Miguel Garrido es empresario y preside la patronal madrileña CEIM. Libre Mercado se ha entrevistado con él para pulsar su opinión sobre la compleja situación económica que atraviesa España y conocer sus propuestas de mejora.
¿Podemos decir que estamos en crisis? Técnicamente no hemos caído en recesión, pero los indicadores de actividad apuntan un manifiesto cambio a peor de las circunstancias económicas.
Hay que ser prudentes, no podemos generar más alarma de la debida. Lo cierto es que hay una preocupación que se basa en datos objetivos. Esos datos objetivos ponen de manifiesto que vienen meses complicados. Por tanto, debemos prepararnos y tomar medidas para aliviar la situación. No se puede negar que estamos en un momento delicado.
La crisis inflacionista está golpeando directamente a familias y empresas. Es la peor situación de los últimos cuarenta años. El gobierno liga la situación a la guerra, pero los precios llevan más de un año subiendo mes a mes.
Ya en el verano de 2021 empezamos a alertar del problema de costes que estaban enfrentando las empresas. Había problemas en el transporte, en las cadenas de suministro, en los precios de las materias primas… y aquello se iba a trasladar tarde o temprano a los precios. Nos resultó preocupante que, en septiembre del pasado año, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, diese por sentado que la inflación no subiría más y no duraría mucho. Intentando disfrazar las cosas no solucionamos los problemas.
Obviamente, si estalla una guerra como la que ha desatado la invasión rusa de Ucrania, la situación de los precios lógicamente va a ir a peor. Pero no nos engañemos: el IPC estaba en el 8% antes de que las tropas rusas entrasen en Ucrania. Por eso, más que preocuparnos por el relato hay que preocuparnos por la realidad, que es la que es.
El gobierno parecería estar desbordado. ¿Qué proponen desde el empresariado?
Miremos, por ejemplo, a nuestro país vecino, Portugal. Sus circunstancias geopolíticas no son tan diferentes de las españolas. Su modelo económico tampoco es radicalmente distinto al nuestro. Sin embargo, sus datos de inflación son mejores. Tenemos que fijarnos en este tipo de cosas, en vez de cruzar los brazos y pensar que no podemos hacer nada. Y en Portugal gobierna la izquierda, pero las medidas que toman son, por lo general, más tendentes a salvaguardar y potenciar la libre empresa.
¿Cuáles son las prioridades?
En un contexto como el actual, con la política monetaria diseñada de forma común para toda la Eurozona, tenemos que ser inteligentes y no podemos generar inflación a base de mantener un déficit excesivo como el que tenemos hoy. Hay que reducir el gasto superfluo y centrar los presupuestos en proteger a los más vulnerables. Si seguimos haciendo que circule más dinero público pagado con deuda, solo propiciamos que la inflación siga al alza.
Por otro lado, en vez de culpar al empresariado o intervenir los precios, deberíamos trabajar para liberalizar más los mercados y, de esa forma, favorecer un entorno de más competencia en el sector privado. Para contener los precios se necesita más mercado, no más regulación, no menos mercado.
El gobierno no solo no parece tener mucha fe en el mercado, sino que está interviniendo los precios de muchos sectores.
Ya en la pandemia se empezó a coquetear con este tipo de medidas, primero con las mascarillas o el gel hidroalcólico. Ahora ya lo vemos con todo: con la luz, con la vivienda, con el gas, con los alimentos… Estas restricciones no dan buenos resultados. Cuando los costes no son los que determina el mercado, se distorsiona enormemente el funcionamiento de la producción y los agentes económicos se ven engañados, al deformarse una señal tan importante como son los precios.
Pues ahora se habla abiertamente de fijar los precios de la alimentación…
Fijar precios en la alimentación es un disparate, incluso una ilegalidad, porque eso supondría que el gobierno da el visto bueno a una política que básicamente consiste en la cartelización de precios. Lo que necesitamos es todo lo contrario: favorecer la competencia, para que los supermercados se esfuercen por ofrecer precios más bajos, brindar ofertas más competitivas… De igual modo, me tiene perplejo que no se hable del peso de los aranceles en este sector, porque esos impuestos directos encarecen significativamente la importación de parte de los alimentos que luego compramos en las tiendas. Asimismo, no entiendo que no se aborden los costes regulatorios que enfrenta la distribución, por ejemplo por la fragmentación de la unidad de mercado.
