El bastión más radical del Gobierno ha puesto en la diana a los supermercados españoles. Yolanda Díaz o Alberto Garzón han encontrado en estas empresas el chivo expiatorio ideal al que cargarle la culpa de una inflación que está asfixiando a los consumidores del país. El pasado mes de agosto, el IPC se situó en el desorbitado 10,4%. Ya van tres meses consecutivos por encima de los dos dígitos.
Pero lejos de asumir algún tipo de responsabilidad gubernamental por la escalada de precios, el ala comunista del Ejecutivo pretende imponerle varios castigos a las compañías que comercializan los productos con los que los ciudadanos llenan sus neveras. La última ocurrencia de Yolanda Díaz es elaborar una lista negra de productos básicos para "topar" su precio, un eufemismo cada vez más utilizado por el Gobierno de Sánchez para intervenir los sectores económicos que considere oportunos.
El plan de Díaz consiste en "lograr un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de una cesta de productos básicos como el pan la leche, los huevos o la fruta". De esta idea surgen las primeras dudas: ¿Qué ocurrirá si los supermercados se niegan? ¿y si unos quieren y otros no? ¿serán forzados? Aunque son infinitas las dudas jurídicas que surgen a la hora de aplicar esta medida inspirada en el sistema de planificación central, la ministra considera que es "absolutamente legal". Cabe recordar que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo, por lo que, más allá de su cargo como vicepresidenta, su competencia en materia alimentaria es nula. Puede ser por esto, que la líder de Sumar haya elegido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, como aliado para implantar su idea.
Díaz asegura que elaborará con Garzón la lista de los 20 o 30 productos que serán víctimas de esta orquestada intervención que para ella es "absolutamente legal" y no vulnera "el derecho de la competencia", insiste. La ministra está tan convencida de que puede llevar a cabo la medida, que el próximo lunes ha concertado una reunión con Asedas (la patronal que aglutina a cadenas como Mercadona o Lidl), Anged (la que engloba a El Corte Inglés o Alcampo) y Aces (Carrefour o Alcampo) para conseguir su beneplácito. Hoy jueves, a petición de la propia Carrefour se reunirá antes con la cadena. La tensión entre las compañías es total.
La realidad de los supermercados
Y es que, a la ofensiva del Gobierno contra los supermercados se están sumando numerosos medios de comunicación y organizaciones de agricultores, lo que agrava todavía más la campaña de desprestigio de un sector con una amplia red de tiendas y que ofrece productos de calidad a un precio muy competitivo. El discurso de estos enemigos de las grandes superficies es siempre el mismo: las malvadas empresas se estarían forrando a costa de pagar muy poco al agricultor y aprovechando la inflación para incrementar los precios.
Fuentes del sector no dan crédito ante este ataque a un negocio que se caracteriza por tener unos márgenes de beneficios muy limitado. "Nuestros márgenes no llegan a los dos dígitos; son del 2% del 4%... ¡y nos acusan de estarnos enriqueciendo! Para ganar dinero en la distribución hay que vender muchísimo, pero ganamos muy poco por cada venta. Solo hay que conocer cómo funciona nuestro modelo de negocio, pero no interesa porque entonces no tendrían a quien culpar" aseguran.
En la misma línea va otra fuente del sector que explica que, de toda la cadena de valor de un alimento o producto, "el eslabón con márgenes más bajos es la distribución (el súper) porque basa su negocio en el volumen (se venden muchos productos de bajo valor). La enorme rotación de estos es lo que hace el negocio sostenible (rentable). No tenemos es un problema de márgenes, sino de costes por los altos precios de la energía, los carburantes y las materias primas", insisten.
Un sector muy competitivo
Un ejemplo que desmonta la teoría de que la inflación beneficia al supermercado lo tenemos en Mercadona, que cerró 2021 con un aumento de la facturación, pero con una caída de beneficios. En concreto, la cadena ganó 680,3 millones de euros el año pasado, lo que supone un descenso del 6,44% de los beneficios. Mercadona asegura que solo subió los precios un 2% de media el año pasado, aunque la inflación fuera superior. Evidentemente, la decisión de no incrementar más el precio no es una cuestión de caridad con el cliente, sino de que estamos ante un sector muy competitivo.
Nuestro país cuenta con una amplia red de establecimientos formada por más de 25.100 tiendas, entre supermercados, hipermercados, empresas internacionales, nacionales, franquicias y cooperativas. Esto supone que hay una tienda de distribución por cada 1.887 habitantes, según los datos de ASEDAS.
Por esta razón "en España, el consumidor se beneficia de una enorme capacidad de elegir, lo que se traduce en una gran competencia. En momentos como estos, los márgenes de las empresas de distribución se ajustan más que nunca porque, si no, los clientes, simplemente, cambian de acera y buscan otro establecimiento más barato", añaden otras fuentes.
¿Y por qué no bajar el IVA?
Además de su legalidad (si es forzoso el tope), son muchos los argumentos que auguran el fracaso de la lista negra de Yolanda Diaz, como su escasez, el encarecimiento de los productos sustitutivos o la dificultad de determinar qué categoría de productos están en la definición de pan o en la de arroz...
Sin embargo, una medida mucho más sencilla de aplicar, si de verdad lo que quiere el Gobierno es bajar de inmediato el precio de los alimentos, es rebajar el IVA. Esta, aunque sea de forma temporal, es una reivindicación del sector a la que el Ejecutivo de Sánchez hace caso omiso y hasta sus socios de gobierno optan por el camino contrario.
Podemos quiere un impuesto al supermercado
Porque la intervención de sus productos no es el único ataque que han sufrido los supermercados por parte de miembros cercanos a Podemos en los últimos meses. Ya en julio, la formación morada planteó endurecer diez puntos el Impuesto de Sociedades a estas compañías y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias.
La excusa de Podemos para justificar este hachazo fiscal es que los supermercados "se están beneficiando del aumento de la inflación mientras a las familias les cuesta llegar a fin de mes". Esto es falso. De hecho, si hay alguien que se beneficia de la inflación es el Estado y la prueba está en que Hacienda ha obtenido un récord histórico de recaudación.