El gobierno de España ha popularizado la idea de que la crisis inflacionista que sufre nuestro país requiere de un "pacto de rentas" que permita capear la situación a base de repartir esfuerzos entre empresas y trabajadores. Sin embargo, esta apuesta no solo no servirá para solucionar el problema, sino que incluso puede contribuir a agravarlo.
La inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Una cosa es que algunos bienes o servicios se encarezcan por circunstancias excepcionales de la producción y otra muy distinta que todos los precios evolucionan al alza, describiendo una subida generalizada. Cuando ocurre lo segundo, estamos ante la evidencia de que la masa monetaria en circulación ha aumentado demasiado en relación con las dinámicas productivas de la economía, cosa que sin duda está ocurriendo en Occidente después de años de intensas políticas de estímulo por parte de los bancos centrales.
Como explicó Libre Mercado, el tamaño del balance del Banco Central Europeo es hoy 240 veces más grande que al comienzo de la Eurozona. Esa tendencia expansiva se vio exacerbada al estallar la crisis del coronavirus, puesto que los gobiernos del Viejo Continente se lanzaron a inyectar dinero de nueva creación en la economía, dando pie a un previsible sobrecalentamiento que hoy pagamos en forma de más inflación.
Plantear ahora un "pacto de rentas" supone dos errores de partida: el primero es la mentalidad derrotista de tal enfoque, puesto que la propuesta parte de que estamos condenados a seguir sufriendo una inflación elevada y no hay solución a la misma, de modo que lo único que queda es redistribuir el golpe según indique el gobierno; el segundo es que la clave para contener la deriva inflacionista está en moderar los beneficios empresariales o los salarios, de modo que se deja a un lado la importancia de abordar aspectos mucho más importantes, como la reducción del déficit o la liberalización de los mercados, políticas de desinflación que sí pueden contribuir directamente a aliviar la situación.
Soluciones reales
Vayamos primero a la cuestión del déficit. En la medida en que el Banco Central Europeo está financiando las emisiones de deuda, el descuadre presupuestario en el que está incurriendo el gobierno de PSOE y Podemos se cubre con la entrada en nuestra economía de dinero de nueva creación que, por tanto, eleva la masa monetaria y empuja al alza la presión sobre los precios. Desde que gobierna Sánchez, la deuda pública se ha elevado en casi 300.000 millones de euros y, en la medida en que semejante despropósito se ha cubierto imprimiendo dinero, los precios se han terminado disparando. Así pues, el déficit es la correa transmisora que está alimentando el problema y, puesto que la política del BCE no depende de nosotros, la única respuesta sensata es embridar de una vez el déficit y dejar de incurrir en un endeudamiento sistemático.
Entremos ahora en la cuestión de la liberalización de los mercados. En comparación con el resto de Europa y la OCDE, España es un país con poca libertad económica. Estamos, de hecho, entre los países desarrollados con menor grado de flexibilidad y apertura en los mercados. Por tanto, la menor competencia, las mayores barreras de entrada, el mayor intervencionismo y la prevalencia de trabas regulatorias se traducen en una pérdida de eficiencia que también redunda en precios más altos y estructuras productivas menos competitivas. Con los impuestos lo vemos de forma clara, puesto que algunos de los bienes y servicios que más se han encarecido en los últimos años están onerosamente gravados por el fisco. Algo similar pasa con la hiperregulación, que ha llegado a tal punto que serían necesarios 458 días ininterrumpidos para leer todas las normas aprobadas el pasado año en España.
No hay que olvidar, además, que los Pactos de La Moncloa que ahora se invocan desde el gobierno no fueron efectivos a la hora de reducir la inflación, puesto que se conjugaron con una política económica equivocada y, por tanto, no contribuyeron a suavizar los precios. Para ser precisos, los acuerdos se cerraron en 1977, pero la inflación anual siguió en tasas de doble dígito durante toda la década siguiente, puesto que el elevado déficit siguió siendo monetizado por el Banco de España y la agenda de política económica siguió mirando a un lado ante la falta de libertad en los mercados. Por tanto, invocar aquel experimento parece especialmente equivocado, puesto que sus resultados no pueden considerarse satisfactorios.