Hablemos de los márgenes. Desde el gobierno dicen con la boca grande que las empresas están forrándose, aunque el número dos de Calviño ha reconocido que no es así, si bien lo ha dicho con la boca pequeña.
Los datos demuestran que eso es así, que los márgenes empresariales no han aumentado con esta crisis. Y, si hablamos de las cadenas de distribución, lo que sabemos es que sus ganancias se sitúan entre las más bajas de toda Europa. Eso es bueno para el consumidor, en la medida en que significa que tiene unos precios más competitivos, pero tampoco hablamos de una situación ideal, porque menos márgenes es también sinónimo de menos inversión, menos capacidad de seguir creando empleo o subiendo salarios, etc. Es incomprensible, en cualquier caso, que desde el gobierno se acuse a una industria de márgenes reducidos de tener unas ganancias abultadas, sabiendo como sabe el Ejecutivo que la realidad es toda la contraria.
Hay dinero en la caja, pero el gobierno se gasta todo el aumento de la recaudación. Si se empleasen esos recursos adicionales para bajar impuestos, ¿cuáles serían las medidas más acertadas?
Deflactar el IRPF es de justicia. Si de verdad el Estado quiere ayudar a las familias a superar esta situación tan delicada, entonces debe ajustar el impuesto y descontar del mismo el aumento de la inflación. Eso tendría un efecto inmediato, en términos de incentivos, y devolvería miles de millones a los contribuyentes, no porque hablemos de una bajada de impuestos, sino porque por esa vía se evita que suban más de lo debido, por efecto de la subida de los precios. Más allá del IRPF, habría que considerar rebajar el IVA de determinados productos, sobre todo de aquellos que son de mayor necesidad para la mayoría de las familias. Y, en este contexto, bonificar parte de las cotizaciones sociales ayudaría a aumentar los salarios y compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la escalada del IPC.
¿Madrid aguanta mejor la crisis?
Yo creo que, indudablemente, el modelo madrileño está demostrando ser más resistente ante una situación difícil como la actual. La región capta más inversión, crea más empresas, exhibe más dinamismo… como resultado de su apuesta firme por bajar impuestos, mejorar la regulación e incentivar la competencia y el emprendimiento. Ese clima de la libertad económica ayuda mucho a que la economía resista mejor las dificultades. Además, creo que Madrid tiene hoy una imagen muy positiva en toda España y en el resto del mundo, lo que resulta favorable para seguir atrayendo capital y generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Pero tenemos problemas y retos por delante, no podemos olvidarnos, por ejemplo, de que faltan trabajadores cualificados en algunos sectores, como tampoco podemos ignorar que el positivo aumento de la población activa está complicando al mismo tiempo la necesaria reducción del paro.
Por último, quiero preguntarle por los salarios. Desde el gobierno dicen que los empresarios deben subirlos más, mientras que los sindicatos piden aumentos del 10% en línea con el IPC. Además, ambos les acusan de congelar la firma de convenios colectivos.
Con una inflación de doble dígito, es lógico que los trabajadores se preocupen por la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, es un error cargar contra las empresas y acusar a los empresarios de lo que está ocurriendo. Como hemos comentado antes, las empresas no están aumentando sus márgenes y, además, están preservando el grueso del empleo, pese a la crisis y el aumento de los costes fiscales, laborales y regulatorios.
Mes a mes se cierran nuevos convenios colectivos, de modo que las patronales seguimos negociando y actualizando las condiciones de los trabajadores en el marco del diálogo social. Pero no es de recibo que se hable de indexar los salarios al IPC, eso supone la ruina para la economía, porque compromete directamente la viabilidad de las empresas y por esa vía se afecta a su supervivencia y, con ello, al mantenimiento del empleo.
El gobierno no puede cargar contra las empresas y decirnos que hagamos esfuerzos, porque los empresarios ya los estamos haciendo. Quien no lo hace es el gobierno, cuya recaudación aumenta como si fuesen beneficios caídos del cielo. Sin embargo, con esos ingresos no se aprueban rebajas del IRPF o de las cotizaciones sociales, lo que permitiría aumentar directamente la renta neta que perciben los asalariados. Es un error criminalizar a las empresas mientras se toman medidas que reducen, en vez de aumentar, los ingresos de los trabajadores.