque por mucho que se nos presente el "pacto de rentas" como una evidencia, hablamos (1) de una política que solo demanda el propio Ejecutivo, de espaldas a la oposición y el empresariado, (2) no va de la mano de la devolución de la recaudación extra conseguida por el gobierno con los fortísimos aumentos que están experimentando los precios, (3) quiere imponer subidas salariales desoyendo la negra evolución de la productividad y los beneficios y (4) ignora hasta qué punto el déficit que el gobierno está generando con dinero barato del BCE está exacerbando el problema.
El primer problema con el "pacto de rentas" es que no es una demanda generalizada y compartida por los actores que teóricamente deberían estar interesados en generar una coalición de este tipo. El gobierno empuja en esta dirección... y poco más. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, mantienen otro discurso, sin separarse del todo del Ejecutivo pero centrados en su particular "guerrilla" contra la patronal. En cambio, ni las principales fuerzas de la oposición (PP, Vox, Ciudadanos…) ni el empresariado (CEOE) se han posicionado a favor de este tipo de pacto. De modo que en absoluto puede decirse que este pacto sea algo deseado por quienes tienen que desearlo, de modo que más que de un pacto debería hablarse de una agenda gubernamental que se pretende imponer apelando a un inexistente consenso.
El segundo problema con el "pacto de rentas" consiste en que, mientras se pretende que el sector privado acuerde distintas formas de redistribuir la carga de la crisis inflacionista, el sector público está haciendo caja con la subida de los precios y no está devolviendo ese esfuerzo a los contribuyentes, que de hecho enfrentan decenas de subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente. De modo que, mientras se habla de repartir las cargas, el gobierno hace todo lo contrario y vuelca todo el impacto fiscal de la crisis inflacionista sobre el sector privado.
El tercer problema con el "pacto de rentas" es que se pretende imponer una agenda de subidas salariales totalmente ajena a los factores que deben regir su evolución. Así, se habla con alegría de subir los sueldos con arreglo al IPC, planteando un fortísimo encarecimiento de los costes laborales y desoyendo la evolución de factores clave para mejorar las retribuciones de los trabajadores, como son la productividad, que está bajando, y los resultados empresariales, que también se sitúan a la cola de Europa.
Y el cuarto problema con el "pacto de rentas" gira en torno a la exacerbación de la crisis inflacionista a través del gigantesco déficit público que nuestro país ha venido financiando a coste cero. Pedro Sánchez ha elevado el endeudamiento público en más de 300.000 millones de euros y, puesto que tales emisiones han sido, en la práctica, monetizadas por el Banco Central Europeo, la economía española se ha visto "dopada" con unos niveles de actividad artificiales.
Ese exceso de dinero choca con una producción real que no solo no ha crecido al mismo ritmo, sino que está por debajo de los niveles de actividad que tenía España antes de la pandemia. Y, como ya explicó hace siglos la Escuela de Salamanca y como luego precisó Milton Friedman, la mezcla de más dinero y menos producción solo puede traer subidas de precios.
De modo que no tiene ningún sentido que el pirómano que ha causado el incendio pida ahora sacrificios a quienes han sufrido sus consecuencias, es decir, a las empresas y trabajadores que se han visto directamente afectados por la crisis inflacionista que ha traído ese irresponsable nivel de gasto.